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Curso: CDMX 7 de Septiembre de 2018. “Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad”.

Curso: CDMX 7 de Septiembre de 2018. “Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad”.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

“Nuestros cursos incluyen análisis de procedimientos en sede administrativa para acreditación de material y sentencias recientes en sede contenciosa, captadas por nuestra oficina de oficinas ubicadas en: Acapulco, Cancún y Puebla, así como agravios de última generación”.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del CFF (Análisis a fondo)
a) .- Supuestos de aplicación.
b) .- Formalidades que deben colmar la autoridad.
c) .- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d) .- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e) .- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a) .- Adecuada atención del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas. 
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

3.- Si soy EDO (a) publicado en lista negra definitiva:
a) .- Atención al inicio del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas.
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a) .- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT ha llegado al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b) .- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente está citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para defenderse).
c) .- Alternativas y soluciones para una toma de decisiones adecuada.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del CFF
a) .- Análisis de los requisitos de las especificaciones que utilizan la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos fiscales, en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b) .- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos financiados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c) .- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del CFF, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

LA UNICA FORMA DE ASEGURAR SU LUGAR ES REALIZANDO SU DEPOSITO.

Fecha 7 de Septiembre de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 03:00 PM a las 8:00 PM.

Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx  . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

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Publicado por en 9 agosto, 2018 en Sin categoría

 

¡Atención Contribuyente ya cuenta con una nueva herramienta en la Defensa Fiscal! La figura AMICUS CURIAE”

¡Atención Contribuyente ya cuenta con una nueva herramienta en la Defensa Fiscal! La figura AMICUS CURIAE”

37312674_2030240026995832_2954100144234037248_nAcompáñenos en nuestro próximo curso el 27 de julio de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.    Correo: ifa@live.com.mx    . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

La reforma constitucional en derechos humanos sufrida en el año de 2011, ha empezado a dar sus primeros frutos en materia fiscal en nuestro país, haciendo renacer ante los órganos encargados de administrar justicia fiscal y administrativa en México la figura AMICUS CURIAE o amigos de la corte o del tribunal por su traducción en latín.

Señalo renacer en nuestro país, ya que hasta hace poco constituía una institución jurídica utilizada, principalmente, en el ámbito del derecho internacional, mediante la cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia social.

Sin embargo, recientemente se ha iniciado el dictado de criterios que hacen viable la utilización de esta figura en nuestro país, pero sobre todo a la materia fiscal, como el siguiente criterio que le adjunto:

Época: Décima Época, Registro: 2016906, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.A.8 K (10a.), Página: 2412.

AMICUS CURIAE. SUSTENTO NORMATIVO DEL ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES RELATIVAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. La figura del amicus curiae o amigos de la corte o del tribunal, por su traducción del latín, es una función jurídica utilizada, principalmente, en el ámbito del derecho internacional, mediante la cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover voluntariamente una pregunta técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia social.Así, aunque esta institución no está expresamente regulada en el sistema jurídico mexicano, el análisis y la consideración de las representaciones por los órganos jurisdiccionales se sustenta en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 23, numeral 1, inciso a),

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 37/2017. Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC 22 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto.

Nota: El Acuerdo General Número 2/2008, de diez de marzo de mil ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se establecen los lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con los asuntos cuyo tema se estime relevante , de interés jurídico o de importancia nacional citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1889.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Lo anterior abre una ventana de posibilidades en la defensa fiscal del contribuyente, ya que actualmente existen análisis sobre determinado tema o aplicación de la Ley en favor del contribuyente (fondo-forma, impuestos, rechazo de deducciones o acreditamientos), que no necesariamente es compartido por la autoridad fiscal, esta figura bien utilizada puede generar beneficios al contribuyente debidamente asesorado, cuando es objeto de facultades de comprobación (auditorias) y con motivo de ello, le determinan créditos fiscales a cargo. Suscríbase a nuestro blog:  https://blogifa.wordpress.com/ , síganos y el acceso directo a su correo electrónico la información que genera, también puede hacerme clic en Facebook Facebook   Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”  consultas y asesoría sobre el tema puede realizar en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
  • Socio Director de Inteligencia Fiscal Aplicada SC
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Publicado por en 17 julio, 2018 en Sin categoría

 

¡Defensa Fiscal Articulo del 69-B C.F.F. Operaciones Simuladas o Inexistentes! “Extinción”

¡Defensa Fiscal Articulo del 69-B C.F.F. Operaciones Simuladas o Inexistentes! “Extinción”

36285152_10209356052858400_437644969755279360_nAcompáñenos en nuestro próximo curso el 27 de julio de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.   Correo: ifa@live.com.mx   . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y la regla 1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, establece que la autoridad fiscal cuenta con un plazo de 30 días posteriores a la notificación de la resolución definitiva al contribuyente, para publicar el listado (Lista Negra) en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Por tanto, recientemente el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito vía tesis que se publicó el 13 de julio de 2018, determinó que emitir la resolución correspondiente y notificarla, (la del 3er párrafo del artículo 69-b C.F.F.) se traduce en una formalidad o limitación temporal para realizar dichas actuaciones.

Por tanto, si la autoridad no emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento señalado, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que el contribuyente aportó la información o documentación para desvirtuar los hechos que lo originaron, se extingue su facultad para hacerlo, por lo que ésta no podrá declarar inexistentes las operaciones, con independencia de que esa consecuencia jurídica no esté prevista expresamente en la ley, pues ello no implica que la autoridad pueda actuar en cualquier tiempo.

Lo anterior se apoyó en el siguiente criterio:

Época: Décima Época, Registro: 2017453, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de julio de 2018 10:20 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: XXX.3o.2 A (10a.)

PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APORTÓ LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO. El artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y la regla 1.4., último párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 establecen el plazo para que en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, por falta de respaldo de los comprobantes fiscales que emite el contribuyente, la autoridad pueda analizar las pruebas y defensas, emitir la resolución correspondiente y notificarla, el cual se traduce en una formalidad o limitación temporal para realizar dichas actuaciones. Por tanto, si la autoridad no emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento señalado, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que el contribuyente aportó la información o documentación para desvirtuar los hechos que lo originaron, se extingue su facultad para hacerlo, por lo que ésta no podrá declarar inexistentes las operaciones, con independencia de que esa consecuencia jurídica no esté prevista expresamente en la ley, pues ello no implica que la autoridad pueda actuar en cualquier tiempo, sino que debe atenderse al derecho fundamental de seguridad jurídica para declarar la preclusión, a fin de evitar que quede al arbitrio de aquélla la conclusión del procedimiento iniciado unilateralmente contra el particular y no afectar dicha prerrogativa con el incumplimiento de la autoridad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 150/2018. Versori, S.A. de C.V. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Víctor Cisneros Castillo.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Sentado lo anterior, debe recordarse que este argumento podrá hacerse valer en los procedimientos que no correspondan al ámbito de aplicación de la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicada en el DOF el 25 de Junio de 2018. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Publicado por en 14 julio, 2018 en Sin categoría

 

Carta invitación en Operaciones Simuladas Artículo 69-B C.F.F. Ilegal que el SAT las utilice para desplegar cobro persuasivo.

Carta invitación en Operaciones Simuladas Artículo 69-B C.F.F. Ilegal que el SAT las utilice para desplegar cobro persuasivo.

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Acompáñenos en nuestro próximo curso el 7 de Septiembre ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx  . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

  • Cuando se está determinado, se encuentran los medios.
  • George Clason

 

El 5to párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, establece que las Empresas que Dedujeron Operaciones Simuladas (EDOS), cuenta con un único plazo de 30 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del contribuyente que haya sido incluido en la lista negra, conocido como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), para acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que se presumen simulados.

Sin embargo, de lo anterior no debe interpretarse que la sola inclusión de alguno de los proveedores de los EDOS en el listado definitivo de empresas que no desvirtuaron operaciones simuladas, previsto en el 4to párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, basta para restar el efecto automático de que al tercero le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades amparadas por los comprobantes respectivos; pues constituye un derecho fundamental de cualquier gobernado, el que los actos de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan el debido proceso, que comprende ser llamado al procedimiento respectivo a través de una notificación personal y directa.

Razonar lo contrario, conduciría a una interpretación excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder la oportunidad de acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que dentro de los listados definitivos que -en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración Tributaria, no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.

Lo anterior se apoya en el siguiente criterio que se transcribe:

2/2016/CTN/CS-SASEN (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 26/02/2016)

OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO DEL RECEPTOR DE LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF. La carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a regularizar su situación fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los comprobantes que le fueron expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), por no haber acreditado ante dicha autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes con su proveedor; en opinión de esta Procuraduría, no constituye el medio idóneo para desestimar las operaciones que el contribuyente receptor de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente publicado en el referido listado. Por tanto, esta Procuraduría considera que el que un contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto en el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF como emisor de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto automático de que al tercero le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades amparadas por los comprobantes respectivos; pues constituye un derecho fundamental de cualquier gobernado, el que los actos de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan el debido proceso, que comprende ser llamado al procedimiento respectivo a través de una notificación personal y directa. En ese sentido, si la autoridad fiscal pretende desconocer ciertas operaciones, debe ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el último párrafo del 69-B del CFF de manera directa con el tercero afectado, con el objeto de que éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga para acreditar la existencia de las operaciones, garantizando con ello su derecho de audiencia. Razonar lo contrario, conduciría a una interpretación excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder la oportunidad de acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que dentro de los listados definitivos que -en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración Tributaria, no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.

Como se ve la carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a regularizar su situación fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los comprobantes que le fueron expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), por no haber acreditado ante dicha autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes con su proveedor; no constituye el medio idóneo para desestimar las operaciones que el contribuyente receptor de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente publicado en el referido listado. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Publicado por en 7 julio, 2018 en Sin categoría

 

Estados de Cuenta Bancarios del Contribuyente. Viable excluirlos cuando la autoridad fiscal ejerce facultades de comprobación.

Estados de Cuenta Bancarios del Contribuyente. Viable excluirlos cuando la autoridad fiscal ejerce facultades de comprobación.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

“Nuestros cursos incluyen análisis de procedimientos en sede administrativa para la acreditación de materialidad y sentencias recientes en sede contenciosa, captadas por nuestra red de oficinas ubicadas en: Acapulco, Cancún y Puebla, así como agravios de última generación”.

Como parte de los instrumentos con los que cuenta la autoridad fiscal para vigilar el correcto cumplimiento de la declaración y entero de impuestos contemplados en las disposiciones fiscales, la autoridad fiscal de forma frecuente utiliza en la instrumentación de sus facultades de comprobación el allegarse de los estados de cuenta bancarios del contribuyente y cuando lo hace gira un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de valores, fundándose para hacerlo entre otros en el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para fines de la presente entrega debo señalar que el referido artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, actualmente se encuentra siendo objeto de un escrutinio constitucional, es decir, siendo analizado sobre si es constitucional o no, mientras eso sucede, existe actualmente la posibilidad en el caso de estar siendo objeto de facultades de comprobación, de las contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ejemplo de ellas “Visita Domiciliaria o Revisión de Gabinete”, de interponer amparo indirecto en su contra.

Esto se traduce en que, al interponer dicho medio de control constitucional, podrá obtener una suspensión que decrete que los estados de cuenta bancarios que la autoridad pretenda o haya obtenido vía oficio a la referida Comisión Nacional Bancaria y de valores, no podrán ser tomados en cuenta para la posible determinación de impuesto alguno, de tal suerte que puede utilizar esta herramienta en la defensa de su asunto previa valoración y análisis del mismo, ya que opera bajo ciertos casos y parámetros.

Lo anterior tiene sustento en el siguiente criterio que se le transcribe:

Época: Décima Época, Registro: 2017192, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Común), Tesis: PC.XV. J/30 A (10a.)

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA LLEVE A CABO TODAS SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, EXCEPTO EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE DECIDA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, HASTA EN TANTO SE DECIDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DICHO PRECEPTO. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, procede otorgar la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo siempre que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, y el quejoso solicita la suspensión de las consecuencias de su aplicación, para que los documentos e información obtenidos de sus cuentas bancarias no se consideren para definir su situación fiscal respecto del ejercicio fiscal 2011, procede otorgar dicha medida para el efecto de que la autoridad fiscalizadora lleve a cabo todas sus facultades de comprobación, entre ellas, las relativas a solicitar a las instituciones de crédito noticias o información respecto del contribuyente, ya sea directamente a la propia institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero sin que dicte la resolución definitiva en la que se determine la situación tributaria del contribuyente, hasta en tanto se decida sobre la constitucionalidad del artículo 142, fracción IV, pues con ello no se obstaculiza el ejercicio de las facultades de comprobación; lo que permite advertir que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que se protege la materia del juicio de amparo biinstancial.

PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 27/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 10 de abril de 2018. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Jorge Alberto Garza Chávez, Graciela M. Landa Durán, Gerardo Manuel Villar Castillo, Fabricio Fabio Villegas Estudillo, Inosencio del Prado Morales y Abel A. Narváez Solís. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretario: Laura Adame Galván.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la queja 198/2015, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 134/2016.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 27/2017, resuelta por el Pleno en Decimoquinto Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

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  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Deja un comentarioPublicado por  en 25 junio, 2018 en Sin categoría

EDOS en etapa presunta. Ilegal que la autoridad fiscal utilice la carta invitación para desplegar cobro persuasivo de las operaciones simuladas, inexistentes o artificiosas.

EDOS en etapa presunta. Ilegal que la autoridad fiscal utilice la carta invitación para desplegar cobro persuasivo de las operaciones simuladas, inexistentes o artificiosas.36285152_10209356052858400_437644969755279360_n

Acompáñenos en nuestro próximo curso el 27 de Julio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx  . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

  • Cuando se está determinado, se encuentran los medios.
  • George Clason

 

El 5to párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, establece que las Empresas que Dedujeron Operaciones Simuladas (EDOS), cuenta con un único plazo de 30 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del contribuyente que haya sido incluido en la lista negra, conocido como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), para acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que se presumen simulados.

Sin embargo, de lo anterior no debe interpretarse que la sola inclusión de alguno de los proveedores de los EDOS en el listado definitivo de empresas que no desvirtuaron operaciones simuladas, previsto en el 4to párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, basta para restar el efecto automático de que al tercero le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades amparadas por los comprobantes respectivos; pues constituye un derecho fundamental de cualquier gobernado, el que los actos de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan el debido proceso, que comprende ser llamado al procedimiento respectivo a través de una notificación personal y directa.

Razonar lo contrario, conduciría a una interpretación excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder la oportunidad de acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que dentro de los listados definitivos que -en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración Tributaria, no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.

Lo anterior se apoya en el siguiente criterio que se transcribe:

2/2016/CTN/CS-SASEN (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 26/02/2016)

OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO DEL RECEPTOR DE LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF. La carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a regularizar su situación fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los comprobantes que le fueron expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), por no haber acreditado ante dicha autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes con su proveedor; en opinión de esta Procuraduría, no constituye el medio idóneo para desestimar las operaciones que el contribuyente receptor de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente publicado en el referido listado. Por tanto, esta Procuraduría considera que el que un contribuyente quede incluido en forma definitiva en el listado previsto en el tercer párrafo del artículo 69-B del CFF como emisor de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, no debe ocasionar el efecto automático de que al tercero le sean desconocidas sus operaciones y, por ende, la deducción de las cantidades amparadas por los comprobantes respectivos; pues constituye un derecho fundamental de cualquier gobernado, el que los actos de autoridad destinados a privarle de algún derecho sigan el debido proceso, que comprende ser llamado al procedimiento respectivo a través de una notificación personal y directa. En ese sentido, si la autoridad fiscal pretende desconocer ciertas operaciones, debe ejercer las facultades de comprobación en términos de lo previsto en el último párrafo del 69-B del CFF de manera directa con el tercero afectado, con el objeto de que éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga para acreditar la existencia de las operaciones, garantizando con ello su derecho de audiencia. Razonar lo contrario, conduciría a una interpretación excesiva y desproporcionada de la norma legal, pues los terceros para no perder la oportunidad de acudir ante el llamado de la autoridad, tendrían que estar revisando permanentemente que dentro de los listados definitivos que -en términos del artículo 69-B- publique el Servicio de Administración Tributaria, no se incluya alguno de sus proveedores, no sólo respecto de sus operaciones realizadas dentro del ejercicio fiscal en curso, sino incluso de aquellas celebradas en ejercicios anteriores.

Como se ve a carta invitación a través de la cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a regularizar su situación fiscal, con el objeto de que elimine los efectos fiscales que en su momento dio a los comprobantes que le fueron expedidos por alguno de sus proveedores, cuyos datos fueron publicados en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), por no haber acreditado ante dicha autoridad que sí llevó a cabo las operaciones que se estimaron inexistentes con su proveedor; no constituye el medio idóneo para desestimar las operaciones que el contribuyente receptor de los comprobantes afirma sí llevó a cabo con el contribuyente publicado en el referido listado. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Deja un comentarioPublicado por  en 14 junio, 2018 en Sin categoría

Ilegal Cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD).

Ilegal Cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD).34811926_10209256528210346_2031744505689931776_n

“ULTIMOS LUGARES”

Acompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

  • La luciérnaga brilla cuando vuela, la mente también.
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El artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece como supuesto para que la autoridad fiscal proceda a la cancelación de los CSD, de un contribuyente, el que las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación tengan conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

Por su parte, el diverso 42 del mismo ordenamiento legal, prevé los diversos procedimientos mediante los cuales las autoridades fiscales ejercerán sus facultades de comprobación.

Por lo que para que se actualicen las hipótesis de cancelación de los CSD previstas en el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del CFF, en particular la consistente en “que la autoridad fiscal detecte que los comprobantes fiscales digitales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas”, es insuficiente con que la resolución determinante de la cancelación se sustente en el procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF, seguido y agotado en contra del contribuyente, sino que es necesario que dicha autoridad hubiere ejercido alguna de las facultades de comprobación reguladas por el diverso artículo 42 del mismo Código.

Lo anterior es así ya que el citado procedimiento es una facultad diversa a las de comprobación con que cuenta la autoridad, tan es así que, en su último párrafo, dispone que sólo en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal podrá determinar los créditos fiscales que correspondan y considerar como actos o contratos simulados a las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales.

Lo antes anotado, lo orienta el siguiente criterio que me permito transcribirle:

CRITERIO JURISDICCIONAL 28/2018 (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 20/04/2018) CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD). A JUICIO DEL ÓRGANO JUDICIAL NO SE ACTUALIZAN LAS HIPÓTESIS DE CANCELACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO C), DEL CFF, SI NO SE HA EJERCIDO ALGUNA DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN REGULADAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. El artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece como uno de los supuestos para que proceda la cancelación de los CSD, el que las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación tengan conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas y por su parte, el diverso 42 del mismo ordenamiento legal, prevé los diversos procedimientos mediante los cuales las autoridades fiscales ejercerán sus facultades de comprobación. En ese sentido, el Órgano Judicial consideró que para que se actualicen las hipótesis de cancelación de los CSD previstas en el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del CFF, en particular la consistente en “que la autoridad fiscal detecte que los comprobantes fiscales digitales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas”, no basta con que la resolución determinante de la cancelación se sustente en el procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF, seguido y agotado en contra del contribuyente, sino que es necesario que dicha autoridad hubiere ejercido alguna de las facultades de comprobación reguladas por el diverso artículo 42 del mismo Código, toda vez que el citado procedimiento es una facultad diversa a las de comprobación con que cuenta la autoridad, tan es así que en su último párrafo, dispone que sólo en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal podrá determinar los créditos fiscales que correspondan y considerar como actos o contratos simulados a las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales.

Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2017. Sentencia firme.

Relacionado con:

Criterio Sustantivo 13/2015/CTN/CS-SASEN “SELLO DIGITAL. CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO, EN FACULTADES DE COMPROBACIÓN.”

Criterio Sustantivo 17/2016/CTN/CS-SPDC “SELLO DIGITAL. DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO EN FACULTADES DE COMPROBACIÓN, ES ILEGAL BASADO EN EL HECHO DE QUE EL CONTRIBUYENTE AL QUE SE LE ATRIBUYE HABER DEDUCIDO OPERACIONES COMO SIMULADAS, SE UBICÓ EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF).”

Por lo antes anotado y en caso de encontrarse en este supuesto, podrá esgrimir este argumento de defensa para que se ordene levantar el desbloqueo vía juicio de nulidad. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 9 junio, 2018 en Sin categoría

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.El artículo 36 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 2 de abril de 2014, establece que, cuando la autoridad tenga conocimiento de la pérdida de la contabilidad del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, se encuentre obligada a recibirle una plazo para su reconstrucción, siendo omiso dicho artículo en señalar el plazo para hacerlo.

ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como poder comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el conocimiento del artículo 36 del Reglamento al rubro citado.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

Época: Décima Época, Registro: 2016916, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h, Materia (s): (Constitucional), Tesis: 2a. XXXIII / 2018 (10a.)

CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2014, QUE ESTABLECE SU RECONSTRUCCIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.La interpretación sistemática y armónica del precepto citado permite concluir que la ausencia de plazo para reconstruir la contabilidad, implica que cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se destruyó la contabilidad del contribuyente, por caso fortuito o fuerza mayor, y esté o no ejerciendo sus facultades de comprobación o gestión tributaria, debe conceder, caso por caso y mediante resolución debidamente fundada y motivada, un plazo razonable, que no podrá ser menor a cuatro meses, al contribuyente para reconstruirla mediante el método de concentración, ya que, de otra forma, éste no tendría los elementos mínimos para saber cuánto tiempo tiene para ese efecto, ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como resultado comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el entendimiento así del artículo 36 del Reglamento al rubro citado, no viola el derecho a la seguridad jurídica.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 4751/2017. Las Misiones Club Campestre, A.C. 22 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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Deja un comentarioPublicado por  en 3 junio, 2018 en Sin categoría

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El Primero el que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que reza que la Empresa que Dedujo Operaciones simuladas (EDOS), cuenta con un plazo de 30 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del contribuyente que haya sido incluido en la lista negra, para acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios en cuyo caso deberá estar en constate revisión del listado definitivo para acceder a este plazo.

El Segundo puede producirse cuando concluido el plazo de treinta días, que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, ha sido opinión de PRODECON, que tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad.

El Tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

OPERACIONES INEXISTENTES. DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF, NO SE DESPRENDE QUE PREVEA LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LOS RECEPTORES DE LOS CFDI PARA DEMOSTRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLAS. Del análisis del texto, hipótesis y consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones que se amparan en los CFDI. El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal. Sin embargo, en opinión de Prodecon, el no ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes. El segundo momento puede producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad. Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 7 mayo, 2018 en Sin categoría

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.30741722_1915673201785849_8760879294017699840_oAcompáñenos en nuestros próximos cursos  04 de Mayo de 2018 en Cancún y 18 de Mayo de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Fijo: 01 777 170 1474 Cel: 646 111 8168. WatsApp: +52 1 646 111 8168. Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades.

Por su parte, la Regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año.

Ahora de un análisis armónico del marco legal que se ocupa de regular la suspensión de actividades de las personas morales (artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, artículo 29, fracción V del Reglamento y regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018), encontramos que no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Código y el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar la temporalidad de dos años contenida en la regla 2.5.12 de la RMF-2018, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general,

Sirve de sustento para mi presente entrega el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

CRITERIO JURISDICCIONAL 48/2017 (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 23/06/2017) Página 115 de 141.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL LA RELATIVA A LAS PERSONAS MORALES NO ESTÁ LIMITADA A DOS AÑOS PRORROGABLES A UNO ADICIONAL. De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades. Por su parte, la Regla 2.5.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año. Ahora bien, a consideración del Órgano Judicial la citada regla excede lo que disponen tanto el CFF como su Reglamento al limitar la suspensión de actividades de las personas morales a dos años prorrogables por un año adicional y obligarlas a reanudar sus actividades o cancelar su registro, pues del análisis a los citados artículos 27 y 29, fracción V, no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar dicha temporalidad, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general, sobrepasando las disposiciones contenidas en un ordenamiento emanado de un proceso Legislativo.

Por tanto, debe tener presente que la multicitada regla 2.5.12 de la RMF-2018, viola el principio de subordinación jerárquica y el de reserva de ley, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

Apoya lo antes dicho, el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

VIII-P-SS-193

REGLA 2.5.14 DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.- De conformidad con los artículos 29, fracción V y 30, fracción IV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para efectos del artículo 27 del Código aludido, las personas físicas y morales están obligadas a presentar el aviso de suspensión de actividades, cuando estas interrumpan sus actividades económicas, liberando al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante la suspensión de sus actividades, excepto tratándose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades y cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a periodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades y que durante el periodo de la suspensión el contribuyente no queda relevado de prestar los demás avisos a que se refiere el artículo 29 del citado Reglamento, sin que dicho precepto normativo establezca plazo máximo alguno en el que deba permanecer en suspensión de actividades. Mientras que la Regla 2.5.14 en cuestión, dispone que la suspensión de actividades tendrá una duración por dos años, la cual podrá prorrogarse solo hasta en una ocasión por un año, obligando al contribuyente a que una vez fenecido dicho plazo, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes. Lo anterior, viola el principio de subordinación jerárquica, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

De ahí que de encontrarse en el supuesto de que la autoridad lo obligue una vez fenecido el plazo de 2 años, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes o en su caso lo reanude la autoridad y le imponga las medidas coercitivas respectivas (multas etc), podrá entablar una defensa exitosa en tribunales, por lo que aquí se le apunto.Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+51 1 646 111 8168.
Evento Organizado por IFA.

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Deja un comentarioPublicado por  en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.29386203_10208816960861437_1616275061969256448_oAcompáñenos en CDMX “. Fecha 19 de Abril de 2018. Curso “Curso Defensa Fiscal Vs Operaciones Simuladas”. Informes y Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Teléfonos: Fijo: 01 777 170 1474.
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  • El principio y elemento de las cosas es lo indefinido.
  • Anaximandro.

 

 

En el tema de Defensa Fiscal contra operaciones simuladas o inexistentes contenidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, actualmente existen agravios de forma y agravios de fondo que podemos hacer valer en tribunales para obtener una sentencia favorable a los intereses de nuestros asesorados, los primeros atienden mayormente a la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones y los segundos a la indebida valoración de las pruebas con las que se acredita que los bienes y servicios efectivamente se celebraron con el caudal probatorio que se exhibió ante la autoridad dentro del plazo que establece el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, a saber 15 días para los EFOS y de 30 días para los EDOS.

Por tanto, hoy se encuentra bajo el escrutinio de los especialistas una resolución jurisdiccional que guarda estrecha relación con uno de los agravios de forma que se hacen valer en tribunales, dado que en la práctica hemos obtenido sentencias favorables por esa razón, la cual fue dictada mediante sesión de 7 de febrero de 2018, por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió el amparo directo en revisión número 3827/2017, por el que se cuestionó el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, que se dirige al emisor del comprobante fiscal, en la parte que, en ese apartado no se establece plazo alguno a la autoridad fiscal para emitir resolución, ni mucho menos consecuencia alguna para el caso de ser omisa en hacerlo, por tanto se violaba en su perjuicio entre otros el principio de seguridad jurídica, lo que tornaba a dicha disposición legal, inconstitucional.

La porción normativa sujeta a análisis señala lo siguiente:

Artículo 69-B.

Tercer Párrafo: Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

 

De lo anterior, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyo que dicha porción normativa contrario a lo que sostenía el quejoso es constitucional y no viola el principio de seguridad jurídica, reconoció que en efecto no se establece plazo para dictar resolución pero que la falta de plazo para que la autoridad emita resolución en ese tipo de asuntos, se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco o diez años, en cuyo caso se extingue la facultad de la autoridad fiscal prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad citados.

Entre los argumentos vertidos por la 1ra Sala, encontramos los siguientes:

En efecto, del tercer párrafo del precepto en cuestión, sólo se advierte la previsión legislativa acerca de que (transcurrido el término para que el contribuyente para que desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió) la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de cinco días para valorar las pruebas y defensas hechas valer.

Como se puede observar de la lectura del precepto transcrito, únicamente está regulada la forma en que la autoridad deberá dar a conocer la resolución correspondiente, a saber por medio de buzón tributario, sin que para ello disponga un plazo para la propia emisión de la resolución ni para su notificación.

 

Ahora bien, si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, ni el plazo para su notificación, lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional, como se sostuvo con anterioridad, porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, dado que conforme al primer párrafo de dicho precepto, en el plazo de cinco o diez años, en su caso, se extingue la facultad de la autoridad fiscal para prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad señalados.

Lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es contrario a derecho y atenta directamente contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como apertura la posibilidad de entablar nuevos argumentos de defensa en el tema de operaciones simuladas o inexistentes de asuntos que se presenten en lo futuro, ya que esta pierde de vista al momento de resolver que en materia fiscal existe la figura de “CADUCIDAD GENERAL y CADUCIDAD ESPECIAL”, por tanto, la 1ra Sala en un yerro de su parte, trata de suplir los vicios de constitucionalidad que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con la figura de la “Caducidad General”, contenida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que en efecto como lo sostiene (prevé la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales).

Sin embargo, en los procedimientos especiales, como el que se encuentra contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la “Caducidad General”, se encuentra suspendida y debe ser relevada por la diversa figura de “Caducidad Especial”, para sostener mi análisis que le expongo, es imprescindible atender el siguiente criterio dictado sobre el tema:

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala, en el cuarto párrafo de su fracción IV, que el plazo establecido en dicho artículo para que opere la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar omisiones e imponer sanciones, no está sujeto a interrupción y que sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de la misma ley, o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio. En esta segunda hipótesis la suspensión opera con la sola interposición del medio de defensa, es decir, con independencia de lo que se resuelva en el recurso administrativo o juicio; ello, atendiendo a que la norma en comento no condiciona su actualización a lo que resuelva el órgano jurisdiccional. Por tal motivo, si la ley no distingue, no es dable hacerlo al juzgador y, en consecuencia, lo que debe corroborarse en los casos en que se alegue la suspensión del plazo de caducidad de las facultades legales de comprobación de las autoridades fiscales, será comprobar la existencia del medio de defensa y computar el término de cinco años excluyendo el tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. Lo anterior, en virtud de que la suspensión implica que el periodo transcurrido hasta antes de que acontezca el evento suspensor no se pierde sino que se acumula al que transcurra una vez extinguido el señalado evento.

En esa medida, es requisito indispensable que las normas que atribuyen facultades a las autoridades administrativas, limiten su marco de actuación, de tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no pueda ser producto de la actuación arbitraria de la autoridad, sino que se encuentre justificada por los hechos que rodean una determinada situación que advierte la autoridad administrativa y, por otra parte, que la medida contemplada en dichas normas sea proporcional con el fin que se busca, de tal manera que no sea excesiva, de ahí que la figura de “Caducidad Especial”, deba prevalecer en el artículo que se analiza, la cual no se contiene, en este contexto es posible desprender otros agravios que se podrán hacer valer en tribunales para defender estos asuntos en tribunales, los cuales ya estamos introduciendo en las demandas que interponemos en los asuntos que por este concepto manejamos en tribunales, así como los estaremos incluyendo como tema como parte de los cursos que impartimos sobre la Defensa Fiscal de Operaciones Simuladas o Inexistentes. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 2 marzo, 2018 en Sin categoría

La Materialidad de Operaciones Presuntamente Inexistentes o Simuladas, desde el punto de vista analítico.

 

“Somos Inteligencia Fiscal Aplicada S.C.”

Lic Tahua

 

Cuando hablamos de materialidad podemos entenderla como una cualidad que guarda las cosas o dicho de otra manera la ¨apariencia de las cosas¨.

Por lo que a través del presente estudio conceptualiza la Materialidad de las Operaciones conforme a lo indicado en la Autoridad Fiscal en sus diversas resoluciones. Segmentado de la siguiente manera:

  1. Presunción
  2. Soporte de operaciones
  3. Solicitud de información adicional
  4. Formalidades de las documentales presentadas
  5. Exigibilidad de la materialidad, falta de fundamentación
  6. Solicitud de información de proveedores.
  7. Facultad discrecional de la autoridad.

La presunción como el primer acto por parte de la Autoridad Fiscal, que consiste en determinar que sus operaciones son simuladas aunque cuenten con comprobantes que amparan lo contrario, asumiendo que los contribuyentes carecen de:

  • Activos, personales, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan cuentos comprobantes.

La simulación se ejemplifica cuando el contribuyente ha realizado operaciones, el derivado de la emisión de su correspondiente comprobante, a lo cual, la autoridad que presuntamente no cuenta con los requisitos que definimos anteriormente, o simplemente se encuentra en el supuesto de no localizados.

Dando paso a la segunda etapa referente al Soporte de Operaciones, donde la Autoridad requiere a los contribuyentes un respaldo de las actividades comerciales, que el alcalde de los casos que considera insuficientes las medidas aportadas, lo anterior a criterio de la autoridad, por Lo que es indispensable hacer notar que la acreditación de esta materialidad no se encuentra hasta el momento estipulado dentro del marco legal, aun así que en ocasiones la autoridad requiere al contribuyente de información adicional, sin notificación previa que el mismo bajo el supuesto del artículo multimuestrado 69-B, todo esto con fines de carencia de deducción o acreditamiento solicitado por el contribuyente.

El soporte de operaciones se acredita por el medio de los documentos aportados por las operaciones realizadas, las mismas que requieren ser tangibles que cumplen con los criterios que establece la autoridad fiscal, la autoridad fiscal solicita la manera desmedida una gran cantidad de información que no se encuentra en los diversos servicios de la empresa, servicios de entrega de productos de la empresa o de nuestros proveedores, entradas de almacén, currículum de prestadores de servicios, órdenes de compra, facturas, transferencias bancarias , entre otras. Que claramente cae en exceso de sus facultades y en ocasiones resulta poco viable el adquirir información detallada de nuestra empresa o de proveedores.

Por lo tanto, la autoridad en sus facultades de verificación también se requiere información adicional, con la finalidad de determinar si las operaciones fueron efectuadas, la solicitud de información por parte de la Autoridad Fiscal en todo momento debe estar apegada al principio de razonabilidad como lo menciona la siguiente tesis:

 TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

VII-CASR-SUE-4

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE REALIZA LAS AUTORIDADES FISCALES CON APOYO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.), DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.- Si bien conforme a la referencia jurisprudencia, de rubro “COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURIS-PRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)] “emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de julio de 2013, cuando las autoridades fiscales consideraron que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso,lo cierto es que dicho requerimiento debe efectuarse a la luz del principio de razonabilidad, entendiendo como información necesaria; Aquella que sea suficiente para lograr la finalidad que se pretende, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobierno. En esa medida, si la autoridad fiscal requiere un contribuyente fiscalizado, la información y documentación para un tercero para comprobar la existencia de sus operaciones fiscales, por ejemplo, cuando, el requisito para que exhiba los estados de cuenta de los terceros que le presuponen préstamos, que comprueban si los acreedores están disponibles de los recursos financieros suficientes para efectuarlos en la fecha en que están relacionados con la operación, o que comprendan la afectación o la disminución del patrimonio de los acreedores; es claro que dicho requerimiento resulta ilegal, por mensaje de información y documentación sobre el cual el contribuyente no puede estar disponible libremente . : Ademásconforme los artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que realizan las instituciones de crédito, es confidencial , por lo que las instituciones aludidas, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en cualquier caso, para recibir noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino únicamente al depósito, titular, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 898 / 13-15-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 10 de marzo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: César Edgar Sánchez Vázquez.- Secretario : Lic. Juan Alberto Canseco Pérez.

RTFJFA Séptima Época. Año IV. No. 34. Mayo 2014. p. 455

Situación que a todas luces no sucede de esta manera, lo anterior se adentra en la Solicitud de Información Adicional, como ya se mencionó en la prueba anterior, debe estar apegada al Principio de Razonabilidad, que no requiere la aplicación de este principio, otorga facultades desmedidas a la Autoridad.

Por Lo Que Una Vez Que la Autoridad Solicita Información, el contribuyente aportará SUS documentales Que acrediten la materialidad de Operaciones, Siendo insuficientes en la Mayoría de los Casos para la Autoridad, por Lo Que solicitará de nueva Cuenta Información de la Información ya presentada, Haciendo caer al contribuyente en un círculo vicioso que lo único que quiera, que el contribuyente llegue al punto de no cumplir con lo requerido por no estar en sus manos, o simplemente no sr actos propios.

Como un claro ejemplo tenemos la siguiente tesis que menciona:

TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VII-CASR-GO-18

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. LA AUTORIDAD fiscalizadora NO PUEDE requérir DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA QUE EL ESTABA OBLIGADO A contribuyente LLEVAR DE ACUERDO CON EL RÉGIMEN FISCAL ES QUE ES EL EJERCICIO TRIBUTABA REVISADO .- Si el Objeto de la Solicitud de Información y Documentación es verificar el Cumplimiento de las Obligaciones fiscales una cola el contribuyente this afecto y con anterioridad a la emisión de la Solicitud de Información y Documentación Que da inicio a las facultades de comprobación, la Autoridad no ha Determinado Que por El ejercicio Sujeto fiscal de una revisión de el contribuyente tributa en régimen ONU fiscal Que es realidad no le corresponde,es ilegal que en el caso de que se requiera información y documentación distinta a la que legalmente está obligado a llevarse a cabo durante el tiempo indicado que se encuentra inscrito.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14 / 798-13-01-03-06-OT.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de septiembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.

RTFJFA Séptima Época. Año V. No. 45. Abril 2015. p. 219

Esta Tesis nos muestra el claro ejemplo en que se establece un límite a la Autoridad que se refiere a la Solicitud de Información Desmedida, es difícil de creer que aún con estos antecedentes no existan, que es un alto al actuar de la Autoridad.

Con respecto al punto en el que se encuentran las formalidades de las pruebas documentales, donde en diversas ocasiones no se cumple con la información solicitada al contribuyente con la finalidad de acreditar las operaciones realizadas, la Autoridad exige que las probanzas se ubiquen protocolizadas ante notario, es decir invalida las documentales se presentan como contratos con proveedores por ninguna parte y antenas marítimas ante la fe de notario público o inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, representando una grave afectación para el contribuyente, ya que en ocasiones por las actividades comerciales diversas, no se requiere de una formalidad como la antes mencionada, dejando en un estado grave de indefensión al contribuyente ya que estas operaciones quedaran sin efectos fiscales.

Es oportuno mencionar que la Exigibilidad de la Materialidad, la misma que mencionó en nuestro punto número cinco, no se encuentra fundado bajo ningún artículo específico de Operaciones Simuladas, es decir, se encuentra ante una falta de fundamentación, lo anterior y lo que la autoridad fiscal debe fundar y argumentar el motivo por el cual el contribuyente debe contar con los activos que crea las cosas para las actividades que desarrolla, por lo que no será suficiente el criterio con base en su criterio el por qué no cuenta con lo necesario para desarrollar su objeto social. Hasta el momento no se ha definido cuáles son los activos, la infraestructura, los bienes, la capacidad y otros elementos con los que se deba contar una empresa para llevar a cabo un cierto número de operaciones, o simplemente algo que se debe comprar para vender una determinada cantidad.

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENO SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. ” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.”, respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, párrafo de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en su camino de respeto a la autoridad debe sujetar sus actos de molestia a supeditados, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que debe cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano puede constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de la autoridad competente y que se encuentran debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a la acción aprobada por la autoridad competente, en el marco de la adopción de la adopción en el título nacional de otra garantía primaria del derecho a la seguridad, denominado principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer eso para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto fundamento y motivación, la segunda parte del Tribunal de la definición definitiva, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicado en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOVACIÓN.”, Que por lo primero se entiende que ha expresado con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y por motivación, que también se debe tener que ver con precisión las circunstancias especiales, las características particulares o las causas inmediatas que se vieron afectadas por su emisión, siendo necesarias, además, que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas, que tengan el sentido primordial, que el beneficiario del destino el marco normativo en el que el acto de molestia surge y las causas de hecho consideradas para emitirlo, puede ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa versión de primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe presentar una postura dogmática, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; también se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como la entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuando los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Solicitud de información de proveedores, referente a este punto, se determinó por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se estableció en qué casos un gasto puede llegar a ser estrictamente indispensable para una empresa, lo que sucede cuando le reportamos un beneficio , de no hacerlo, dejar de usar su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la vía de la deducción del pago por el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en perjuicio de la hacienda federal. se debe considerar que la información no es útil para determinar el grado de vinculación del servicio contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resultando innecesaria cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, hay que tener en cuenta el hecho de que el contratista tenga la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las personas que lo ejecutan, datos que no están asegurados para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erosión.

Por último, como facultad discrecional de la autoridad, el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación establece una facultad discrecional a favor de las autoridades fiscales, la cual si bien es cierto que no es para ejercer o aplicar en forma caprichosa o arbitraria, dado que la autoridad para el efecto debe ajustarse a la ley ya la lógica, y desde luego está sujeta a un control constitucional, también es el hecho de que el particular satisface los requisitos previstos en la hipótesis legal, no es suficiente para que la autoridad forzosamente deba aplicar la consecuencia, ya que queda a discreción, naturalmente expresada en forma fundada y motivada, situación que no ocurre en la práctica, que puede esperar en la próxima determinación de la Autoridad:

Imagen 1

Queda en total estado de incertidumbre bajo que fundamentación y motivación se llegó a esta determinación, ya que el contribuyente cumplió con la información que le solicitaba la autoridad con la finalidad de desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes, solicitando nueva cuenta información adicional, misma que no obra en manos del afectado por ser sus propios actos, dando como resultado una afectación grave a los derechos del contribuyente.

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Deja un comentarioPublicado por  en 2 marzo, 2018 en Sin categoría

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.Lic Tahua

Cuando hablamos de Actividades Vulnerables, automáticamente nos remontamos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente llamada LFPIORPI, de la que hablaremos en el presente artículo, específicamente la actividad de Arrendamiento, Obligaciones, Multas y Medios de Defensa que podemos invocar en caso de incurrir en alguna omisión.

Recordemos que el objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Dentro de las obligaciones para los contribuyentes que realicen Actividades Vulnerables en términos del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, es decir:

Pasos

  • Alta
  • Presentar el aviso de manera mensual
  • Identificar a sus clientes y conservar la documentación por un plazo de 5 años.

Dentro de las actividades que son consideraras vulnerables, en específico las de Arrendamiento, que por lo tanto reciben un tratamiento especial por parte de la autoridad fiscal, que a continuación la define como:

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $129,363.00 pesos utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA), al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, considerándose a partir de esta cifra actividad vulnerable.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $258,726.00 utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA).

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley, tal como lo establece el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es importante mencionar que en caso de incumplir con dichas obligaciones, podrá encontrarse ante sanciones por parte de la Autoridad, en concreto multas que varían conforme a:

 CONDUCTA SEÑALADA  MULTA (UMA)
·      Abstenerse de cumplir con los requerimientos establecidos en la propia LFPIORPI·      El Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios·      Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los Avisos·      En el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la ley $16,120.00 hasta $161,200.00
   Omitir el envío de Avisos  $806,000.00 hasta $5,239,000.00O entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor.

Las multas que se determinen, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución (PAE).

Como caso de excepción la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Por lo anterior es importante conocer las obligaciones con respecto a las actividades que desarrollan nuestros clientes, y en caso de encontrarse ante un crédito fiscal derivado de alguna de las conductas antes señaladas, recurrir a un Abogado en Materia Fiscal que nos asesore con la finalidad de proporcionar tranquilidad a nuestros clientes sin repercutir en sus finanzas.

Nos encontramos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría, recordándole que somos expertos en la Materia y cuestiones como estas solucionamos cotidianamente. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 21 febrero, 2018 en Sin categoría

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Deja un comentarioPublicado por  en 18 abril, 2018 en Sin categoría

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.30741722_1915673201785849_8760879294017699840_o

Acompáñenos en:

– “Cancún 04 de Mayo de 2018.

-“CDMX” 18 de Mayo de 2018.

Al “Curso Defensa Fiscal Contra Operaciones Simuladas y Alternativas Para Acreditar su Materialidad”.

Informes y Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Teléfonos:  Fijo: 01 777 170 1474. 
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Evento Organizado por Inteligencia Fiscal Aplicada.

  • Respira tu destino con tanta pasión
  • que sepas lo que vendrá.
  • Enrique Chavero Flores.

Es común hoy en día en la operación normal de un contribuyente sea Persona Física o Moral, que, para poder operar adecuadamente, tenga aperturado en el sistema financiero nacional más de una cuenta bancaria, con motivo de ello, realizar traspasos de numerario (dinero) entre ellas, para estar en aptitud de hacerle frente a sus diferentes tipos de compromisos de pago.

Ante ello, hoy en día constituye también un verdadero problema que esas operaciones la autoridad fiscal cuando ejerce facultades de comprobación, acumule esos depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente como ingresos presuntos, por qué a decir de esta, no corresponden a registros bancarios de los que se está obligado a llevar, fundándose para ello en lo dispuesto en la fracción III del artículo 59 del Código del Código Fiscal de la Federación.

En esas condiciones en términos de lo preceptuado por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, corresponde al contribuyente desvirtuar contrario a lo que afirma la autoridad fiscal que esos depósitos no corresponde a ingresos no declarados, si no como ya se dijo corresponden a traspasos entre cuentas del propio contribuyente.

Por tanto, las pruebas idóneas para desvirtuar la presuntiva de ingresos, por traspaso entre cuentas resulta la exhibición de los estados de cuenta bancarios debidamente precisados en el apartado donde coincidan las cantidades traspasadas, así como la prueba pericial contable con pliego de preguntas idóneas que demuestren la coincidencia entre las cantidades observadas en el proceso de revisión al que fue objeto el contribuyente y que observo indebidamente como ingreso presunto la autoridad fiscal.

Apoya lo que se expone, el criterio número VIII-P-1aS-320, dictado por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, de rubro y texto siguiente:

 

VIII-P-1aS-320

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.- Si la parte actora controvierte la determinación presuntivarealizada por la autoridad fiscal de conformidad con la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, al considerar como ingresos los depósitos de sus cuentas bancarias que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, aduciendo que se trata de traspasos entre cuentas propias, tiene la carga de demostrar sus pretensiones en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que debe precisar y exhibir los estados de cuenta y demás documentos de donde se advierta dicho traspaso, además ofrecer la prueba pericial contable con la que mediante preguntas idóneas se apoye al juzgador a dilucidar si existe correspondencia entre las cantidades trasferidas, si se registró contablemente dicha operación y que además, no se incrementó el patrimonio de la enjuiciante.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-50
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/23370-24-01-01-01-OL/15/36-S1-04-30.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de octubre de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 84

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-1aS-320
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17817/16-17-03-2/3940/17-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de febrero de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 20. Marzo 2018. p. 201

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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
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Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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SABADOS
10:00 – 15:00 HRS.

 

SABADOS
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“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.

“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.Publicado el 15 de Abril de 2018.


Si desea consultar el articulo completo puede adquirir  la edición numero 216 del mes de Abril de 2018 de la revista “Defensa Fiscal”  que puede adquirir  en las tiendas Sanborns de su ciudad.


 

Para efectos de mi presente entrega, debo comenzar por señalar que la doctrina jurídica señala que existen varios métodos y técnicas de interpretación de las disposiciones legales, de todos ellos, el que predomina en la materia fiscal es el método denominado exegético, estricto o literal, este sistema utiliza preponderantemente el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas, en el derecho del principio de legalidad que tiene más importancia en el derecho tributario que en otras ramas del derecho, que no tiene impuesto sobre la ley expresa que lo establezca.

Continua … ..

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Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.31144214_1922066951146474_839820111010332672_o“Curso Cancún” 04/MAYO/18
“DEFENSA FISCAL OPERACIONES SIMULADAS Y ALTERNATIVAS PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD”
COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Análisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.
3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.
RESERVACIONES LIC. TAHUA COVARRUBIAS:

Fijo: 01 998 884 06 98.

Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+52 1 646 111 8168.
Correo: ifa@live.com.mx
Evento Organizado por IFA.

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Deja un comentarioPublicado por  en 9 junio, 2018 en Sin categoría

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El artículo 36 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 2 de abril de 2014, establece que, cuando la autoridad tenga conocimiento de la pérdida de la contabilidad del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, se encuentre obligada a recibirle una plazo para su reconstrucción, siendo omiso dicho artículo en señalar el plazo para hacerlo.

ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como poder comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el conocimiento del artículo 36 del Reglamento al rubro citado.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

Época: Décima Época, Registro: 2016916, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h, Materia (s): (Constitucional), Tesis: 2a. XXXIII / 2018 (10a.)

CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2014, QUE ESTABLECE SU RECONSTRUCCIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.La interpretación sistemática y armónica del precepto citado permite concluir que la ausencia de plazo para reconstruir la contabilidad, implica que cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se destruyó la contabilidad del contribuyente, por caso fortuito o fuerza mayor, y esté o no ejerciendo sus facultades de comprobación o gestión tributaria, debe conceder, caso por caso y mediante resolución debidamente fundada y motivada, un plazo razonable, que no podrá ser menor a cuatro meses, al contribuyente para reconstruirla mediante el método de concentración, ya que, de otra forma, éste no tendría los elementos mínimos para saber cuánto tiempo tiene para ese efecto, ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como resultado comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el entendimiento así del artículo 36 del Reglamento al rubro citado, no viola el derecho a la seguridad jurídica.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 4751/2017. Las Misiones Club Campestre, A.C. 22 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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Deja un comentarioPublicado por  en 3 junio, 2018 en Sin categoría

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

El Primero el que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que reza que la Empresa que Dedujo Operaciones simuladas (EDOS), cuenta con un plazo de 30 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del contribuyente que haya sido incluido en la lista negra, para acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios en cuyo caso deberá estar en constate revisión del listado definitivo para acceder a este plazo.

El Segundo puede producirse cuando concluido el plazo de treinta días, que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, ha sido opinión de PRODECON, que tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad.

El Tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

OPERACIONES INEXISTENTES. DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF, NO SE DESPRENDE QUE PREVEA LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LOS RECEPTORES DE LOS CFDI PARA DEMOSTRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLAS. Del análisis del texto, hipótesis y consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones que se amparan en los CFDI. El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal. Sin embargo, en opinión de Prodecon, el no ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes. El segundo momento puede producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad. Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

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Deja un comentarioPublicado por  en 7 mayo, 2018 en Sin categoría

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.30741722_1915673201785849_8760879294017699840_oAcompáñenos en nuestros próximos cursos  04 de Mayo de 2018 en Cancún y 18 de Mayo de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Fijo: 01 777 170 1474 Cel: 646 111 8168. WatsApp: +52 1 646 111 8168. Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades.

Por su parte, la Regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año.

Ahora de un análisis armónico del marco legal que se ocupa de regular la suspensión de actividades de las personas morales (artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, artículo 29, fracción V del Reglamento y regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018), encontramos que no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Código y el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar la temporalidad de dos años contenida en la regla 2.5.12 de la RMF-2018, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general,

Sirve de sustento para mi presente entrega el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

CRITERIO JURISDICCIONAL 48/2017 (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 23/06/2017) Página 115 de 141.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL LA RELATIVA A LAS PERSONAS MORALES NO ESTÁ LIMITADA A DOS AÑOS PRORROGABLES A UNO ADICIONAL. De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades. Por su parte, la Regla 2.5.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año. Ahora bien, a consideración del Órgano Judicial la citada regla excede lo que disponen tanto el CFF como su Reglamento al limitar la suspensión de actividades de las personas morales a dos años prorrogables por un año adicional y obligarlas a reanudar sus actividades o cancelar su registro, pues del análisis a los citados artículos 27 y 29, fracción V, no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar dicha temporalidad, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general, sobrepasando las disposiciones contenidas en un ordenamiento emanado de un proceso Legislativo.

Por tanto, debe tener presente que la multicitada regla 2.5.12 de la RMF-2018, viola el principio de subordinación jerárquica y el de reserva de ley, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

Apoya lo antes dicho, el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

VIII-P-SS-193

REGLA 2.5.14 DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.- De conformidad con los artículos 29, fracción V y 30, fracción IV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para efectos del artículo 27 del Código aludido, las personas físicas y morales están obligadas a presentar el aviso de suspensión de actividades, cuando estas interrumpan sus actividades económicas, liberando al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante la suspensión de sus actividades, excepto tratándose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades y cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a periodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades y que durante el periodo de la suspensión el contribuyente no queda relevado de prestar los demás avisos a que se refiere el artículo 29 del citado Reglamento, sin que dicho precepto normativo establezca plazo máximo alguno en el que deba permanecer en suspensión de actividades. Mientras que la Regla 2.5.14 en cuestión, dispone que la suspensión de actividades tendrá una duración por dos años, la cual podrá prorrogarse solo hasta en una ocasión por un año, obligando al contribuyente a que una vez fenecido dicho plazo, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes. Lo anterior, viola el principio de subordinación jerárquica, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

De ahí que de encontrarse en el supuesto de que la autoridad lo obligue una vez fenecido el plazo de 2 años, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes o en su caso lo reanude la autoridad y le imponga las medidas coercitivas respectivas (multas etc), podrá entablar una defensa exitosa en tribunales, por lo que aquí se le apunto.Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
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Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.29386203_10208816960861437_1616275061969256448_oAcompáñenos en CDMX “. Fecha 19 de Abril de 2018. Curso “Curso Defensa Fiscal Vs Operaciones Simuladas”. Informes y Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Teléfonos: Fijo: 01 777 170 1474.
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  • El principio y elemento de las cosas es lo indefinido.
  • Anaximandro.

 

 

En el tema de Defensa Fiscal contra operaciones simuladas o inexistentes contenidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, actualmente existen agravios de forma y agravios de fondo que podemos hacer valer en tribunales para obtener una sentencia favorable a los intereses de nuestros asesorados, los primeros atienden mayormente a la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones y los segundos a la indebida valoración de las pruebas con las que se acredita que los bienes y servicios efectivamente se celebraron con el caudal probatorio que se exhibió ante la autoridad dentro del plazo que establece el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, a saber 15 días para los EFOS y de 30 días para los EDOS.

Por tanto, hoy se encuentra bajo el escrutinio de los especialistas una resolución jurisdiccional que guarda estrecha relación con uno de los agravios de forma que se hacen valer en tribunales, dado que en la práctica hemos obtenido sentencias favorables por esa razón, la cual fue dictada mediante sesión de 7 de febrero de 2018, por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió el amparo directo en revisión número 3827/2017, por el que se cuestionó el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, que se dirige al emisor del comprobante fiscal, en la parte que, en ese apartado no se establece plazo alguno a la autoridad fiscal para emitir resolución, ni mucho menos consecuencia alguna para el caso de ser omisa en hacerlo, por tanto se violaba en su perjuicio entre otros el principio de seguridad jurídica, lo que tornaba a dicha disposición legal, inconstitucional.

La porción normativa sujeta a análisis señala lo siguiente:

Artículo 69-B.

Tercer Párrafo: Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

 

De lo anterior, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyo que dicha porción normativa contrario a lo que sostenía el quejoso es constitucional y no viola el principio de seguridad jurídica, reconoció que en efecto no se establece plazo para dictar resolución pero que la falta de plazo para que la autoridad emita resolución en ese tipo de asuntos, se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco o diez años, en cuyo caso se extingue la facultad de la autoridad fiscal prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad citados.

Entre los argumentos vertidos por la 1ra Sala, encontramos los siguientes:

En efecto, del tercer párrafo del precepto en cuestión, sólo se advierte la previsión legislativa acerca de que (transcurrido el término para que el contribuyente para que desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió) la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de cinco días para valorar las pruebas y defensas hechas valer.

Como se puede observar de la lectura del precepto transcrito, únicamente está regulada la forma en que la autoridad deberá dar a conocer la resolución correspondiente, a saber por medio de buzón tributario, sin que para ello disponga un plazo para la propia emisión de la resolución ni para su notificación.

 

Ahora bien, si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, ni el plazo para su notificación, lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional, como se sostuvo con anterioridad, porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, dado que conforme al primer párrafo de dicho precepto, en el plazo de cinco o diez años, en su caso, se extingue la facultad de la autoridad fiscal para prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad señalados.

Lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es contrario a derecho y atenta directamente contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como apertura la posibilidad de entablar nuevos argumentos de defensa en el tema de operaciones simuladas o inexistentes de asuntos que se presenten en lo futuro, ya que esta pierde de vista al momento de resolver que en materia fiscal existe la figura de “CADUCIDAD GENERAL y CADUCIDAD ESPECIAL”, por tanto, la 1ra Sala en un yerro de su parte, trata de suplir los vicios de constitucionalidad que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con la figura de la “Caducidad General”, contenida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que en efecto como lo sostiene (prevé la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales).

Sin embargo, en los procedimientos especiales, como el que se encuentra contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la “Caducidad General”, se encuentra suspendida y debe ser relevada por la diversa figura de “Caducidad Especial”, para sostener mi análisis que le expongo, es imprescindible atender el siguiente criterio dictado sobre el tema:

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala, en el cuarto párrafo de su fracción IV, que el plazo establecido en dicho artículo para que opere la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar omisiones e imponer sanciones, no está sujeto a interrupción y que sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de la misma ley, o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio. En esta segunda hipótesis la suspensión opera con la sola interposición del medio de defensa, es decir, con independencia de lo que se resuelva en el recurso administrativo o juicio; ello, atendiendo a que la norma en comento no condiciona su actualización a lo que resuelva el órgano jurisdiccional. Por tal motivo, si la ley no distingue, no es dable hacerlo al juzgador y, en consecuencia, lo que debe corroborarse en los casos en que se alegue la suspensión del plazo de caducidad de las facultades legales de comprobación de las autoridades fiscales, será comprobar la existencia del medio de defensa y computar el término de cinco años excluyendo el tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. Lo anterior, en virtud de que la suspensión implica que el periodo transcurrido hasta antes de que acontezca el evento suspensor no se pierde sino que se acumula al que transcurra una vez extinguido el señalado evento.

En esa medida, es requisito indispensable que las normas que atribuyen facultades a las autoridades administrativas, limiten su marco de actuación, de tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no pueda ser producto de la actuación arbitraria de la autoridad, sino que se encuentre justificada por los hechos que rodean una determinada situación que advierte la autoridad administrativa y, por otra parte, que la medida contemplada en dichas normas sea proporcional con el fin que se busca, de tal manera que no sea excesiva, de ahí que la figura de “Caducidad Especial”, deba prevalecer en el artículo que se analiza, la cual no se contiene, en este contexto es posible desprender otros agravios que se podrán hacer valer en tribunales para defender estos asuntos en tribunales, los cuales ya estamos introduciendo en las demandas que interponemos en los asuntos que por este concepto manejamos en tribunales, así como los estaremos incluyendo como tema como parte de los cursos que impartimos sobre la Defensa Fiscal de Operaciones Simuladas o Inexistentes. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 2 marzo, 2018 en Sin categoría

La Materialidad de Operaciones Presuntamente Inexistentes o Simuladas, desde el punto de vista analítico.

 

“Somos Inteligencia Fiscal Aplicada S.C.”

Lic Tahua

 

Cuando hablamos de materialidad podemos entenderla como una cualidad que guarda las cosas o dicho de otra manera la ¨apariencia de las cosas¨.

Por lo que a través del presente estudio conceptualiza la Materialidad de las Operaciones conforme a lo indicado en la Autoridad Fiscal en sus diversas resoluciones. Segmentado de la siguiente manera:

  1. Presunción
  2. Soporte de operaciones
  3. Solicitud de información adicional
  4. Formalidades de las documentales presentadas
  5. Exigibilidad de la materialidad, falta de fundamentación
  6. Solicitud de información de proveedores.
  7. Facultad discrecional de la autoridad.

La presunción como el primer acto por parte de la Autoridad Fiscal, que consiste en determinar que sus operaciones son simuladas aunque cuenten con comprobantes que amparan lo contrario, asumiendo que los contribuyentes carecen de:

  • Activos, personales, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan cuentos comprobantes.

La simulación se ejemplifica cuando el contribuyente ha realizado operaciones, el derivado de la emisión de su correspondiente comprobante, a lo cual, la autoridad que presuntamente no cuenta con los requisitos que definimos anteriormente, o simplemente se encuentra en el supuesto de no localizados.

Dando paso a la segunda etapa referente al Soporte de Operaciones, donde la Autoridad requiere a los contribuyentes un respaldo de las actividades comerciales, que el alcalde de los casos que considera insuficientes las medidas aportadas, lo anterior a criterio de la autoridad, por Lo que es indispensable hacer notar que la acreditación de esta materialidad no se encuentra hasta el momento estipulado dentro del marco legal, aun así que en ocasiones la autoridad requiere al contribuyente de información adicional, sin notificación previa que el mismo bajo el supuesto del artículo multimuestrado 69-B, todo esto con fines de carencia de deducción o acreditamiento solicitado por el contribuyente.

El soporte de operaciones se acredita por el medio de los documentos aportados por las operaciones realizadas, las mismas que requieren ser tangibles que cumplen con los criterios que establece la autoridad fiscal, la autoridad fiscal solicita la manera desmedida una gran cantidad de información que no se encuentra en los diversos servicios de la empresa, servicios de entrega de productos de la empresa o de nuestros proveedores, entradas de almacén, currículum de prestadores de servicios, órdenes de compra, facturas, transferencias bancarias , entre otras. Que claramente cae en exceso de sus facultades y en ocasiones resulta poco viable el adquirir información detallada de nuestra empresa o de proveedores.

Por lo tanto, la autoridad en sus facultades de verificación también se requiere información adicional, con la finalidad de determinar si las operaciones fueron efectuadas, la solicitud de información por parte de la Autoridad Fiscal en todo momento debe estar apegada al principio de razonabilidad como lo menciona la siguiente tesis:

 TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

VII-CASR-SUE-4

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE REALIZA LAS AUTORIDADES FISCALES CON APOYO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.), DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.- Si bien conforme a la referencia jurisprudencia, de rubro “COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURIS-PRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)] “emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de julio de 2013, cuando las autoridades fiscales consideraron que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso,lo cierto es que dicho requerimiento debe efectuarse a la luz del principio de razonabilidad, entendiendo como información necesaria; Aquella que sea suficiente para lograr la finalidad que se pretende, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobierno. En esa medida, si la autoridad fiscal requiere un contribuyente fiscalizado, la información y documentación para un tercero para comprobar la existencia de sus operaciones fiscales, por ejemplo, cuando, el requisito para que exhiba los estados de cuenta de los terceros que le presuponen préstamos, que comprueban si los acreedores están disponibles de los recursos financieros suficientes para efectuarlos en la fecha en que están relacionados con la operación, o que comprendan la afectación o la disminución del patrimonio de los acreedores; es claro que dicho requerimiento resulta ilegal, por mensaje de información y documentación sobre el cual el contribuyente no puede estar disponible libremente . : Ademásconforme los artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que realizan las instituciones de crédito, es confidencial , por lo que las instituciones aludidas, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en cualquier caso, para recibir noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino únicamente al depósito, titular, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 898 / 13-15-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 10 de marzo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: César Edgar Sánchez Vázquez.- Secretario : Lic. Juan Alberto Canseco Pérez.

RTFJFA Séptima Época. Año IV. No. 34. Mayo 2014. p. 455

Situación que a todas luces no sucede de esta manera, lo anterior se adentra en la Solicitud de Información Adicional, como ya se mencionó en la prueba anterior, debe estar apegada al Principio de Razonabilidad, que no requiere la aplicación de este principio, otorga facultades desmedidas a la Autoridad.

Por Lo Que Una Vez Que la Autoridad Solicita Información, el contribuyente aportará SUS documentales Que acrediten la materialidad de Operaciones, Siendo insuficientes en la Mayoría de los Casos para la Autoridad, por Lo Que solicitará de nueva Cuenta Información de la Información ya presentada, Haciendo caer al contribuyente en un círculo vicioso que lo único que quiera, que el contribuyente llegue al punto de no cumplir con lo requerido por no estar en sus manos, o simplemente no sr actos propios.

Como un claro ejemplo tenemos la siguiente tesis que menciona:

TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VII-CASR-GO-18

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. LA AUTORIDAD fiscalizadora NO PUEDE requérir DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA QUE EL ESTABA OBLIGADO A contribuyente LLEVAR DE ACUERDO CON EL RÉGIMEN FISCAL ES QUE ES EL EJERCICIO TRIBUTABA REVISADO .- Si el Objeto de la Solicitud de Información y Documentación es verificar el Cumplimiento de las Obligaciones fiscales una cola el contribuyente this afecto y con anterioridad a la emisión de la Solicitud de Información y Documentación Que da inicio a las facultades de comprobación, la Autoridad no ha Determinado Que por El ejercicio Sujeto fiscal de una revisión de el contribuyente tributa en régimen ONU fiscal Que es realidad no le corresponde,es ilegal que en el caso de que se requiera información y documentación distinta a la que legalmente está obligado a llevarse a cabo durante el tiempo indicado que se encuentra inscrito.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14 / 798-13-01-03-06-OT.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de septiembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.

RTFJFA Séptima Época. Año V. No. 45. Abril 2015. p. 219

Esta Tesis nos muestra el claro ejemplo en que se establece un límite a la Autoridad que se refiere a la Solicitud de Información Desmedida, es difícil de creer que aún con estos antecedentes no existan, que es un alto al actuar de la Autoridad.

Con respecto al punto en el que se encuentran las formalidades de las pruebas documentales, donde en diversas ocasiones no se cumple con la información solicitada al contribuyente con la finalidad de acreditar las operaciones realizadas, la Autoridad exige que las probanzas se ubiquen protocolizadas ante notario, es decir invalida las documentales se presentan como contratos con proveedores por ninguna parte y antenas marítimas ante la fe de notario público o inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, representando una grave afectación para el contribuyente, ya que en ocasiones por las actividades comerciales diversas, no se requiere de una formalidad como la antes mencionada, dejando en un estado grave de indefensión al contribuyente ya que estas operaciones quedaran sin efectos fiscales.

Es oportuno mencionar que la Exigibilidad de la Materialidad, la misma que mencionó en nuestro punto número cinco, no se encuentra fundado bajo ningún artículo específico de Operaciones Simuladas, es decir, se encuentra ante una falta de fundamentación, lo anterior y lo que la autoridad fiscal debe fundar y argumentar el motivo por el cual el contribuyente debe contar con los activos que crea las cosas para las actividades que desarrolla, por lo que no será suficiente el criterio con base en su criterio el por qué no cuenta con lo necesario para desarrollar su objeto social. Hasta el momento no se ha definido cuáles son los activos, la infraestructura, los bienes, la capacidad y otros elementos con los que se deba contar una empresa para llevar a cabo un cierto número de operaciones, o simplemente algo que se debe comprar para vender una determinada cantidad.

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENO SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. ” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.”, respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, párrafo de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en su camino de respeto a la autoridad debe sujetar sus actos de molestia a supeditados, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que debe cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano puede constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de la autoridad competente y que se encuentran debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a la acción aprobada por la autoridad competente, en el marco de la adopción de la adopción en el título nacional de otra garantía primaria del derecho a la seguridad, denominado principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer eso para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto fundamento y motivación, la segunda parte del Tribunal de la definición definitiva, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicado en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOVACIÓN.”, Que por lo primero se entiende que ha expresado con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y por motivación, que también se debe tener que ver con precisión las circunstancias especiales, las características particulares o las causas inmediatas que se vieron afectadas por su emisión, siendo necesarias, además, que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas, que tengan el sentido primordial, que el beneficiario del destino el marco normativo en el que el acto de molestia surge y las causas de hecho consideradas para emitirlo, puede ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa versión de primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe presentar una postura dogmática, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; también se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como la entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuando los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Solicitud de información de proveedores, referente a este punto, se determinó por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se estableció en qué casos un gasto puede llegar a ser estrictamente indispensable para una empresa, lo que sucede cuando le reportamos un beneficio , de no hacerlo, dejar de usar su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la vía de la deducción del pago por el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en perjuicio de la hacienda federal. se debe considerar que la información no es útil para determinar el grado de vinculación del servicio contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resultando innecesaria cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, hay que tener en cuenta el hecho de que el contratista tenga la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las personas que lo ejecutan, datos que no están asegurados para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erosión.

Por último, como facultad discrecional de la autoridad, el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación establece una facultad discrecional a favor de las autoridades fiscales, la cual si bien es cierto que no es para ejercer o aplicar en forma caprichosa o arbitraria, dado que la autoridad para el efecto debe ajustarse a la ley ya la lógica, y desde luego está sujeta a un control constitucional, también es el hecho de que el particular satisface los requisitos previstos en la hipótesis legal, no es suficiente para que la autoridad forzosamente deba aplicar la consecuencia, ya que queda a discreción, naturalmente expresada en forma fundada y motivada, situación que no ocurre en la práctica, que puede esperar en la próxima determinación de la Autoridad:

Imagen 1

Queda en total estado de incertidumbre bajo que fundamentación y motivación se llegó a esta determinación, ya que el contribuyente cumplió con la información que le solicitaba la autoridad con la finalidad de desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes, solicitando nueva cuenta información adicional, misma que no obra en manos del afectado por ser sus propios actos, dando como resultado una afectación grave a los derechos del contribuyente.

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Deja un comentarioPublicado por  en 2 marzo, 2018 en Sin categoría

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.Lic Tahua

Cuando hablamos de Actividades Vulnerables, automáticamente nos remontamos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente llamada LFPIORPI, de la que hablaremos en el presente artículo, específicamente la actividad de Arrendamiento, Obligaciones, Multas y Medios de Defensa que podemos invocar en caso de incurrir en alguna omisión.

Recordemos que el objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Dentro de las obligaciones para los contribuyentes que realicen Actividades Vulnerables en términos del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, es decir:

Pasos

  • Alta
  • Presentar el aviso de manera mensual
  • Identificar a sus clientes y conservar la documentación por un plazo de 5 años.

Dentro de las actividades que son consideraras vulnerables, en específico las de Arrendamiento, que por lo tanto reciben un tratamiento especial por parte de la autoridad fiscal, que a continuación la define como:

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $129,363.00 pesos utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA), al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, considerándose a partir de esta cifra actividad vulnerable.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $258,726.00 utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA).

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley, tal como lo establece el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es importante mencionar que en caso de incumplir con dichas obligaciones, podrá encontrarse ante sanciones por parte de la Autoridad, en concreto multas que varían conforme a:

 CONDUCTA SEÑALADA  MULTA (UMA)
·      Abstenerse de cumplir con los requerimientos establecidos en la propia LFPIORPI·      El Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios·      Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los Avisos·      En el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la ley $16,120.00 hasta $161,200.00
   Omitir el envío de Avisos  $806,000.00 hasta $5,239,000.00O entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor.

Las multas que se determinen, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución (PAE).

Como caso de excepción la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Por lo anterior es importante conocer las obligaciones con respecto a las actividades que desarrollan nuestros clientes, y en caso de encontrarse ante un crédito fiscal derivado de alguna de las conductas antes señaladas, recurrir a un Abogado en Materia Fiscal que nos asesore con la finalidad de proporcionar tranquilidad a nuestros clientes sin repercutir en sus finanzas.

Nos encontramos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría, recordándole que somos expertos en la Materia y cuestiones como estas solucionamos cotidianamente. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 21 febrero, 2018 en Sin categoría

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Deja un comentarioPublicado por  en 18 abril, 2018 en Sin categoría

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.30741722_1915673201785849_8760879294017699840_o

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  • Enrique Chavero Flores.

Es común hoy en día en la operación normal de un contribuyente sea Persona Física o Moral, que, para poder operar adecuadamente, tenga aperturado en el sistema financiero nacional más de una cuenta bancaria, con motivo de ello, realizar traspasos de numerario (dinero) entre ellas, para estar en aptitud de hacerle frente a sus diferentes tipos de compromisos de pago.

Ante ello, hoy en día constituye también un verdadero problema que esas operaciones la autoridad fiscal cuando ejerce facultades de comprobación, acumule esos depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente como ingresos presuntos, por qué a decir de esta, no corresponden a registros bancarios de los que se está obligado a llevar, fundándose para ello en lo dispuesto en la fracción III del artículo 59 del Código del Código Fiscal de la Federación.

En esas condiciones en términos de lo preceptuado por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, corresponde al contribuyente desvirtuar contrario a lo que afirma la autoridad fiscal que esos depósitos no corresponde a ingresos no declarados, si no como ya se dijo corresponden a traspasos entre cuentas del propio contribuyente.

Por tanto, las pruebas idóneas para desvirtuar la presuntiva de ingresos, por traspaso entre cuentas resulta la exhibición de los estados de cuenta bancarios debidamente precisados en el apartado donde coincidan las cantidades traspasadas, así como la prueba pericial contable con pliego de preguntas idóneas que demuestren la coincidencia entre las cantidades observadas en el proceso de revisión al que fue objeto el contribuyente y que observo indebidamente como ingreso presunto la autoridad fiscal.

Apoya lo que se expone, el criterio número VIII-P-1aS-320, dictado por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, de rubro y texto siguiente:

 

VIII-P-1aS-320

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.- Si la parte actora controvierte la determinación presuntivarealizada por la autoridad fiscal de conformidad con la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, al considerar como ingresos los depósitos de sus cuentas bancarias que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, aduciendo que se trata de traspasos entre cuentas propias, tiene la carga de demostrar sus pretensiones en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que debe precisar y exhibir los estados de cuenta y demás documentos de donde se advierta dicho traspaso, además ofrecer la prueba pericial contable con la que mediante preguntas idóneas se apoye al juzgador a dilucidar si existe correspondencia entre las cantidades trasferidas, si se registró contablemente dicha operación y que además, no se incrementó el patrimonio de la enjuiciante.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-50
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/23370-24-01-01-01-OL/15/36-S1-04-30.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de octubre de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 84

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-1aS-320
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17817/16-17-03-2/3940/17-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de febrero de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 20. Marzo 2018. p. 201

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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+51 1 646 111 8168.
Evento Organizado por IFA.

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Deja un comentarioPublicado por  en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Deja un comentarioPublicado por  en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

SABADOS
10:00 – 15:00 HRS.

 

SABADOS
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“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.

“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.Publicado el 15 de Abril de 2018.


Si desea consultar el articulo completo puede adquirir  la edición numero 216 del mes de Abril de 2018 de la revista “Defensa Fiscal”  que puede adquirir  en las tiendas Sanborns de su ciudad.


 

Para efectos de mi presente entrega, debo comenzar por señalar que la doctrina jurídica señala que existen varios métodos y técnicas de interpretación de las disposiciones legales, de todos ellos, el que predomina en la materia fiscal es el método denominado exegético, estricto o literal, este sistema utiliza preponderantemente el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas, en el derecho del principio de legalidad que tiene más importancia en el derecho tributario que en otras ramas del derecho, que no tiene impuesto sobre la ley expresa que lo establezca.

Continua … ..

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Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.31144214_1922066951146474_839820111010332672_o“Curso Cancún” 04/MAYO/18
“DEFENSA FISCAL OPERACIONES SIMULADAS Y ALTERNATIVAS PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD”
COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.

 

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Análisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.
RESERVACIONES LIC. TAHUA COVARRUBIAS:

Fijo: 01 998 884 06 98.

Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+52 1 646 111 8168.
Correo: ifa@live.com.mx
Evento Organizado por IFA.

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SABADOS
10:00 – 15:00 HRS.

 

SABADOS
10:00 – 15:00 HRS.

 

 

 

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 junio, 2018 en Sin categoría

Curso: CDMX 22 de Junio de 2018. “Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad”.

Curso: CDMX 22 de Junio de 2018. “Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad”.34811926_10209256528210346_2031744505689931776_n

” ULTIMOS LUGARES “

Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

“Nuestros cursos incluyen análisis de procedimientos en sede administrativa para acreditación de material y sentencias recientes en sede contenciosa, captadas por nuestra oficina de oficinas ubicadas en: Acapulco, Cancún y Puebla, así como agravios de última generación”.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del CFF (Análisis a fondo)
a) .- Supuestos de aplicación.
b) .- Formalidades que deben colmar la autoridad.
c) .- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d) .- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e) .- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a) .- Adecuada atención del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas. 
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

3.- Si soy EDO (a) publicado en lista negra definitiva:
a) .- Atención al inicio del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas.
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a) .- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT ha llegado al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b) .- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente está citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para defenderse).
c) .- Alternativas y soluciones para una toma de decisiones adecuada.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del CFF
a) .- Análisis de los requisitos de las especificaciones que utilizan la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos fiscales, en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b) .- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos financiados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c) .- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del CFF, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

LA UNICA FORMA DE ASEGURAR SU LUGAR ES REALIZANDO SU DEPOSITO.

Fecha 22 de Juinio de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx  . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 11 junio, 2018 en Sin categoría

Operaciones Simuladas. Defensa Fiscal. Debida Motivación de la Resolución Definitiva al EFO.

Operaciones Simuladas. Defensa Fiscal. Debida Motivación de la Resolución Definitiva al EFO.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El hábito de la persistencia es el hábito de la victoria. Persiste y vencerás.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación prevé el procedimiento al que la autoridad fiscal (SAT), debe ceñirse para concluir de forma definitiva que un contribuyente se encuentra emitiendo Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), que amparan operaciones inexistentes o artificiosas, (estas ultimas mejor conocidas en el ámbito fiscal como simuladas).

Dentro del procedimiento previsto en el arábigo que se analiza (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), encontramos que se contempla el dictado un oficio (Segundo Párrafo), por el que se le comunica a “N”, contribuyente, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se le presume la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), por no contar a juicio de la autoridad con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar bienes que amparan los comprobantes expedidos por aquel.

Por su parte el Tercer Párrafo del multicitado arábigo 69-B del Código Fiscal de la Federación, instituye el dictado de una resolución definitiva de aquellos contribuyentes que no hayan logrado desvirtuar la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), que amparan operaciones artificiosas.

Por lo que no debe pasar desapercibido que al tratarse de una resolución definitiva de las impugnables, en términos del artículo 38 Fracción IV del Código Fiscal de la Federación, esta debe encontrarse debidamente fundada y motivada, resultando de explorado derecho (conocimiento público) que por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Lo antes anotado, lo orienta el siguiente criterio que me permito transcribirle:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Por tanto, si el contribuyente en sede administrativa ofreció pruebas y realizo argumentos tendientes a desvirtuar la simulación de actos que se le presumen, la autoridad fiscal se encuentra obligada a exponer las consideraciones que la llevan a determinar que las manifestaciones y las pruebas aportadas, no son suficientes para desvirtuar los hechos que en un principio presumió; es decir, debe razonar porqué el contribuyente no acreditó que cuenta con los activos, personal o infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, pues solo así podrá considerarse que se encuentra debidamente motivada la resolución correspondiente.

Lo antes anotado, lo orienta el siguiente criterio que me permito transcribirle:

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO NO REALIZA MANIFESTACIONES NI APORTA PRUEBAS.- De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está facultada para presumir la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, cuando detecte que un contribuyente los ha estado emitiendo sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, cuando se encuentre como no localizado; caso en el que, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa, deberá notificar al contribuyente que se encuentra en tal situación, a fin de que en un plazo de quince días pueda manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. De lo anterior se sigue que, si el contribuyente realiza manifestaciones y aporta pruebas a fin de acreditar que cuenta con los elementos mencionados, directa o indirectamente, entonces la autoridad fiscal se encuentra obligada a exponer las consideraciones que la llevan a determinar que las manifestaciones y las pruebas aportadas, no son suficientes para desvirtuar los hechos que en un principio presumió; es decir, debe razonar porqué el contribuyente no acreditó que cuenta con los activos, personal o infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, pues solo así podrá considerarse que se encuentra debidamente motivada la resolución correspondiente; empero, si el contribuyente omite realizar manifestaciones y exhibir pruebas, resulta legal que la autoridad utilice las mismas consideraciones que expuso en el oficio a través del cual le notificó que se encontraba en el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, para motivar la resolución a través de la cual determina que en razón de no haber desvirtuado la presunción formulada, se encuentra definitivamente en ese supuesto de inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes cuestionados; toda vez que, de conformidad con lo previsto en el artículo 218, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal federal, las presunciones legales que admiten prueba en contrario, tienen pleno valor probatorio, mientras no sean destruidas.

PRECEDENTE:

VII-P-SS-347 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1936/14-02-01-4/ 1054/15-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de enero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand Arzate.- Secretaria: Lic. María Ozana Salazar Pérez.

(Tesis aprobada en sesión de 16 de marzo de 2016) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 2016. p. 83

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-SS-227

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 472/17-29-01-5/ 3591/17-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 25 de abril de 2018, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretaria: Lic. Norma Hortencia Chávez Domínguez. (Tesis aprobada en sesión de 25 de abril de 2018)

Por tanto, no basta que la autoridad se limite a señalar en la resolución definitiva que dicta en este tipo de procedimientos, que además lo realiza de manera genérica y sistémica, que las pruebas ofrecidas y argumentos realizados son insuficientes para destruir la presunción instaurada en perjuicio del contribuyente, porque con ello no se satisface la garantía constitucional de Seguridad Jurídica y de Legalidad, trastocando con ello el artículo 38 Fracción IV del Código Fiscal de la Federación, que obliga a la autoridad a que las resoluciones que dicte deben encontrarse debidamente fundada y motivada, lo anterior en caso de no satisfacerse acarrean la nulidad lisa y llana cuando se acuda a Tribunales a esgrimir este agravio. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Deja un comentarioPublicado por  en 9 junio, 2018 en Sin categoría

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El artículo 36 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 2 de abril de 2014, establece que, cuando la autoridad tenga conocimiento de la pérdida de la contabilidad del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, se encuentre obligada a recibirle una plazo para su reconstrucción, siendo omiso dicho artículo en señalar el plazo para hacerlo.

ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como poder comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el conocimiento del artículo 36 del Reglamento al rubro citado.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

Época: Décima Época, Registro: 2016916, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h, Materia (s): (Constitucional), Tesis: 2a. XXXIII / 2018 (10a.)

CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2014, QUE ESTABLECE SU RECONSTRUCCIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.La interpretación sistemática y armónica del precepto citado permite concluir que la ausencia de plazo para reconstruir la contabilidad, implica que cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se destruyó la contabilidad del contribuyente, por caso fortuito o fuerza mayor, y esté o no ejerciendo sus facultades de comprobación o gestión tributaria, debe conceder, caso por caso y mediante resolución debidamente fundada y motivada, un plazo razonable, que no podrá ser menor a cuatro meses, al contribuyente para reconstruirla mediante el método de concentración, ya que, de otra forma, éste no tendría los elementos mínimos para saber cuánto tiempo tiene para ese efecto, ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como resultado comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el entendimiento así del artículo 36 del Reglamento al rubro citado, no viola el derecho a la seguridad jurídica.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 4751/2017. Las Misiones Club Campestre, A.C. 22 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
  • Socio Director de Inteligencia Fiscal Aplicada SC
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Deja un comentarioPublicado por  en 3 junio, 2018 en Sin categoría

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 21 junio, 2018 en Sin categoría

Inconstitucional que los conceptos no deducibles se deban considerar en el ejercicio en que se hace la erogación. Artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014.

Inconstitucional que los conceptos no deducibles se deban considerar en el ejercicio en que se hace la erogación. Artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014.34811926_10209256528210346_2031744505689931776_n

“ULTIMOS LUGARES”

Acompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, al establecer que los conceptos no deducibles a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán considerarse en el ejercicio en el que se efectúe la erogación y no en aquel en el que formen parte del costo de lo vendido, provoca el reconocimiento anticipado del efecto fiscal de un concepto no deducible, con lo cual se afecta injustificadamente la renta neta que servirá de base para la determinación de la contribución.

Ello es así, pues en un sistema de deducción del costo de lo vendido, la erogación de un gasto no conlleva una afectación a la situación jurídica en materia fiscal, pues únicamente representa una modificación en el concepto de activo que posee el causante y, en tal virtud, no refleja una alteración en el haber patrimonial susceptible de gravarse.

Así, al conminarse a reconocer los gastos no deducibles en el ejercicio en el que se erogan, se obliga a los contribuyentes a impactar su esfera jurídica anticipadamente, en la medida de una cantidad y un concepto que, en congruencia con el cambio del sistema de deducción, no deberían tener un efecto fiscal sino hasta el momento en el que se reconoce el costo de ventas correspondiente, de ser deducible.

Por lo anterior, el artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obliga a reconocer los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se eroguen y no en el que forman parte del costo de lo vendido, con lo cual se da lugar a la determinación de una utilidad ajena a la que corresponde bajo el esquema de deducción de costo de lo vendido.

Lo antes anotado, lo orienta el siguiente criterio que me permito transcribirle:

Época: Décima Época, Registro: 2017184, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: 2a./J. 61/2018 (10a.)

RENTA. EL ARTÍCULO 28, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES DEBERÁN CONSIDERARSE EN EL EJERCICIO EN EL QUE SE EFECTÚE LA EROGACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). El artículo citado, al establecer que los conceptos no deducibles a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán considerarse en el ejercicio en el que se efectúe la erogación y no en aquel en el que formen parte del costo de lo vendido, provoca el reconocimiento anticipado del efecto fiscal de un concepto no deducible, con lo cual se afecta injustificadamente la renta neta que servirá de base para la determinación de la contribución. Ello es así, pues en un sistema de deducción del costo de lo vendido, la erogación de un gasto no conlleva una afectación a la situación jurídica en materia fiscal, pues únicamente representa una modificación en el concepto de activo que posee el causante y, en tal virtud, no refleja una alteración en el haber patrimonial susceptible de gravarse. Así, al conminarse a reconocer los gastos no deducibles en el ejercicio en el que se erogan, se obliga a los contribuyentes a impactar su esfera jurídica anticipadamente, en la medida de una cantidad y un concepto que, en congruencia con el cambio del sistema de deducción, no deberían tener un efecto fiscal sino hasta el momento en el que se reconoce el costo de ventas correspondiente, de ser deducible. Por lo anterior, el artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obliga a reconocer los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se eroguen y no en el que forman parte del costo de lo vendido, con lo cual se da lugar a la determinación de una utilidad ajena a la que corresponde bajo el esquema de deducción de costo de lo vendido.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 661/2015. Integrando Soluciones Corporativas, S.C. 28 de febrero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; cinco votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 55/2015. Operadora Xuna, S.A. de C.V. y otras. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 816/2015. Novatec Pagani, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 675/2015. GKN Driveline Celaya, S.A. de C.V. y otras. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 685/2014. Forjas Especializadas de Bronce, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Tesis de jurisprudencia 61/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Ahora bien los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad lograda consistente en que el artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, no se aplique a los quejosos, con lo cual se les libera de la obligación de reconocer de manera anticipada el efecto de los conceptos no deducibles que por su naturaleza formen parte, a su vez, del costo de ventas deducible. Obligación que deberá actualizarse y habrán de cumplir hasta el momento en el que esos conceptos no deducibles efectivamente formen parte del costo de lo vendido, a fin de que la utilidad fiscal o el resultado fiscal que lleguen a reportar en sus operaciones, no se vea contaminado con conceptos que corresponden a otros periodos, y que provocan que la tasa del gravamen se aplique a un monto que no es acorde con la capacidad contributiva del causante

Lo anterior se apoya en el siguiente criterio:

Época: Décima Época Registro: 2017183 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 15 de junio de 2018 10:21 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 62/2018 (10a.)

RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014. El precepto indicado transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constreñir a los contribuyentes a reconocer los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se eroguen y no en el que forman parte del costo de lo vendido, con lo cual, se da lugar a la determinación de una utilidad ajena a la que corresponde bajo el esquema de deducción de costo de ventas. En tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo contra el último párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consisten en que éste no se aplique a los quejosos, con lo cual se les libera de la obligación de reconocer de manera anticipada el efecto de los conceptos no deducibles que por su naturaleza formen parte, a su vez, del costo de ventas deducible. Obligación que deberá actualizarse y habrán de cumplir hasta el momento en el que esos conceptos no deducibles efectivamente formen parte del costo de lo vendido, a fin de que la utilidad fiscal o el resultado fiscal que lleguen a reportar en sus operaciones, no se vea contaminado con conceptos que corresponden a otros periodos, y que provocan que la tasa del gravamen se aplique a un monto que no es acorde con la capacidad contributiva del causante.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 661/2015. Integrando Soluciones Corporativas, S.C. 28 de febrero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; cinco votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 55/2015. Operadora Xuna, S.A. de C.V. y otras. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 816/2015. Novatec Pagani, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 675/2015. GKN Driveline Celaya, S.A. de C.V. y otras. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo en revisión 685/2014. Forjas Especializadas de Bronce, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Tesis de jurisprudencia 62/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Cabe recordar que en términos del artículo 231 de la Ley de Amparo, las normas de materia fiscal están excluidas de las Declaratorias Generales de Inconstitucionalidad, por lo que, para acceder a este beneficio o restablecimiento de los postulados constitucionales logrados en tribunales, deberá interponer el instrumento de defensa respectivo. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Curso: CDMX 22 de Junio de 2018. “Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad”.

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” ULTIMOS LUGARES “

Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

“Nuestros cursos incluyen análisis de procedimientos en sede administrativa para acreditación de material y sentencias recientes en sede contenciosa, captadas por nuestra oficina de oficinas ubicadas en: Acapulco, Cancún y Puebla, así como agravios de última generación”.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del CFF (Análisis a fondo)
a) .- Supuestos de aplicación.
b) .- Formalidades que deben colmar la autoridad.
c) .- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d) .- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e) .- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a) .- Adecuada atención del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas. 
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

3.- Si soy EDO (a) publicado en lista negra definitiva:
a) .- Atención al inicio del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas.
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a) .- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT ha llegado al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b) .- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente está citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para defenderse).
c) .- Alternativas y soluciones para una toma de decisiones adecuada.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del CFF
a) .- Análisis de los requisitos de las especificaciones que utilizan la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos fiscales, en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b) .- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos financiados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c) .- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del CFF, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

LA UNICA FORMA DE ASEGURAR SU LUGAR ES REALIZANDO SU DEPOSITO.

Fecha 22 de Junio de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx  . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 14 junio, 2018 en Sin categoría

Empresario y/o Contribuyente. Precaución, el SAT comete abusos cuando va tras las llamadas Operaciones Simuladas, Inexistentes y/o Artificiosas.

Empresario y/o Contribuyente. Precaución, el SAT comete abusos cuando va tras las llamadas Operaciones Simuladas, Inexistentes y/o Artificiosas.36285152_10209356052858400_437644969755279360_n

Acompáñenos en nuestro próximo curso el 27 de Julio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

  • Si las palabras tienen poder, imagínate el
  •  poder que tiene una acción.

 

 

El tema que leerá a continuación está revestido de una destaca relevancia derivado de que la autoridad fiscal (SAT) ha colocado desde el año 2014 el combate al tráfico de comprobantes fiscales, como uno de los principales ejes rectores sobre el cual reside la fiscalización en nuestro país, como medio para recaudar más dinero de los contribuyentes.

El esquema que está combatiendo la autoridad fiscal supone la colocación de comprobantes fiscales que amparan la realización de operaciones inexistentes, o que, habiéndose llevado acabo, carecen de sustancia o la poca que pudieran tener no guarda proporción con las cantidades supuestamente erogadas, de modo que al emplear los comprobantes respectivos como soporte de una deducción o de un acreditamiento, el particular reduce su carga al erosionar la base del tributo, o incluso se beneficia con la generación de saldos a favor.

Para lograr lo anterior se introdujo un marco normativo compuesto por el artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación, 70 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y Regla 1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal, que establecen las reglas y el procedimiento por el cual la autoridad fiscal en una primera etapa de forma presunta y en una segunda de forma definitiva, concluirá que un contribuyente emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, lo que implica que se dejaran sin efectos los comprobantes fiscales, es decir las deducciones y acreditamientos que se hubieran efectuado, lo que invariablemente depara en un adeudo fiscal que el fisco pretenderá exigir vía cobro persuasivo o ejerciendo facultades de comprobación (auditorias).

A su vez el marco normativo mencionado en el párrafo que antecede, también prevé el procedimiento para que los contribuyentes comparezcan ante la autoridad fiscal para ofrecer pruebas y realizar manifestaciones tendientes a acreditar la materialidad de las operaciones.

Así el segundo y quinto párrafo del artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación, establecen los plazos de 15 y 30 días, para que emisor y receptor del comprobante fiscal respectivamente, comparezcan ante la autoridad fiscal para ofrecer pruebas y realizar manifestaciones que demuestren la efectiva realización de las operaciones que amparan los CFDI cuestionados.

Y es justamente en la etapa de ofrecer pruebas y realizar argumentos donde la autoridad fiscal está cometiendo una serie de arbitrariedades en perjuicio de los contribuyentes, al partir de criterios ilógicos y que rebasan muchas veces a la propia ley (lo que resulta ilegal), aprovechándose de una aparente falta de claridad en lo que se debe entender por materialidad, que además guarda íntima relación con la documentación que forma parte de la contabilidad de un contribuyente de la que está obligada a llevar conforme a la legislación fiscal.

Bajo esa óptica la autoridad pretextando que se le acredite que el contribuyente cuenta con los elementos: a) Activos; b) Personal; c) Infraestructura o d).- Capacidad material directa o indirecta; solicita en demasía documentación innecesaria y que representa una verdadera carga administrativa para el contribuyente que en muchas ocasiones cuando las ofrece no las valora o lo hace en perjuicio de este último, al grado de estimarlas insuficientes.

Por lo que con la finalidad de evitar sea parte de abusos por las ilegalidades en que incurre la autoridad en este tipo de procedimientos es importante estimado lector que se tenga en cuenta que la efectiva realización de las operaciones que amparan los CFDI que pudiera observarles la autoridad, son susceptibles de acreditarse con la documentación idónea y sin permitirse exhibir en exceso documentación que solo le es solicitada para ser utilizada en su perjuicio.

¿Pero que debemos entender por documentación idónea? La respuesta a esa interrogante es simple, es aquella documentación que en su conjunto hagan indudable que si se recibió el servicio. Aclaremos más el panorama mediante el desarrollo del siguiente caso práctico: Un contribuyente receptor de comprobante fiscal (EDO) contrato el servicio de submaquila, de un (EFO), emisor de comprobante publicado en lista negra definitiva, el contribuyente receptor del comprobante exhibió para acreditar la efectiva realización del servicio contratado la siguiente documentación: Contrato mediante el cual se pactó la realización del servicio, las entregas de los resultados, donde se apreció que lo ordenado fue lo recibido con las características y en las fechas acordadas; así como también los comprobantes fiscales y su contabilidad -pólizas, cheques, fichas de depósito y estados de cuenta-, elementos que coincidieron con los movimientos de dinero, esto es, el pago o salida de su cuenta bancaria, en la fecha y cantidad en que también recibió en su cuenta y efectivamente cobró el proveedor, documentación que, en conjunto, resulta idónea para acreditar que se recibió el servicio.

Lo antes anotado lo orienta el siguiente criterio, que se transcribe:

CRITERIO JURISDICCIONAL 57/2017 (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 29/09/2017) Página 119 de 133

PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. LA MATERIALIDAD DE LOS SERVICIOS AMPARADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES PUEDE ACREDITARSE CON DOCUMENTACIÓN IDÓNEA. A criterio del Órgano Judicial, aun cuando el emisor del comprobante fiscal cuyas operaciones se presumen inexistentes, se ubique en el listado a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el receptor de dichos comprobantes fiscales podrá demostrar la materialización de las operaciones cuestionadas con los documentos que en su conjunto hagan indudable que sí recibió el servicio, de modo que al vincularse entre sí, por ejemplo, el contrato mediante el cual se pactó la realización, así como las de entrega de los resultados, se aprecie que lo ordenado es precisamente lo recibido con las características y en las fechas acordadas; siendo que en el caso concreto, la contribuyente que recibió el servicio de submaquila, lo acreditó con los comprobantes fiscales y su contabilidad -pólizas, cheques, fichas de depósito y estados de cuenta-, elementos que coincidieron con los movimientos de dinero, esto es, el pago o salida de su cuenta bancaria, en la fecha y cantidad en que también recibió en su cuenta y efectivamente cobró el proveedor, documentación que, en conjunto, resulta idónea para acreditar que se recibió el servicio.

Lo anterior sirve para demostrar que resulta por demás ilegal que la autoridad fiscal este exigiendo como en el caso que se le expuso documentación excesiva, como puede ser control de inventarios, el activo consistente en los vehículos de trasporte utilizados para mover la mercancía etc, la lista puede ser larga, documentación por demás excesiva fuera de los parámetros del principio de razonabilidad que está obligada a respetar, para exigirle a un contribuyente acreditar la materialidad de sus operaciones, si lo está haciendo o está siendo asesorado a hacerlo, debe quedar claro eso resulta contrario a derecho y un servidor lo exhorta a que evite hacerlo, ya que la autoridad fiscal está violando en su perjuicio entre otros el principio de seguridad jurídica y principio de razonabilidad, por lo que lo invito para que se acerque al profesionista de su confianza, con la finalidad de que lo asesore adecuadamente sobre cómo atender este tipo de procedimientos y de ser el caso implemente los instrumentos de defensa adecuados para que evite terminar siendo objeto de facultades de comprobación y/o pagando créditos fiscales ilegales y arbitrarios. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 14 junio, 2018 en Sin categoría

Cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD). Ilegal con la simple publicación del emisor como EFO definitivo.

Cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD). Ilegal con la simple publicación del emisor como EFO definitivo.

  • La luciérnaga brilla cuando vuela, la mente también.
  • Bailey.

El artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece como supuesto para que la autoridad fiscal proceda a la cancelación de los CSD, de un contribuyente, el que las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación tengan conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

Por su parte, el diverso 42 del mismo ordenamiento legal, prevé los diversos procedimientos mediante los cuales las autoridades fiscales ejercerán sus facultades de comprobación.

Por lo que para que se actualicen las hipótesis de cancelación de los CSD previstas en el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del CFF, en particular la consistente en “que la autoridad fiscal detecte que los comprobantes fiscales digitales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas”, es insuficiente con que la resolución determinante de la cancelación se sustente en el procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF, seguido y agotado en contra del contribuyente, sino que es necesario que dicha autoridad hubiere ejercido alguna de las facultades de comprobación reguladas por el diverso artículo 42 del mismo Código.

Lo anterior es así ya que el citado procedimiento es una facultad diversa a las de comprobación con que cuenta la autoridad, tan es así que, en su último párrafo, dispone que sólo en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal podrá determinar los créditos fiscales que correspondan y considerar como actos o contratos simulados a las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales.

Lo antes anotado, lo orienta el siguiente criterio que me permito transcribirle:

CRITERIO JURISDICCIONAL 28/2018 (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 20/04/2018) CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD). A JUICIO DEL ÓRGANO JUDICIAL NO SE ACTUALIZAN LAS HIPÓTESIS DE CANCELACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO C), DEL CFF, SI NO SE HA EJERCIDO ALGUNA DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN REGULADAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. El artículo 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece como uno de los supuestos para que proceda la cancelación de los CSD, el que las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación tengan conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas y por su parte, el diverso 42 del mismo ordenamiento legal, prevé los diversos procedimientos mediante los cuales las autoridades fiscales ejercerán sus facultades de comprobación. En ese sentido, el Órgano Judicial consideró que para que se actualicen las hipótesis de cancelación de los CSD previstas en el artículo 17-H, fracción X, inciso c), del CFF, en particular la consistente en “que la autoridad fiscal detecte que los comprobantes fiscales digitales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas”, no basta con que la resolución determinante de la cancelación se sustente en el procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF, seguido y agotado en contra del contribuyente, sino que es necesario que dicha autoridad hubiere ejercido alguna de las facultades de comprobación reguladas por el diverso artículo 42 del mismo Código, toda vez que el citado procedimiento es una facultad diversa a las de comprobación con que cuenta la autoridad, tan es así que en su último párrafo, dispone que sólo en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal podrá determinar los créditos fiscales que correspondan y considerar como actos o contratos simulados a las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales.

Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2017. Sentencia firme.

Relacionado con:

Criterio Sustantivo 13/2015/CTN/CS-SASEN “SELLO DIGITAL. CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO, EN FACULTADES DE COMPROBACIÓN.”

Criterio Sustantivo 17/2016/CTN/CS-SPDC “SELLO DIGITAL. DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO EN FACULTADES DE COMPROBACIÓN, ES ILEGAL BASADO EN EL HECHO DE QUE EL CONTRIBUYENTE AL QUE SE LE ATRIBUYE HABER DEDUCIDO OPERACIONES COMO SIMULADAS, SE UBICÓ EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF).”

Por lo antes anotado y en caso de encontrarse en este supuesto, podrá esgrimir este argumento de defensa para que se ordene levantar el desbloqueo vía juicio de nulidad. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 9 junio, 2018 en Sin categoría

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El artículo 36 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 2 de abril de 2014, establece que, cuando la autoridad tenga conocimiento de la pérdida de la contabilidad del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, se encuentre obligada a recibirle una plazo para su reconstrucción, siendo omiso dicho artículo en señalar el plazo para hacerlo.

ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como poder comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el conocimiento del artículo 36 del Reglamento al rubro citado.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

Época: Décima Época, Registro: 2016916, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h, Materia (s): (Constitucional), Tesis: 2a. XXXIII / 2018 (10a.)

CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2014, QUE ESTABLECE SU RECONSTRUCCIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.La interpretación sistemática y armónica del precepto citado permite concluir que la ausencia de plazo para reconstruir la contabilidad, implica que cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se destruyó la contabilidad del contribuyente, por caso fortuito o fuerza mayor, y esté o no ejerciendo sus facultades de comprobación o gestión tributaria, debe conceder, caso por caso y mediante resolución debidamente fundada y motivada, un plazo razonable, que no podrá ser menor a cuatro meses, al contribuyente para reconstruirla mediante el método de concentración, ya que, de otra forma, éste no tendría los elementos mínimos para saber cuánto tiempo tiene para ese efecto, ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como resultado comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el entendimiento así del artículo 36 del Reglamento al rubro citado, no viola el derecho a la seguridad jurídica.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 4751/2017. Las Misiones Club Campestre, A.C. 22 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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Deja un comentarioPublicado por  en 3 junio, 2018 en Sin categoría

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

El Primero el que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que reza que la Empresa que Dedujo Operaciones simuladas (EDOS), cuenta con un plazo de 30 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del contribuyente que haya sido incluido en la lista negra, para acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios en cuyo caso deberá estar en constate revisión del listado definitivo para acceder a este plazo.

El Segundo puede producirse cuando concluido el plazo de treinta días, que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, ha sido opinión de PRODECON, que tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad.

El Tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

OPERACIONES INEXISTENTES. DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF, NO SE DESPRENDE QUE PREVEA LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LOS RECEPTORES DE LOS CFDI PARA DEMOSTRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLAS. Del análisis del texto, hipótesis y consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones que se amparan en los CFDI. El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal. Sin embargo, en opinión de Prodecon, el no ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes. El segundo momento puede producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad. Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

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Deja un comentarioPublicado por  en 7 mayo, 2018 en Sin categoría

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.30741722_1915673201785849_8760879294017699840_oAcompáñenos en nuestros próximos cursos  04 de Mayo de 2018 en Cancún y 18 de Mayo de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Fijo: 01 777 170 1474 Cel: 646 111 8168. WatsApp: +52 1 646 111 8168. Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades.

Por su parte, la Regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año.

Ahora de un análisis armónico del marco legal que se ocupa de regular la suspensión de actividades de las personas morales (artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, artículo 29, fracción V del Reglamento y regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018), encontramos que no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Código y el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar la temporalidad de dos años contenida en la regla 2.5.12 de la RMF-2018, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general,

Sirve de sustento para mi presente entrega el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

CRITERIO JURISDICCIONAL 48/2017 (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 23/06/2017) Página 115 de 141.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL LA RELATIVA A LAS PERSONAS MORALES NO ESTÁ LIMITADA A DOS AÑOS PRORROGABLES A UNO ADICIONAL. De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades. Por su parte, la Regla 2.5.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año. Ahora bien, a consideración del Órgano Judicial la citada regla excede lo que disponen tanto el CFF como su Reglamento al limitar la suspensión de actividades de las personas morales a dos años prorrogables por un año adicional y obligarlas a reanudar sus actividades o cancelar su registro, pues del análisis a los citados artículos 27 y 29, fracción V, no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar dicha temporalidad, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general, sobrepasando las disposiciones contenidas en un ordenamiento emanado de un proceso Legislativo.

Por tanto, debe tener presente que la multicitada regla 2.5.12 de la RMF-2018, viola el principio de subordinación jerárquica y el de reserva de ley, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

Apoya lo antes dicho, el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

VIII-P-SS-193

REGLA 2.5.14 DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.- De conformidad con los artículos 29, fracción V y 30, fracción IV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para efectos del artículo 27 del Código aludido, las personas físicas y morales están obligadas a presentar el aviso de suspensión de actividades, cuando estas interrumpan sus actividades económicas, liberando al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante la suspensión de sus actividades, excepto tratándose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades y cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a periodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades y que durante el periodo de la suspensión el contribuyente no queda relevado de prestar los demás avisos a que se refiere el artículo 29 del citado Reglamento, sin que dicho precepto normativo establezca plazo máximo alguno en el que deba permanecer en suspensión de actividades. Mientras que la Regla 2.5.14 en cuestión, dispone que la suspensión de actividades tendrá una duración por dos años, la cual podrá prorrogarse solo hasta en una ocasión por un año, obligando al contribuyente a que una vez fenecido dicho plazo, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes. Lo anterior, viola el principio de subordinación jerárquica, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

De ahí que de encontrarse en el supuesto de que la autoridad lo obligue una vez fenecido el plazo de 2 años, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes o en su caso lo reanude la autoridad y le imponga las medidas coercitivas respectivas (multas etc), podrá entablar una defensa exitosa en tribunales, por lo que aquí se le apunto.Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+51 1 646 111 8168.
Evento Organizado por IFA.

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Deja un comentarioPublicado por  en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.29386203_10208816960861437_1616275061969256448_oAcompáñenos en CDMX “. Fecha 19 de Abril de 2018. Curso “Curso Defensa Fiscal Vs Operaciones Simuladas”. Informes y Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Teléfonos: Fijo: 01 777 170 1474.
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Evento Organizado por IFA.
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  • El principio y elemento de las cosas es lo indefinido.
  • Anaximandro.

 

 

En el tema de Defensa Fiscal contra operaciones simuladas o inexistentes contenidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, actualmente existen agravios de forma y agravios de fondo que podemos hacer valer en tribunales para obtener una sentencia favorable a los intereses de nuestros asesorados, los primeros atienden mayormente a la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones y los segundos a la indebida valoración de las pruebas con las que se acredita que los bienes y servicios efectivamente se celebraron con el caudal probatorio que se exhibió ante la autoridad dentro del plazo que establece el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, a saber 15 días para los EFOS y de 30 días para los EDOS.

Por tanto, hoy se encuentra bajo el escrutinio de los especialistas una resolución jurisdiccional que guarda estrecha relación con uno de los agravios de forma que se hacen valer en tribunales, dado que en la práctica hemos obtenido sentencias favorables por esa razón, la cual fue dictada mediante sesión de 7 de febrero de 2018, por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió el amparo directo en revisión número 3827/2017, por el que se cuestionó el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, que se dirige al emisor del comprobante fiscal, en la parte que, en ese apartado no se establece plazo alguno a la autoridad fiscal para emitir resolución, ni mucho menos consecuencia alguna para el caso de ser omisa en hacerlo, por tanto se violaba en su perjuicio entre otros el principio de seguridad jurídica, lo que tornaba a dicha disposición legal, inconstitucional.

La porción normativa sujeta a análisis señala lo siguiente:

Artículo 69-B.

Tercer Párrafo: Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

 

De lo anterior, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyo que dicha porción normativa contrario a lo que sostenía el quejoso es constitucional y no viola el principio de seguridad jurídica, reconoció que en efecto no se establece plazo para dictar resolución pero que la falta de plazo para que la autoridad emita resolución en ese tipo de asuntos, se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco o diez años, en cuyo caso se extingue la facultad de la autoridad fiscal prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad citados.

Entre los argumentos vertidos por la 1ra Sala, encontramos los siguientes:

En efecto, del tercer párrafo del precepto en cuestión, sólo se advierte la previsión legislativa acerca de que (transcurrido el término para que el contribuyente para que desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió) la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de cinco días para valorar las pruebas y defensas hechas valer.

Como se puede observar de la lectura del precepto transcrito, únicamente está regulada la forma en que la autoridad deberá dar a conocer la resolución correspondiente, a saber por medio de buzón tributario, sin que para ello disponga un plazo para la propia emisión de la resolución ni para su notificación.

 

Ahora bien, si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, ni el plazo para su notificación, lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional, como se sostuvo con anterioridad, porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, dado que conforme al primer párrafo de dicho precepto, en el plazo de cinco o diez años, en su caso, se extingue la facultad de la autoridad fiscal para prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad señalados.

Lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es contrario a derecho y atenta directamente contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como apertura la posibilidad de entablar nuevos argumentos de defensa en el tema de operaciones simuladas o inexistentes de asuntos que se presenten en lo futuro, ya que esta pierde de vista al momento de resolver que en materia fiscal existe la figura de “CADUCIDAD GENERAL y CADUCIDAD ESPECIAL”, por tanto, la 1ra Sala en un yerro de su parte, trata de suplir los vicios de constitucionalidad que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con la figura de la “Caducidad General”, contenida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que en efecto como lo sostiene (prevé la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales).

Sin embargo, en los procedimientos especiales, como el que se encuentra contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la “Caducidad General”, se encuentra suspendida y debe ser relevada por la diversa figura de “Caducidad Especial”, para sostener mi análisis que le expongo, es imprescindible atender el siguiente criterio dictado sobre el tema:

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala, en el cuarto párrafo de su fracción IV, que el plazo establecido en dicho artículo para que opere la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar omisiones e imponer sanciones, no está sujeto a interrupción y que sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de la misma ley, o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio. En esta segunda hipótesis la suspensión opera con la sola interposición del medio de defensa, es decir, con independencia de lo que se resuelva en el recurso administrativo o juicio; ello, atendiendo a que la norma en comento no condiciona su actualización a lo que resuelva el órgano jurisdiccional. Por tal motivo, si la ley no distingue, no es dable hacerlo al juzgador y, en consecuencia, lo que debe corroborarse en los casos en que se alegue la suspensión del plazo de caducidad de las facultades legales de comprobación de las autoridades fiscales, será comprobar la existencia del medio de defensa y computar el término de cinco años excluyendo el tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. Lo anterior, en virtud de que la suspensión implica que el periodo transcurrido hasta antes de que acontezca el evento suspensor no se pierde sino que se acumula al que transcurra una vez extinguido el señalado evento.

En esa medida, es requisito indispensable que las normas que atribuyen facultades a las autoridades administrativas, limiten su marco de actuación, de tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no pueda ser producto de la actuación arbitraria de la autoridad, sino que se encuentre justificada por los hechos que rodean una determinada situación que advierte la autoridad administrativa y, por otra parte, que la medida contemplada en dichas normas sea proporcional con el fin que se busca, de tal manera que no sea excesiva, de ahí que la figura de “Caducidad Especial”, deba prevalecer en el artículo que se analiza, la cual no se contiene, en este contexto es posible desprender otros agravios que se podrán hacer valer en tribunales para defender estos asuntos en tribunales, los cuales ya estamos introduciendo en las demandas que interponemos en los asuntos que por este concepto manejamos en tribunales, así como los estaremos incluyendo como tema como parte de los cursos que impartimos sobre la Defensa Fiscal de Operaciones Simuladas o Inexistentes. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Deja un comentarioPublicado por  en 2 marzo, 2018 en Sin categoría

La Materialidad de Operaciones Presuntamente Inexistentes o Simuladas, desde el punto de vista analítico.

 

“Somos Inteligencia Fiscal Aplicada S.C.”

Lic Tahua

 

Cuando hablamos de materialidad podemos entenderla como una cualidad que guarda las cosas o dicho de otra manera la ¨apariencia de las cosas¨.

Por lo que a través del presente estudio conceptualiza la Materialidad de las Operaciones conforme a lo indicado en la Autoridad Fiscal en sus diversas resoluciones. Segmentado de la siguiente manera:

  1. Presunción
  2. Soporte de operaciones
  3. Solicitud de información adicional
  4. Formalidades de las documentales presentadas
  5. Exigibilidad de la materialidad, falta de fundamentación
  6. Solicitud de información de proveedores.
  7. Facultad discrecional de la autoridad.

La presunción como el primer acto por parte de la Autoridad Fiscal, que consiste en determinar que sus operaciones son simuladas aunque cuenten con comprobantes que amparan lo contrario, asumiendo que los contribuyentes carecen de:

  • Activos, personales, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan cuentos comprobantes.

La simulación se ejemplifica cuando el contribuyente ha realizado operaciones, el derivado de la emisión de su correspondiente comprobante, a lo cual, la autoridad que presuntamente no cuenta con los requisitos que definimos anteriormente, o simplemente se encuentra en el supuesto de no localizados.

Dando paso a la segunda etapa referente al Soporte de Operaciones, donde la Autoridad requiere a los contribuyentes un respaldo de las actividades comerciales, que el alcalde de los casos que considera insuficientes las medidas aportadas, lo anterior a criterio de la autoridad, por Lo que es indispensable hacer notar que la acreditación de esta materialidad no se encuentra hasta el momento estipulado dentro del marco legal, aun así que en ocasiones la autoridad requiere al contribuyente de información adicional, sin notificación previa que el mismo bajo el supuesto del artículo multimuestrado 69-B, todo esto con fines de carencia de deducción o acreditamiento solicitado por el contribuyente.

El soporte de operaciones se acredita por el medio de los documentos aportados por las operaciones realizadas, las mismas que requieren ser tangibles que cumplen con los criterios que establece la autoridad fiscal, la autoridad fiscal solicita la manera desmedida una gran cantidad de información que no se encuentra en los diversos servicios de la empresa, servicios de entrega de productos de la empresa o de nuestros proveedores, entradas de almacén, currículum de prestadores de servicios, órdenes de compra, facturas, transferencias bancarias , entre otras. Que claramente cae en exceso de sus facultades y en ocasiones resulta poco viable el adquirir información detallada de nuestra empresa o de proveedores.

Por lo tanto, la autoridad en sus facultades de verificación también se requiere información adicional, con la finalidad de determinar si las operaciones fueron efectuadas, la solicitud de información por parte de la Autoridad Fiscal en todo momento debe estar apegada al principio de razonabilidad como lo menciona la siguiente tesis:

 TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

VII-CASR-SUE-4

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE REALIZA LAS AUTORIDADES FISCALES CON APOYO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.), DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.- Si bien conforme a la referencia jurisprudencia, de rubro “COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURIS-PRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)] “emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de julio de 2013, cuando las autoridades fiscales consideraron que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso,lo cierto es que dicho requerimiento debe efectuarse a la luz del principio de razonabilidad, entendiendo como información necesaria; Aquella que sea suficiente para lograr la finalidad que se pretende, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobierno. En esa medida, si la autoridad fiscal requiere un contribuyente fiscalizado, la información y documentación para un tercero para comprobar la existencia de sus operaciones fiscales, por ejemplo, cuando, el requisito para que exhiba los estados de cuenta de los terceros que le presuponen préstamos, que comprueban si los acreedores están disponibles de los recursos financieros suficientes para efectuarlos en la fecha en que están relacionados con la operación, o que comprendan la afectación o la disminución del patrimonio de los acreedores; es claro que dicho requerimiento resulta ilegal, por mensaje de información y documentación sobre el cual el contribuyente no puede estar disponible libremente . : Ademásconforme los artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que realizan las instituciones de crédito, es confidencial , por lo que las instituciones aludidas, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en cualquier caso, para recibir noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino únicamente al depósito, titular, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 898 / 13-15-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 10 de marzo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: César Edgar Sánchez Vázquez.- Secretario : Lic. Juan Alberto Canseco Pérez.

RTFJFA Séptima Época. Año IV. No. 34. Mayo 2014. p. 455

Situación que a todas luces no sucede de esta manera, lo anterior se adentra en la Solicitud de Información Adicional, como ya se mencionó en la prueba anterior, debe estar apegada al Principio de Razonabilidad, que no requiere la aplicación de este principio, otorga facultades desmedidas a la Autoridad.

Por Lo Que Una Vez Que la Autoridad Solicita Información, el contribuyente aportará SUS documentales Que acrediten la materialidad de Operaciones, Siendo insuficientes en la Mayoría de los Casos para la Autoridad, por Lo Que solicitará de nueva Cuenta Información de la Información ya presentada, Haciendo caer al contribuyente en un círculo vicioso que lo único que quiera, que el contribuyente llegue al punto de no cumplir con lo requerido por no estar en sus manos, o simplemente no sr actos propios.

Como un claro ejemplo tenemos la siguiente tesis que menciona:

TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VII-CASR-GO-18

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. LA AUTORIDAD fiscalizadora NO PUEDE requérir DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA QUE EL ESTABA OBLIGADO A contribuyente LLEVAR DE ACUERDO CON EL RÉGIMEN FISCAL ES QUE ES EL EJERCICIO TRIBUTABA REVISADO .- Si el Objeto de la Solicitud de Información y Documentación es verificar el Cumplimiento de las Obligaciones fiscales una cola el contribuyente this afecto y con anterioridad a la emisión de la Solicitud de Información y Documentación Que da inicio a las facultades de comprobación, la Autoridad no ha Determinado Que por El ejercicio Sujeto fiscal de una revisión de el contribuyente tributa en régimen ONU fiscal Que es realidad no le corresponde,es ilegal que en el caso de que se requiera información y documentación distinta a la que legalmente está obligado a llevarse a cabo durante el tiempo indicado que se encuentra inscrito.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14 / 798-13-01-03-06-OT.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de septiembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.

RTFJFA Séptima Época. Año V. No. 45. Abril 2015. p. 219

Esta Tesis nos muestra el claro ejemplo en que se establece un límite a la Autoridad que se refiere a la Solicitud de Información Desmedida, es difícil de creer que aún con estos antecedentes no existan, que es un alto al actuar de la Autoridad.

Con respecto al punto en el que se encuentran las formalidades de las pruebas documentales, donde en diversas ocasiones no se cumple con la información solicitada al contribuyente con la finalidad de acreditar las operaciones realizadas, la Autoridad exige que las probanzas se ubiquen protocolizadas ante notario, es decir invalida las documentales se presentan como contratos con proveedores por ninguna parte y antenas marítimas ante la fe de notario público o inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, representando una grave afectación para el contribuyente, ya que en ocasiones por las actividades comerciales diversas, no se requiere de una formalidad como la antes mencionada, dejando en un estado grave de indefensión al contribuyente ya que estas operaciones quedaran sin efectos fiscales.

Es oportuno mencionar que la Exigibilidad de la Materialidad, la misma que mencionó en nuestro punto número cinco, no se encuentra fundado bajo ningún artículo específico de Operaciones Simuladas, es decir, se encuentra ante una falta de fundamentación, lo anterior y lo que la autoridad fiscal debe fundar y argumentar el motivo por el cual el contribuyente debe contar con los activos que crea las cosas para las actividades que desarrolla, por lo que no será suficiente el criterio con base en su criterio el por qué no cuenta con lo necesario para desarrollar su objeto social. Hasta el momento no se ha definido cuáles son los activos, la infraestructura, los bienes, la capacidad y otros elementos con los que se deba contar una empresa para llevar a cabo un cierto número de operaciones, o simplemente algo que se debe comprar para vender una determinada cantidad.

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENO SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. ” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.”, respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, párrafo de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en su camino de respeto a la autoridad debe sujetar sus actos de molestia a supeditados, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que debe cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano puede constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de la autoridad competente y que se encuentran debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a la acción aprobada por la autoridad competente, en el marco de la adopción de la adopción en el título nacional de otra garantía primaria del derecho a la seguridad, denominado principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer eso para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto fundamento y motivación, la segunda parte del Tribunal de la definición definitiva, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicado en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOVACIÓN.”, Que por lo primero se entiende que ha expresado con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y por motivación, que también se debe tener que ver con precisión las circunstancias especiales, las características particulares o las causas inmediatas que se vieron afectadas por su emisión, siendo necesarias, además, que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas, que tengan el sentido primordial, que el beneficiario del destino el marco normativo en el que el acto de molestia surge y las causas de hecho consideradas para emitirlo, puede ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa versión de primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe presentar una postura dogmática, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; también se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como la entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuando los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Solicitud de información de proveedores, referente a este punto, se determinó por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se estableció en qué casos un gasto puede llegar a ser estrictamente indispensable para una empresa, lo que sucede cuando le reportamos un beneficio , de no hacerlo, dejar de usar su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la vía de la deducción del pago por el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en perjuicio de la hacienda federal. se debe considerar que la información no es útil para determinar el grado de vinculación del servicio contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resultando innecesaria cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, hay que tener en cuenta el hecho de que el contratista tenga la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las personas que lo ejecutan, datos que no están asegurados para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erosión.

Por último, como facultad discrecional de la autoridad, el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación establece una facultad discrecional a favor de las autoridades fiscales, la cual si bien es cierto que no es para ejercer o aplicar en forma caprichosa o arbitraria, dado que la autoridad para el efecto debe ajustarse a la ley ya la lógica, y desde luego está sujeta a un control constitucional, también es el hecho de que el particular satisface los requisitos previstos en la hipótesis legal, no es suficiente para que la autoridad forzosamente deba aplicar la consecuencia, ya que queda a discreción, naturalmente expresada en forma fundada y motivada, situación que no ocurre en la práctica, que puede esperar en la próxima determinación de la Autoridad:

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Queda en total estado de incertidumbre bajo que fundamentación y motivación se llegó a esta determinación, ya que el contribuyente cumplió con la información que le solicitaba la autoridad con la finalidad de desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes, solicitando nueva cuenta información adicional, misma que no obra en manos del afectado por ser sus propios actos, dando como resultado una afectación grave a los derechos del contribuyente.

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Deja un comentarioPublicado por  en 2 marzo, 2018 en Sin categoría

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.Lic Tahua

Cuando hablamos de Actividades Vulnerables, automáticamente nos remontamos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente llamada LFPIORPI, de la que hablaremos en el presente artículo, específicamente la actividad de Arrendamiento, Obligaciones, Multas y Medios de Defensa que podemos invocar en caso de incurrir en alguna omisión.

Recordemos que el objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Dentro de las obligaciones para los contribuyentes que realicen Actividades Vulnerables en términos del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, es decir:

Pasos

  • Alta
  • Presentar el aviso de manera mensual
  • Identificar a sus clientes y conservar la documentación por un plazo de 5 años.

Dentro de las actividades que son consideraras vulnerables, en específico las de Arrendamiento, que por lo tanto reciben un tratamiento especial por parte de la autoridad fiscal, que a continuación la define como:

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $129,363.00 pesos utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA), al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, considerándose a partir de esta cifra actividad vulnerable.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $258,726.00 utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA).

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley, tal como lo establece el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es importante mencionar que en caso de incumplir con dichas obligaciones, podrá encontrarse ante sanciones por parte de la Autoridad, en concreto multas que varían conforme a:

 CONDUCTA SEÑALADA  MULTA (UMA)
·      Abstenerse de cumplir con los requerimientos establecidos en la propia LFPIORPI·      El Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios·      Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los Avisos

·      En el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la ley

$16,120.00 hasta $161,200.00
   Omitir el envío de Avisos  $806,000.00 hasta $5,239,000.00O entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor.

Las multas que se determinen, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución (PAE).

Como caso de excepción la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Por lo anterior es importante conocer las obligaciones con respecto a las actividades que desarrollan nuestros clientes, y en caso de encontrarse ante un crédito fiscal derivado de alguna de las conductas antes señaladas, recurrir a un Abogado en Materia Fiscal que nos asesore con la finalidad de proporcionar tranquilidad a nuestros clientes sin repercutir en sus finanzas.

Nos encontramos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría, recordándole que somos expertos en la Materia y cuestiones como estas solucionamos cotidianamente. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 21 febrero, 2018 en Sin categoría

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Deja un comentarioPublicado por  en 18 abril, 2018 en Sin categoría

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.

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– “Cancún 04 de Mayo de 2018.

-“CDMX” 18 de Mayo de 2018.

Al “Curso Defensa Fiscal Contra Operaciones Simuladas y Alternativas Para Acreditar su Materialidad”.

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  • Respira tu destino con tanta pasión
  • que sepas lo que vendrá.
  • Enrique Chavero Flores.

Es común hoy en día en la operación normal de un contribuyente sea Persona Física o Moral, que, para poder operar adecuadamente, tenga aperturado en el sistema financiero nacional más de una cuenta bancaria, con motivo de ello, realizar traspasos de numerario (dinero) entre ellas, para estar en aptitud de hacerle frente a sus diferentes tipos de compromisos de pago.

Ante ello, hoy en día constituye también un verdadero problema que esas operaciones la autoridad fiscal cuando ejerce facultades de comprobación, acumule esos depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente como ingresos presuntos, por qué a decir de esta, no corresponden a registros bancarios de los que se está obligado a llevar, fundándose para ello en lo dispuesto en la fracción III del artículo 59 del Código del Código Fiscal de la Federación.

En esas condiciones en términos de lo preceptuado por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, corresponde al contribuyente desvirtuar contrario a lo que afirma la autoridad fiscal que esos depósitos no corresponde a ingresos no declarados, si no como ya se dijo corresponden a traspasos entre cuentas del propio contribuyente.

Por tanto, las pruebas idóneas para desvirtuar la presuntiva de ingresos, por traspaso entre cuentas resulta la exhibición de los estados de cuenta bancarios debidamente precisados en el apartado donde coincidan las cantidades traspasadas, así como la prueba pericial contable con pliego de preguntas idóneas que demuestren la coincidencia entre las cantidades observadas en el proceso de revisión al que fue objeto el contribuyente y que observo indebidamente como ingreso presunto la autoridad fiscal.

Apoya lo que se expone, el criterio número VIII-P-1aS-320, dictado por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, de rubro y texto siguiente:

 

VIII-P-1aS-320

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.- Si la parte actora controvierte la determinación presuntivarealizada por la autoridad fiscal de conformidad con la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, al considerar como ingresos los depósitos de sus cuentas bancarias que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, aduciendo que se trata de traspasos entre cuentas propias, tiene la carga de demostrar sus pretensiones en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que debe precisar y exhibir los estados de cuenta y demás documentos de donde se advierta dicho traspaso, además ofrecer la prueba pericial contable con la que mediante preguntas idóneas se apoye al juzgador a dilucidar si existe correspondencia entre las cantidades trasferidas, si se registró contablemente dicha operación y que además, no se incrementó el patrimonio de la enjuiciante.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-50
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/23370-24-01-01-01-OL/15/36-S1-04-30.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de octubre de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 84

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-1aS-320
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17817/16-17-03-2/3940/17-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de febrero de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 20. Marzo 2018. p. 201

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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
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Deja un comentarioPublicado por  en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

SABADOS
10:00 – 15:00 HRS.

 

SABADOS
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“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.

“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.Publicado el 15 de Abril de 2018.


Si desea consultar el articulo completo puede adquirir  la edición numero 216 del mes de Abril de 2018 de la revista “Defensa Fiscal”  que puede adquirir  en las tiendas Sanborns de su ciudad.


 

Para efectos de mi presente entrega, debo comenzar por señalar que la doctrina jurídica señala que existen varios métodos y técnicas de interpretación de las disposiciones legales, de todos ellos, el que predomina en la materia fiscal es el método denominado exegético, estricto o literal, este sistema utiliza preponderantemente el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas, en el derecho del principio de legalidad que tiene más importancia en el derecho tributario que en otras ramas del derecho, que no tiene impuesto sobre la ley expresa que lo establezca.

Continua … ..

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Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.31144214_1922066951146474_839820111010332672_o“Curso Cancún” 04/MAYO/18
“DEFENSA FISCAL OPERACIONES SIMULADAS Y ALTERNATIVAS PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD”
COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Análisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.
RESERVACIONES LIC. TAHUA COVARRUBIAS:

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Deja un comentarioPublicado por  en 9 junio, 2018 en Sin categoría

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.

Perdida de contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Plazo para su reconstrucción.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

El artículo 36 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 2 de abril de 2014, establece que, cuando la autoridad tenga conocimiento de la pérdida de la contabilidad del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, se encuentre obligada a recibirle una plazo para su reconstrucción, siendo omiso dicho artículo en señalar el plazo para hacerlo.

ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como poder comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el conocimiento del artículo 36 del Reglamento al rubro citado.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

Época: Décima Época, Registro: 2016916, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h, Materia (s): (Constitucional), Tesis: 2a. XXXIII / 2018 (10a.)

CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2014, QUE ESTABLECE SU RECONSTRUCCIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.La interpretación sistemática y armónica del precepto citado permite concluir que la ausencia de plazo para reconstruir la contabilidad, implica que cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se destruyó la contabilidad del contribuyente, por caso fortuito o fuerza mayor, y esté o no ejerciendo sus facultades de comprobación o gestión tributaria, debe conceder, caso por caso y mediante resolución debidamente fundada y motivada, un plazo razonable, que no podrá ser menor a cuatro meses, al contribuyente para reconstruirla mediante el método de concentración, ya que, de otra forma, éste no tendría los elementos mínimos para saber cuánto tiempo tiene para ese efecto, ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como resultado comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el entendimiento así del artículo 36 del Reglamento al rubro citado, no viola el derecho a la seguridad jurídica.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 4751/2017. Las Misiones Club Campestre, A.C. 22 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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Deja un comentarioPublicado por  en 3 junio, 2018 en Sin categoría

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.

Las 3 oportunidades con las que los EDOS cuentan para acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas.Flyer 22 cdmxAcompáñenos en nuestro próximo curso el 22 de Junio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369. Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

El Primero el que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que reza que la Empresa que Dedujo Operaciones simuladas (EDOS), cuenta con un plazo de 30 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del contribuyente que haya sido incluido en la lista negra, para acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios en cuyo caso deberá estar en constate revisión del listado definitivo para acceder a este plazo.

El Segundo puede producirse cuando concluido el plazo de treinta días, que se establece en el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, ha sido opinión de PRODECON, que tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad.

El Tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

Lo antes dicho, tiene sustento en el siguiente criterio que se transcribe:

 

OPERACIONES INEXISTENTES. DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF, NO SE DESPRENDE QUE PREVEA LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE LOS RECEPTORES DE LOS CFDI PARA DEMOSTRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLAS. Del análisis del texto, hipótesis y consecuencias jurídicas del referido precepto, así como del estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación (CFF), se puede apreciar que existen tres momentos para que los contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS) al recibir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de los contribuyentes publicados en el listado definitivo del artículo 69-B (EFOS-Empresas que facturan operaciones simuladas), puedan desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones que se amparan en los CFDI. El primer momento es el establecido, precisamente, en el quinto párrafo del artículo 69-B del CFF, que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, que corrigieron su situación fiscal. Sin embargo, en opinión de Prodecon, el no ejercer ese derecho dentro del plazo aludido no implica que precluya la posibilidad de hacerlo con posterioridad, toda vez que lo cierto es que el EDO no ha sido notificado personal y directamente dentro de un proceso que lo vincule a demostrar dicha materialidad, sin que obste la publicación del contribuyente emisor de los comprobantes en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que dicha publicación no puede surtir efectos de notificación frente a los terceros que recibieron esos comprobantes. El segundo momento puede producirse cuando concluido el mencionado plazo de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse; empero si no lo hacen, en opinión de esta Procuraduría, tampoco precluiría el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, ya que dichas cartas no representan un acto de afectación, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que no resultan impugnables por no constituir, precisamente, un acto de autoridad. Finalmente, se estima que el tercer y definitivo momento para que el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce en su contra alguno de los procedimientos de fiscalización previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF; consecuentemente, en opinión de Prodecon, la última oportunidad que tienen las personas físicas o morales para acreditar la referida materialidad se actualiza hasta que se les instaura el procedimiento de revisión fiscal respectivo.

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Deja un comentarioPublicado por  en 7 mayo, 2018 en Sin categoría

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.

Ilegal limitar a un plazo de 2 años, la suspensión de actividades de las Personas Morales.30741722_1915673201785849_8760879294017699840_oAcompáñenos en nuestros próximos cursos  04 de Mayo de 2018 en Cancún y 18 de Mayo de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Fijo: 01 777 170 1474 Cel: 646 111 8168. WatsApp: +52 1 646 111 8168. Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades.

Por su parte, la Regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año.

Ahora de un análisis armónico del marco legal que se ocupa de regular la suspensión de actividades de las personas morales (artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, artículo 29, fracción V del Reglamento y regla 2.5.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018), encontramos que no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Código y el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar la temporalidad de dos años contenida en la regla 2.5.12 de la RMF-2018, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general,

Sirve de sustento para mi presente entrega el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

CRITERIO JURISDICCIONAL 48/2017 (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 23/06/2017) Página 115 de 141.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL LA RELATIVA A LAS PERSONAS MORALES NO ESTÁ LIMITADA A DOS AÑOS PRORROGABLES A UNO ADICIONAL. De los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 29, fracción V, de su Reglamento, se desprende que las personas morales están obligadas a proporcionar la información relacionada en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento del citado Código, entre los cuales se encuentra el de suspensión de actividades. Por su parte, la Regla 2.5.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, señala que las personas morales podrán presentar por única ocasión el aviso de suspensión de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas y que ésta tendrá una duración de dos años que podrá prorrogarse sólo hasta en una ocasión por un año. Ahora bien, a consideración del Órgano Judicial la citada regla excede lo que disponen tanto el CFF como su Reglamento al limitar la suspensión de actividades de las personas morales a dos años prorrogables por un año adicional y obligarlas a reanudar sus actividades o cancelar su registro, pues del análisis a los citados artículos 27 y 29, fracción V, no se aprecia que haya sido voluntad del Titular del Ejecutivo al emitir el Reglamento y menos aún del Legislador, establecer una temporalidad para la duración de la suspensión de actividades, o que se haya facultado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para determinar dicha temporalidad, ello pues la suspensión de actividades contiene intrínsecamente la noción de transitoriedad, por lo que si no se estableció ni en el CFF ni en su Reglamento que la suspensión de actividades debe ser por un periodo no mayor a dos años, no es válido que el SAT pretenda decretar dicha consecuencia a través de una regla de carácter general, sobrepasando las disposiciones contenidas en un ordenamiento emanado de un proceso Legislativo.

Por tanto, debe tener presente que la multicitada regla 2.5.12 de la RMF-2018, viola el principio de subordinación jerárquica y el de reserva de ley, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

Apoya lo antes dicho, el siguiente criterio que tiene aplicación por analogía:

VIII-P-SS-193

REGLA 2.5.14 DE LA QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.- De conformidad con los artículos 29, fracción V y 30, fracción IV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para efectos del artículo 27 del Código aludido, las personas físicas y morales están obligadas a presentar el aviso de suspensión de actividades, cuando estas interrumpan sus actividades económicas, liberando al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante la suspensión de sus actividades, excepto tratándose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades y cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a periodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades y que durante el periodo de la suspensión el contribuyente no queda relevado de prestar los demás avisos a que se refiere el artículo 29 del citado Reglamento, sin que dicho precepto normativo establezca plazo máximo alguno en el que deba permanecer en suspensión de actividades. Mientras que la Regla 2.5.14 en cuestión, dispone que la suspensión de actividades tendrá una duración por dos años, la cual podrá prorrogarse solo hasta en una ocasión por un año, obligando al contribuyente a que una vez fenecido dicho plazo, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes. Lo anterior, viola el principio de subordinación jerárquica, ya que contraviene la naturaleza declarativa del Registro Federal de Contribuyentes, obligando al contribuyente a reanudar sus actividades económicas, o a terminarlas definitivamente, para efectos de presentar el aviso respectivo de reanudación o de cancelación, lo que conlleva al contribuyente a que modifique su situación fiscal concreta y no simplemente a informarla ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación que rebasa lo dispuesto en el texto normativo de los artículos reglamentarios mencionados.

De ahí que de encontrarse en el supuesto de que la autoridad lo obligue una vez fenecido el plazo de 2 años, deba presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el Registro Federal de Contribuyentes o en su caso lo reanude la autoridad y le imponga las medidas coercitivas respectivas (multas etc), podrá entablar una defensa exitosa en tribunales, por lo que aquí se le apunto.Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
Cel: 646 111 8168.
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Deja un comentarioPublicado por  en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.29386203_10208816960861437_1616275061969256448_oAcompáñenos en CDMX “. Fecha 19 de Abril de 2018. Curso “Curso Defensa Fiscal Vs Operaciones Simuladas”. Informes y Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Teléfonos: Fijo: 01 777 170 1474.
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  • El principio y elemento de las cosas es lo indefinido.
  • Anaximandro.

 

 

En el tema de Defensa Fiscal contra operaciones simuladas o inexistentes contenidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, actualmente existen agravios de forma y agravios de fondo que podemos hacer valer en tribunales para obtener una sentencia favorable a los intereses de nuestros asesorados, los primeros atienden mayormente a la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones y los segundos a la indebida valoración de las pruebas con las que se acredita que los bienes y servicios efectivamente se celebraron con el caudal probatorio que se exhibió ante la autoridad dentro del plazo que establece el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, a saber 15 días para los EFOS y de 30 días para los EDOS.

Por tanto, hoy se encuentra bajo el escrutinio de los especialistas una resolución jurisdiccional que guarda estrecha relación con uno de los agravios de forma que se hacen valer en tribunales, dado que en la práctica hemos obtenido sentencias favorables por esa razón, la cual fue dictada mediante sesión de 7 de febrero de 2018, por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió el amparo directo en revisión número 3827/2017, por el que se cuestionó el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, que se dirige al emisor del comprobante fiscal, en la parte que, en ese apartado no se establece plazo alguno a la autoridad fiscal para emitir resolución, ni mucho menos consecuencia alguna para el caso de ser omisa en hacerlo, por tanto se violaba en su perjuicio entre otros el principio de seguridad jurídica, lo que tornaba a dicha disposición legal, inconstitucional.

La porción normativa sujeta a análisis señala lo siguiente:

Artículo 69-B.

Tercer Párrafo: Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

 

De lo anterior, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyo que dicha porción normativa contrario a lo que sostenía el quejoso es constitucional y no viola el principio de seguridad jurídica, reconoció que en efecto no se establece plazo para dictar resolución pero que la falta de plazo para que la autoridad emita resolución en ese tipo de asuntos, se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco o diez años, en cuyo caso se extingue la facultad de la autoridad fiscal prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad citados.

Entre los argumentos vertidos por la 1ra Sala, encontramos los siguientes:

En efecto, del tercer párrafo del precepto en cuestión, sólo se advierte la previsión legislativa acerca de que (transcurrido el término para que el contribuyente para que desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió) la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de cinco días para valorar las pruebas y defensas hechas valer.

Como se puede observar de la lectura del precepto transcrito, únicamente está regulada la forma en que la autoridad deberá dar a conocer la resolución correspondiente, a saber por medio de buzón tributario, sin que para ello disponga un plazo para la propia emisión de la resolución ni para su notificación.

 

Ahora bien, si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, ni el plazo para su notificación, lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional, como se sostuvo con anterioridad, porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, dado que conforme al primer párrafo de dicho precepto, en el plazo de cinco o diez años, en su caso, se extingue la facultad de la autoridad fiscal para prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad señalados.

Lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es contrario a derecho y atenta directamente contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como apertura la posibilidad de entablar nuevos argumentos de defensa en el tema de operaciones simuladas o inexistentes de asuntos que se presenten en lo futuro, ya que esta pierde de vista al momento de resolver que en materia fiscal existe la figura de “CADUCIDAD GENERAL y CADUCIDAD ESPECIAL”, por tanto, la 1ra Sala en un yerro de su parte, trata de suplir los vicios de constitucionalidad que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con la figura de la “Caducidad General”, contenida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que en efecto como lo sostiene (prevé la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales).

Sin embargo, en los procedimientos especiales, como el que se encuentra contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la “Caducidad General”, se encuentra suspendida y debe ser relevada por la diversa figura de “Caducidad Especial”, para sostener mi análisis que le expongo, es imprescindible atender el siguiente criterio dictado sobre el tema:

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala, en el cuarto párrafo de su fracción IV, que el plazo establecido en dicho artículo para que opere la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar omisiones e imponer sanciones, no está sujeto a interrupción y que sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de la misma ley, o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio. En esta segunda hipótesis la suspensión opera con la sola interposición del medio de defensa, es decir, con independencia de lo que se resuelva en el recurso administrativo o juicio; ello, atendiendo a que la norma en comento no condiciona su actualización a lo que resuelva el órgano jurisdiccional. Por tal motivo, si la ley no distingue, no es dable hacerlo al juzgador y, en consecuencia, lo que debe corroborarse en los casos en que se alegue la suspensión del plazo de caducidad de las facultades legales de comprobación de las autoridades fiscales, será comprobar la existencia del medio de defensa y computar el término de cinco años excluyendo el tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. Lo anterior, en virtud de que la suspensión implica que el periodo transcurrido hasta antes de que acontezca el evento suspensor no se pierde sino que se acumula al que transcurra una vez extinguido el señalado evento.

En esa medida, es requisito indispensable que las normas que atribuyen facultades a las autoridades administrativas, limiten su marco de actuación, de tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no pueda ser producto de la actuación arbitraria de la autoridad, sino que se encuentre justificada por los hechos que rodean una determinada situación que advierte la autoridad administrativa y, por otra parte, que la medida contemplada en dichas normas sea proporcional con el fin que se busca, de tal manera que no sea excesiva, de ahí que la figura de “Caducidad Especial”, deba prevalecer en el artículo que se analiza, la cual no se contiene, en este contexto es posible desprender otros agravios que se podrán hacer valer en tribunales para defender estos asuntos en tribunales, los cuales ya estamos introduciendo en las demandas que interponemos en los asuntos que por este concepto manejamos en tribunales, así como los estaremos incluyendo como tema como parte de los cursos que impartimos sobre la Defensa Fiscal de Operaciones Simuladas o Inexistentes. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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La Materialidad de Operaciones Presuntamente Inexistentes o Simuladas, desde el punto de vista analítico.

 

“Somos Inteligencia Fiscal Aplicada S.C.”

Lic Tahua

 

Cuando hablamos de materialidad podemos entenderla como una cualidad que guarda las cosas o dicho de otra manera la ¨apariencia de las cosas¨.

Por lo que a través del presente estudio conceptualiza la Materialidad de las Operaciones conforme a lo indicado en la Autoridad Fiscal en sus diversas resoluciones. Segmentado de la siguiente manera:

  1. Presunción
  2. Soporte de operaciones
  3. Solicitud de información adicional
  4. Formalidades de las documentales presentadas
  5. Exigibilidad de la materialidad, falta de fundamentación
  6. Solicitud de información de proveedores.
  7. Facultad discrecional de la autoridad.

La presunción como el primer acto por parte de la Autoridad Fiscal, que consiste en determinar que sus operaciones son simuladas aunque cuenten con comprobantes que amparan lo contrario, asumiendo que los contribuyentes carecen de:

  • Activos, personales, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan cuentos comprobantes.

La simulación se ejemplifica cuando el contribuyente ha realizado operaciones, el derivado de la emisión de su correspondiente comprobante, a lo cual, la autoridad que presuntamente no cuenta con los requisitos que definimos anteriormente, o simplemente se encuentra en el supuesto de no localizados.

Dando paso a la segunda etapa referente al Soporte de Operaciones, donde la Autoridad requiere a los contribuyentes un respaldo de las actividades comerciales, que el alcalde de los casos que considera insuficientes las medidas aportadas, lo anterior a criterio de la autoridad, por Lo que es indispensable hacer notar que la acreditación de esta materialidad no se encuentra hasta el momento estipulado dentro del marco legal, aun así que en ocasiones la autoridad requiere al contribuyente de información adicional, sin notificación previa que el mismo bajo el supuesto del artículo multimuestrado 69-B, todo esto con fines de carencia de deducción o acreditamiento solicitado por el contribuyente.

El soporte de operaciones se acredita por el medio de los documentos aportados por las operaciones realizadas, las mismas que requieren ser tangibles que cumplen con los criterios que establece la autoridad fiscal, la autoridad fiscal solicita la manera desmedida una gran cantidad de información que no se encuentra en los diversos servicios de la empresa, servicios de entrega de productos de la empresa o de nuestros proveedores, entradas de almacén, currículum de prestadores de servicios, órdenes de compra, facturas, transferencias bancarias , entre otras. Que claramente cae en exceso de sus facultades y en ocasiones resulta poco viable el adquirir información detallada de nuestra empresa o de proveedores.

Por lo tanto, la autoridad en sus facultades de verificación también se requiere información adicional, con la finalidad de determinar si las operaciones fueron efectuadas, la solicitud de información por parte de la Autoridad Fiscal en todo momento debe estar apegada al principio de razonabilidad como lo menciona la siguiente tesis:

 TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

VII-CASR-SUE-4

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE REALIZA LAS AUTORIDADES FISCALES CON APOYO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.), DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.- Si bien conforme a la referencia jurisprudencia, de rubro “COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURIS-PRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)] “emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de julio de 2013, cuando las autoridades fiscales consideraron que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso,lo cierto es que dicho requerimiento debe efectuarse a la luz del principio de razonabilidad, entendiendo como información necesaria; Aquella que sea suficiente para lograr la finalidad que se pretende, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobierno. En esa medida, si la autoridad fiscal requiere un contribuyente fiscalizado, la información y documentación para un tercero para comprobar la existencia de sus operaciones fiscales, por ejemplo, cuando, el requisito para que exhiba los estados de cuenta de los terceros que le presuponen préstamos, que comprueban si los acreedores están disponibles de los recursos financieros suficientes para efectuarlos en la fecha en que están relacionados con la operación, o que comprendan la afectación o la disminución del patrimonio de los acreedores; es claro que dicho requerimiento resulta ilegal, por mensaje de información y documentación sobre el cual el contribuyente no puede estar disponible libremente . : Ademásconforme los artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que realizan las instituciones de crédito, es confidencial , por lo que las instituciones aludidas, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en cualquier caso, para recibir noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino únicamente al depósito, titular, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 898 / 13-15-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 10 de marzo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: César Edgar Sánchez Vázquez.- Secretario : Lic. Juan Alberto Canseco Pérez.

RTFJFA Séptima Época. Año IV. No. 34. Mayo 2014. p. 455

Situación que a todas luces no sucede de esta manera, lo anterior se adentra en la Solicitud de Información Adicional, como ya se mencionó en la prueba anterior, debe estar apegada al Principio de Razonabilidad, que no requiere la aplicación de este principio, otorga facultades desmedidas a la Autoridad.

Por Lo Que Una Vez Que la Autoridad Solicita Información, el contribuyente aportará SUS documentales Que acrediten la materialidad de Operaciones, Siendo insuficientes en la Mayoría de los Casos para la Autoridad, por Lo Que solicitará de nueva Cuenta Información de la Información ya presentada, Haciendo caer al contribuyente en un círculo vicioso que lo único que quiera, que el contribuyente llegue al punto de no cumplir con lo requerido por no estar en sus manos, o simplemente no sr actos propios.

Como un claro ejemplo tenemos la siguiente tesis que menciona:

TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VII-CASR-GO-18

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. LA AUTORIDAD fiscalizadora NO PUEDE requérir DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA QUE EL ESTABA OBLIGADO A contribuyente LLEVAR DE ACUERDO CON EL RÉGIMEN FISCAL ES QUE ES EL EJERCICIO TRIBUTABA REVISADO .- Si el Objeto de la Solicitud de Información y Documentación es verificar el Cumplimiento de las Obligaciones fiscales una cola el contribuyente this afecto y con anterioridad a la emisión de la Solicitud de Información y Documentación Que da inicio a las facultades de comprobación, la Autoridad no ha Determinado Que por El ejercicio Sujeto fiscal de una revisión de el contribuyente tributa en régimen ONU fiscal Que es realidad no le corresponde,es ilegal que en el caso de que se requiera información y documentación distinta a la que legalmente está obligado a llevarse a cabo durante el tiempo indicado que se encuentra inscrito.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14 / 798-13-01-03-06-OT.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de septiembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.

RTFJFA Séptima Época. Año V. No. 45. Abril 2015. p. 219

Esta Tesis nos muestra el claro ejemplo en que se establece un límite a la Autoridad que se refiere a la Solicitud de Información Desmedida, es difícil de creer que aún con estos antecedentes no existan, que es un alto al actuar de la Autoridad.

Con respecto al punto en el que se encuentran las formalidades de las pruebas documentales, donde en diversas ocasiones no se cumple con la información solicitada al contribuyente con la finalidad de acreditar las operaciones realizadas, la Autoridad exige que las probanzas se ubiquen protocolizadas ante notario, es decir invalida las documentales se presentan como contratos con proveedores por ninguna parte y antenas marítimas ante la fe de notario público o inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, representando una grave afectación para el contribuyente, ya que en ocasiones por las actividades comerciales diversas, no se requiere de una formalidad como la antes mencionada, dejando en un estado grave de indefensión al contribuyente ya que estas operaciones quedaran sin efectos fiscales.

Es oportuno mencionar que la Exigibilidad de la Materialidad, la misma que mencionó en nuestro punto número cinco, no se encuentra fundado bajo ningún artículo específico de Operaciones Simuladas, es decir, se encuentra ante una falta de fundamentación, lo anterior y lo que la autoridad fiscal debe fundar y argumentar el motivo por el cual el contribuyente debe contar con los activos que crea las cosas para las actividades que desarrolla, por lo que no será suficiente el criterio con base en su criterio el por qué no cuenta con lo necesario para desarrollar su objeto social. Hasta el momento no se ha definido cuáles son los activos, la infraestructura, los bienes, la capacidad y otros elementos con los que se deba contar una empresa para llevar a cabo un cierto número de operaciones, o simplemente algo que se debe comprar para vender una determinada cantidad.

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENO SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. ” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.”, respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, párrafo de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en su camino de respeto a la autoridad debe sujetar sus actos de molestia a supeditados, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que debe cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano puede constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de la autoridad competente y que se encuentran debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a la acción aprobada por la autoridad competente, en el marco de la adopción de la adopción en el título nacional de otra garantía primaria del derecho a la seguridad, denominado principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer eso para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto fundamento y motivación, la segunda parte del Tribunal de la definición definitiva, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicado en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOVACIÓN.”, Que por lo primero se entiende que ha expresado con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y por motivación, que también se debe tener que ver con precisión las circunstancias especiales, las características particulares o las causas inmediatas que se vieron afectadas por su emisión, siendo necesarias, además, que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas, que tengan el sentido primordial, que el beneficiario del destino el marco normativo en el que el acto de molestia surge y las causas de hecho consideradas para emitirlo, puede ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa versión de primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe presentar una postura dogmática, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; también se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como la entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuando los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Solicitud de información de proveedores, referente a este punto, se determinó por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se estableció en qué casos un gasto puede llegar a ser estrictamente indispensable para una empresa, lo que sucede cuando le reportamos un beneficio , de no hacerlo, dejar de usar su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la vía de la deducción del pago por el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en perjuicio de la hacienda federal. se debe considerar que la información no es útil para determinar el grado de vinculación del servicio contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resultando innecesaria cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, hay que tener en cuenta el hecho de que el contratista tenga la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las personas que lo ejecutan, datos que no están asegurados para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erosión.

Por último, como facultad discrecional de la autoridad, el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación establece una facultad discrecional a favor de las autoridades fiscales, la cual si bien es cierto que no es para ejercer o aplicar en forma caprichosa o arbitraria, dado que la autoridad para el efecto debe ajustarse a la ley ya la lógica, y desde luego está sujeta a un control constitucional, también es el hecho de que el particular satisface los requisitos previstos en la hipótesis legal, no es suficiente para que la autoridad forzosamente deba aplicar la consecuencia, ya que queda a discreción, naturalmente expresada en forma fundada y motivada, situación que no ocurre en la práctica, que puede esperar en la próxima determinación de la Autoridad:

Imagen 1

Queda en total estado de incertidumbre bajo que fundamentación y motivación se llegó a esta determinación, ya que el contribuyente cumplió con la información que le solicitaba la autoridad con la finalidad de desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes, solicitando nueva cuenta información adicional, misma que no obra en manos del afectado por ser sus propios actos, dando como resultado una afectación grave a los derechos del contribuyente.

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Deja un comentarioPublicado por  en 2 marzo, 2018 en Sin categoría

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.Lic Tahua

Cuando hablamos de Actividades Vulnerables, automáticamente nos remontamos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente llamada LFPIORPI, de la que hablaremos en el presente artículo, específicamente la actividad de Arrendamiento, Obligaciones, Multas y Medios de Defensa que podemos invocar en caso de incurrir en alguna omisión.

Recordemos que el objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Dentro de las obligaciones para los contribuyentes que realicen Actividades Vulnerables en términos del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, es decir:

Pasos

  • Alta
  • Presentar el aviso de manera mensual
  • Identificar a sus clientes y conservar la documentación por un plazo de 5 años.

Dentro de las actividades que son consideraras vulnerables, en específico las de Arrendamiento, que por lo tanto reciben un tratamiento especial por parte de la autoridad fiscal, que a continuación la define como:

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $129,363.00 pesos utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA), al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, considerándose a partir de esta cifra actividad vulnerable.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $258,726.00 utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA).

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley, tal como lo establece el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es importante mencionar que en caso de incumplir con dichas obligaciones, podrá encontrarse ante sanciones por parte de la Autoridad, en concreto multas que varían conforme a:

 CONDUCTA SEÑALADA  MULTA (UMA)
·      Abstenerse de cumplir con los requerimientos establecidos en la propia LFPIORPI·      El Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios·      Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los Avisos

·      En el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la ley

$16,120.00 hasta $161,200.00
   Omitir el envío de Avisos  $806,000.00 hasta $5,239,000.00O entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor.

Las multas que se determinen, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución (PAE).

Como caso de excepción la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Por lo anterior es importante conocer las obligaciones con respecto a las actividades que desarrollan nuestros clientes, y en caso de encontrarse ante un crédito fiscal derivado de alguna de las conductas antes señaladas, recurrir a un Abogado en Materia Fiscal que nos asesore con la finalidad de proporcionar tranquilidad a nuestros clientes sin repercutir en sus finanzas.

Nos encontramos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría, recordándole que somos expertos en la Materia y cuestiones como estas solucionamos cotidianamente. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 21 febrero, 2018 en Sin categoría

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Deja un comentarioPublicado por  en 18 abril, 2018 en Sin categoría

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.30741722_1915673201785849_8760879294017699840_o

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Es común hoy en día en la operación normal de un contribuyente sea Persona Física o Moral, que, para poder operar adecuadamente, tenga aperturado en el sistema financiero nacional más de una cuenta bancaria, con motivo de ello, realizar traspasos de numerario (dinero) entre ellas, para estar en aptitud de hacerle frente a sus diferentes tipos de compromisos de pago.

Ante ello, hoy en día constituye también un verdadero problema que esas operaciones la autoridad fiscal cuando ejerce facultades de comprobación, acumule esos depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente como ingresos presuntos, por qué a decir de esta, no corresponden a registros bancarios de los que se está obligado a llevar, fundándose para ello en lo dispuesto en la fracción III del artículo 59 del Código del Código Fiscal de la Federación.

En esas condiciones en términos de lo preceptuado por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, corresponde al contribuyente desvirtuar contrario a lo que afirma la autoridad fiscal que esos depósitos no corresponde a ingresos no declarados, si no como ya se dijo corresponden a traspasos entre cuentas del propio contribuyente.

Por tanto, las pruebas idóneas para desvirtuar la presuntiva de ingresos, por traspaso entre cuentas resulta la exhibición de los estados de cuenta bancarios debidamente precisados en el apartado donde coincidan las cantidades traspasadas, así como la prueba pericial contable con pliego de preguntas idóneas que demuestren la coincidencia entre las cantidades observadas en el proceso de revisión al que fue objeto el contribuyente y que observo indebidamente como ingreso presunto la autoridad fiscal.

Apoya lo que se expone, el criterio número VIII-P-1aS-320, dictado por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, de rubro y texto siguiente:

 

VIII-P-1aS-320

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.- Si la parte actora controvierte la determinación presuntivarealizada por la autoridad fiscal de conformidad con la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, al considerar como ingresos los depósitos de sus cuentas bancarias que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, aduciendo que se trata de traspasos entre cuentas propias, tiene la carga de demostrar sus pretensiones en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que debe precisar y exhibir los estados de cuenta y demás documentos de donde se advierta dicho traspaso, además ofrecer la prueba pericial contable con la que mediante preguntas idóneas se apoye al juzgador a dilucidar si existe correspondencia entre las cantidades trasferidas, si se registró contablemente dicha operación y que además, no se incrementó el patrimonio de la enjuiciante.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-50
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/23370-24-01-01-01-OL/15/36-S1-04-30.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de octubre de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 84

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-1aS-320
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17817/16-17-03-2/3940/17-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de febrero de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 20. Marzo 2018. p. 201

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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
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Deja un comentarioPublicado por  en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.

“Operaciones Simuladas”. ¡Defensa Fiscal de Exito!. Los elementos: Activo, personal, Infraestructura y Capacidad Material son un todo.Publicado el 15 de Abril de 2018.


Si desea consultar el articulo completo puede adquirir  la edición numero 216 del mes de Abril de 2018 de la revista “Defensa Fiscal”  que puede adquirir  en las tiendas Sanborns de su ciudad.


 

Para efectos de mi presente entrega, debo comenzar por señalar que la doctrina jurídica señala que existen varios métodos y técnicas de interpretación de las disposiciones legales, de todos ellos, el que predomina en la materia fiscal es el método denominado exegético, estricto o literal, este sistema utiliza preponderantemente el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas, en el derecho del principio de legalidad que tiene más importancia en el derecho tributario que en otras ramas del derecho, que no tiene impuesto sobre la ley expresa que lo establezca.

Continua … ..

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Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.31144214_1922066951146474_839820111010332672_o“Curso Cancún” 04/MAYO/18
“DEFENSA FISCAL OPERACIONES SIMULADAS Y ALTERNATIVAS PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD”
COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.

 

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Análisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.
RESERVACIONES LIC. TAHUA COVARRUBIAS:

Fijo: 01 998 884 06 98.

Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+52 1 646 111 8168.
Correo: ifa@live.com.mx
Evento Organizado por IFA.

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SABADOS
10:00 – 15:00 HRS.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 junio, 2018 en Sin categoría

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Publicado por en 6 julio, 2018 en Sin categoría

 

Curso: CDMX 27 de Julio de 2018. “Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad”.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

“Nuestros cursos incluyen análisis de procedimientos en sede administrativa para acreditación de material y sentencias recientes en sede contenciosa, captadas por nuestra oficina de oficinas ubicadas en: Acapulco, Cancún y Puebla, así como agravios de última generación”.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del CFF (Análisis a fondo)
a) .- Supuestos de aplicación.
b) .- Formalidades que deben colmar la autoridad.
c) .- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d) .- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e) .- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a) .- Adecuada atención del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas. 
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

3.- Si soy EDO (a) publicado en lista negra definitiva:
a) .- Atención al inicio del procedimiento del 69-B del CFF
b) .- Plazo para aportar pruebas.
c) .- Computo de Plazo para aportar pruebas y ya de que momento hacerlo.
c) .- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que pueden hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a) .- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT ha llegado al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b) .- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente está citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para defenderse).
c) .- Alternativas y soluciones para una toma de decisiones adecuada.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del CFF
a) .- Análisis de los requisitos de las especificaciones que utilizan la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos fiscales, en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b) .- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundamentar la determinación de los créditos financiados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c) .- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del CFF, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

LA UNICA FORMA DE ASEGURAR SU LUGAR ES REALIZANDO SU DEPOSITO.

Fecha 27 de Julio de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx  . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

 
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Publicado por en 3 julio, 2018 en Sin categoría

 

Se publica reforma al artículo 69-B C.F.F En 30 días entra en vigor.

Se publica reforma al artículo 69-B C.F.F En 30 días entra en vigor.

36285152_10209356052858400_437644969755279360_nAcompáñenos en nuestro próximo curso el 27 de Julio ​​de 2018 en CDMX. “Defensa Operaciones Simuladas y Materialidad”. Reservaciones: Fijo: 01 (777) 100 1747. Cel: 045 777 265 1369. WhatsApp: +52 1 777 265 1369.  Correo: ifa@live.com.mx . Evento Organizado por “Inteligencia Fiscal Aplicada”.

 

  • La perseverancia refleja siempre el estado de nuestra vida interior,
  • de nuestra filosofía y de nuestra perspectiva.
  • David Guterson.

Con fecha 25 de junio de 2018, se publica en el DOF, el decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con lo que el referido artículo pasa de 6 párrafos a tener 9 párrafos, cuando esta iniciativa fue presentada para su discusión y aprobación se indicó que la finalidad que persigue es la de otorgar mayor certeza a los contribuyentes y velar la seguridad jurídica de estos últimos, lo cierto es que los legisladores están supliendo las deficiencias de constitucionalidad que dicho artículo adolecía y actualmente dan pie a ganar estos juicios de forma lisa y llana en tribunales.

Se le transcribirá el artículo completo tal y como quedo con la reforma, pero entre los puntos importantes a saber se encuentran los siguientes:

1.- Se incluye la posibilidad de que el contribuyente solicite una prórroga de 5 días, cuando se encuentre dentro del plazo de 15 días previsto en el 2do párrafo del artículo 69-B CFF, para ofrecer pruebas y realizar argumentos.

2.- Se incluye la facultad de requerir mayor información y documentación al contribuyente, otorgándose a este último un plazo de 10 días para atenderlo.

3.- Se amplia de 5 a 50 días el plazo con el que cuenta la autoridad para valorar las pruebas y dictar resolución.

4.- Se establece que la autoridad fiscal deberá publicar un listado trimestral de aquellos contribuyentes que alcanzaron a desvirtuar las operaciones presuntas.

5.- Se establece que la consecuencia de no valorar, dictar y notificar resolución dentro del nuevo plazo de 50 días, acarreara dejar sin efectos la presunción de operaciones simuladas o inexistentes.

El artículo reformado quedo de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente.

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las normas jurídicas vigentes en el momento de su inicio.

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la Mora, Secretaria.- Rúbricas.

Solo resta indicar que como se advierte de su transitorio primero el referido artículo entrara en vigor a los 30 días posteriores a su publicación y que los procedimientos iniciados antes de la entrada de su vigencia se tramitarán y resolverán con la legislación anterior. Se recomienda poner especial atención a la materialidad, ya que una vez que este artículo esté funcionando cobrara mayor relevancia ese rubro. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Publicado por en 25 junio, 2018 en Sin categoría