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Revisiones Electrónicas Inconstitucionales. Defensa Fiscal de Éxito 2017.

Revisiones Electrónicas Inconstitucionales. Defensa Fiscal de Éxito 2017.
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“Curso CDMX”. Fecha 29 de Junio de 2017. (Defensa Fiscal Contenciosa).
Reservaciones: Lic. Alma Delia Rueda Ramos. Teléfonos: 01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93 Cels. 22 21 72 46 17 WhatsApp: 2221724617 Evento organizado por ALRO.

  • «Imposible, significa que no has encontrado la solución»
  • Henry Ford.
  • Publicado el 22 de Junio de 2017. Alas 5:40 P.M.

 

A partir de 1º de enero de 2014, el articulo 42 Fracción IX del Código Fiscal de la Federación, faculta a la autoridad hacendaria (SAT) a fiscalizar bajo el nuevo sistema de auditoría denominado Revisión Electrónica, el artículo que se analiza en la parte que nos interesa señala:

Artículo 42 CFF. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

Fracc. IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones.

Por su parte el artículo 53-B del precitado Código Fiscal, indique la forma en la que se desarrollará esta, así tenemos que una Revisión Eléctrica que verifique la autoridad fiscal en contra de un contribuyente, se compone de las siguientes etapas:

           1.- Dictado de una resolución provisional a la que, se le acompañará un oficio de pre liquidación, derivado de la revisión previa de su información y documentación que obra en la base de datos de la autoridad fiscal. En la que se le da a conocer los hechos que derivaron en omisión de contribuciones y aprovechamientos y la comisión de otras irregularidades. (Un pre-crédito fiscal)

           2.- Requerimiento al contribuyente, responsable solidario o tercero, que concede un plazo de 15 días siguientes a la notificación de la citada resolución, para que manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación, que desvirtúe las irregularidades o acredite el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional.

           3.- Pasado el plazo de los 10 previstos en el punto que antecede, y dentro de los diez días siguientes, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a los siguientes procedimientos:

a).- Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, el cual deberá ser atendido dentro del plazo de diez días siguientes a partir de la notificación del segundo requerimiento y

b).- Solicitará información y documentación de un tercero, lo que deberá darse a conocer al contribuyente dentro de los diez días siguientes a esto. El tercero cuenta con un plazo de 10 días para atender la solicitud, en el entendido que la información y documentación que aporte, se deberá dar a conocer al contribuyente, dentro de los diez días siguientes a aquel en que el tercero la haya aportado; para que el contribuyente en los 10 posteriores a la notificación manifieste lo que a su derecho convenga y

4.- La autoridad dictara y notificara resolución dentro de los 45 días con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que hayan vencido los plazos previstos en los puntos 2 y 3 incisos a) y b), del presente articulo.

Ahora bien estimado lector, la inconstitucionalidad que le expongo en el presente artículo, que nos llevará a la obtención de declaratorias de nulidad lisa y llana en tribunales de los créditos fiscales que le hayan podido fincar o le finque la autoridad fiscal al incoarle está facultad de comprobación denominada “Revisión Electrónica”, consiste en que la instrucción legislativa al momento de dotar a la autoridad fiscal de esta nueva facultad de comprobación previó que todo el procedimiento o auditoría como prefiera llamarle, se desahogará de forma electrónica y por conducto del buzón tributario.

Mi análisis se corrobora de la interpretación armónica que se sirva realizar una vez que le dé lectura al penúltimo párrafo del articulo 53-B del Código Fiscal de la Federación, que es puntual en señalar, que actos, resoluciones y promociones se notificarán y presentarán por conducto del buzón tributario.

Con base en lo anterior, cabe recordar que por mandato constitucional, en íntima relación con el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, es obligación de la autoridad como acto reglado emitir sus actos de molestia debidamente fundados y motivados, por tanto no puede pasar por alto que la autoridad fiscal al momento de efectuar cualquier notificación de los actos que emita al ejercer una “Revisión Electrónica”, lo hará como ya lo señale por facultad expresa del penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vía buzón tributario, el cual es inconstitucional, ya que las reglas 2.2.6 y 2.2.7 de RMF-2017, que emitió el SAT, para pretender dar cumplimiento al último párrafo del artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, son inconstitucionales.

La inconstitucionalidad de las reglas RMF-17 que le expongo, encuentran sustento en la Tesis de Jurisprudencia: XVII.1o.P.A. J/13 (10a.), Materia(s): Constitucional, Administrativa, Registro: 2014351, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Época: Décima Época de texto y rubro:

BUZÓN TRIBUTARIO. LAS REGLAS 2.2.6. Y 2.2.7. DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 Y 2016, RESPECTIVAMENTE, AL PREVER UN SOLO MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE CUENTEN CON AQUÉL RECIBAN LOS AVISOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INCUMPLAN LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 17-K, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Del artículo 17-K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario, deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria, mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija, de entre aquellos que se den a conocer mediante las reglas de carácter general, esto es, que contará con los medios o mecanismos de comunicación, en su concepción plural. Ahora bien, el Ejecutivo Federal pretendió cumplir lo ordenado por el precepto citado, por medio de las reglas 2.2.6. y 2.2.7. de las Resoluciones Miscelánea Fiscal para 2015 y 2016, respectivamente -cuya redacción coincide integralmente-, pero dispuso de un solo medio de comunicación, que es el correo electrónico, con lo cual, evidentemente no satisface la instrucción legislativa de que sean dos o más medios de comunicación como elegibles u opcionales para el contribuyente, pues no es suficiente la expresión que señala: “…para elegir el mecanismo de comunicación los contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco…”, ya que aunque el particular cuente hasta con cinco correos electrónicos, ello no constituye los diferentes mecanismos de comunicación a que obliga el artículo 17-K mencionado y, por tanto, las reglas de carácter general aludidas son ilegales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Habida cuenta que nuestro máximo tribunal ha señalado que una norma declarada inconstitucional no puede producir efecto legal alguno, de tal suerte que bastará llevar este argumento a la estrategia de defensa que se plantee para obtener una sentencia de nulidad lisa y llana en beneficio de nuestros representados. Ya que con base en lo que le expongo podemos alegar una serie de alternativas de argumentos que basándome en mi experiencia, no tendrán problema en declararse procedentes en tribunales. Como siempre la recomendación es ponerse en manos de un especialista de confianza para llevara a buen puerto este tipo de asuntos. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio 20 años de trayectoria profesional nos respaldan. Temas como este veremos en nuestro próximo curso de Defensa Fiscal Contenciosa a celebrarse el 29 de junio de 2017 en la CDMX, solicítenos informes. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes vía inbox. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted. (Recuerde que este análisis lo introduce al medio fiscal por primera vez “Inteligencia Fiscal Aplicada”, aquí no seguimos la defensa fiscal, aquí la creamos).

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
  • Socio Director de Inteligencia Fiscal Aplicada S.C.
  • Contacto:
  • Blog: blogifa.wordpress.com
  • Facebook: Inteligencia Fiscal Aplicada Sc
  • Twitter:@ChaveroEnrique
  • @IFA_SC
  • Correo: chaveroenrique@gmail.com
  • WatsApp: (+52 1 744 174 58 81)

 

 
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Publicado por en 22 junio, 2017 en Defensa Fiscal, Sin categoría

 

Seminario Defensa Fiscal Contenciosa 2017

Seminario Defensa Fiscal Contenciosa 2017

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Curso Fiscal Denominado “Seminario Defensa Fiscal contenciosa 2017” , Este 29 de Junio de 2017 en CDMX. 

Temario y Expositor:

  • 1.-Tema para contadores.

    Guia de atencion a requerimientos de autoridad.
    Cómo debe contestarlo.
    Qué está obligado a exhibir.
    Qué no está obligado a exhibir.
    Cómo evitar convalidar actos ilegales de la autoridad fiscal.
    Cómo hacer caer en errores a la autoridad dentro de facultades de comprobación.
    Cómo opera el principio de razonabilidad en beneficio del contribuyente.
    Algunos errores que hemos detectado que comete la autoridad fiscal en facultades de comrpobación (Haga que juegen a su favor.).
    Cartas Invitación. (Manejo en Operaciones Simuladas).


  • 2.- CANCELACION CSD
    Supuestos.
    Atención vía Caso de aclaración.
    Alternativas de Defensa CANCELACION CSD.
    Administrativa y contenciosa.

    3.- Devolución de Impuestos.
    Marco legal.
    Incostitucionalidad.
    Defensa negativa fiscal de devolución de Impuestos. (Supuestos Prácticos)

    4.-Operaciones simuladas.
    Marco legal.
    Supuestos de Aplicación por parte de la Autoridad fiscal.
    Inconstitucionalidades para hacerlas valer en La Defensa.
    Alternativas de Defensa Fiscal 69-B del CFF (Abarca todos los Escenarios).

    5.- Defensa Fiscal Contra:
    Notificaciones vía Buzón Tributario inconstitucionales.
    Créditos Fiscales determinados y notificados por estrados en Alguna Etapa del Proceso de revisión. (Incluye extracto de Sentencia obtenida por rubro ESE)
    Creditos Fiscales determinados en las aportaciones de capital de por Los Socios. (Incluye extracto de Sentencia obtenida por rubro ESE).
    Negativa de devolución de Impuestos.
    ARTICULO CFF 69-B. (Un agravio de última Generación y extracto de Sentencia obtenida por ese rubro). Así como diversos argumentos de defensa.
    Créditos Fiscales determinados en Ingresos Presuntos.
    Alternativas de agravios Novedosos en general.


EXP: LIC. ENRIQUE CHAVERO Flores (México, DF). Especialista en Defensa Fiscal, Administrativo y Amparos / Director General y Gerente General en IFA SC Asesoría y Capacitación Fiscal.

 

Si està Interesado, Solicite mayores Datos en los Siguientes Teléfonos:

Informes y Reservaciones:
Lic. Alma Delia Rueda Ramos
Teléfonos:
01 222 6 39 54 42 Y 01 222 6 05 18 93
Cels. 22 21 72 46 17
WhatsApp: 2221724617

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Publicado por en 13 junio, 2017 en Sin categoría

 

Buzón Tributario. Defensa Fiscal de Éxito. De las notificaciones practicadas por esa vía.

Buzón Tributario. Defensa Fiscal de Éxito. De las notificaciones practicadas por esa vía.

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  • “Curso CDMX”. Fecha 29 de Junio de 2017. (Defensa Fiscal Contenciosa).
  • Reservaciones: Lic. Alma Delia Rueda Ramos. Teléfonos: 01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93 Cels. 22 21 72 46 17 WhatsApp: 2221724617 Evento organizado por ALRO.
  • Todo parece imposible, hasta que se consigue.
  • Esa es la esencia de mi vida, nunca darme por vencido.
  • Lic. Enrique Chavero Flores.

A partir del 1º de Enero de 2014, el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, incluyó al Buzón Tributario como un medio adicional a los 5 que ya existían (1.-Notificación Personal, 2.- Correo ordinario o telegrama, 3.- Estrados, 4.- Edictos y 5.- Instructivo), para la práctica de notificaciones a los contribuyentes de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

Cabe mencionar que el buzón tributario se contemplo en el diverso artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, que entro en vigor también el 1º de Enero de 2014, indicando (en la parte que nos interesa), que consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido.

Luego ambas disposiciones es decir artículos 17-K y 134 del Código Fiscal de la Federación, son uniformes en señalar que los contribuyentes deberán de consultar su buzón tributario dentro de los 3 días posteriores a aquel en que reciban un aviso electrónico, enviado por el Servicio de Administración Tributaria mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general.

Ahora de forma especifica el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción I, párrafo séptimo, señala la consecuencia de no consultar el buzón tributario dentro del plazo de 3 días posteriores a aquel en que se reciba el aviso electrónico, esta es, que la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso.

En el entendido de que los términos en materia fiscal son fatales, la gravedad de dejar pasar una notificación de este tipo puede deparar en preclusión de plazos para impugnar un acto de autoridad.

No obstante esto último, del análisis armónico de los artículos 17-K y 134 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que ambos son coincidentes en señalar que el aviso electrónico previo a la notificación que se realiza vía buzón tributario deberá notificarse conforme al mecanismo (las 5 formas de notificación del 134 del CFF, abordadas en el 1er párrafo de este artículo), de notificación que el contribuyente elija, la autoridad fiscal mediante reglas de carácter general (RMF), tendrá que darlas a conocer.

Apartándose de ese mandato dado por el constituyente en el último párrafo del artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal al emitir las reglas 2.2.6 y 2.2.7 de RMF-2017, unicamente señala lo siguiente:

Información que se presentará a través del buzón tributario

2.2.6. Para los efectos de los artículos 17-K, fracción II; 18 y 18-A del CFF, el SAT dará a conocer a través de su portal la relación de promociones, solicitudes, avisos y demás información que presentarán los contribuyentes utilizando el apartado de “Buzón tributario”, así como la relación de servicios a su disposición que se incorporarán en el mencionado buzón.

Buzón tributario y sus mecanismos de comunicación para el envío del aviso electrónico

2.2.7. Para los efectos del artículo 17-K, primer párrafo del CFF, el buzón tributario asignado a las personas físicas y morales inscritas en el RFC, se ubica en el Portal del SAT.

En términos del artículo 17-K, último párrafo del CFF, para elegir el mecanismo de comunicación los contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco, a los cuales, una vez confirmado que cumplieron con la comprobación de autenticidad y correcto funcionamiento, serán enviados los avisos de nuevas notificaciones.

En los casos en que los contribuyentes que no elijan el mecanismo de comunicación a que se refiere el párrafo anterior y por ello, no sea posible llevar a cabo la notificación a través de buzón tributario, se actualizará el supuesto de oposición a la diligencia de notificación en términos del artículo 134, fracción III del CFF.

Para la habilitación del buzón tributario y el registro de medios de contacto se observará el procedimiento descrito en la ficha de trámite 245/CFF “Habilitación del buzón tributario y registro de medios de contacto”, contenida en el Anexo 1-A.

CFF 17-K, 134

Como se ve, las referidas reglas unicamente se limitan a disponer de un solo medio de comunicación que resulta ser el correo electronico con lo cual, evidentemente no satisface la instrucción legislativa de que sean dos o más medios de comunicación como elegibles u opcionales para el contribuyente, pues no es suficiente la expresión que se señala: “…para elegir el mecanismo de comunicación los contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo de cinco…”, ya que aunque el particular cuente hasta con cinco correos electrónicos, ello no constituye los diferentes mecanismos de comunicación a que obliga el artículo 17-K mencionado y, por tanto, las reglas de carácter general aludidas son inconstitucionales.

Sustenta mi análisis la tesis XVII.1o.P.A. J/13 (10a.), de la Época: Décima Época, Registro: 2014351, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h, Materia(s): (Administrativa) de rubro y texto:

 

BUZÓN TRIBUTARIO. LAS REGLAS 2.2.6. Y 2.2.7. DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 Y 2016, RESPECTIVAMENTE, AL PREVER UN SOLO MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE CUENTEN CON AQUÉL RECIBAN LOS AVISOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INCUMPLEN LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 17-K, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Del artículo 17-K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario, deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria, mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija, de entre aquellos que se den a conocer mediante las reglas de carácter general, esto es, que contará con los medios o mecanismos de comunicación, en su concepción plural. Ahora bien, el Ejecutivo Federal pretendió cumplir lo ordenado por el precepto citado, por medio de las reglas 2.2.6. y 2.2.7. de las Resoluciones Miscelánea Fiscal para 2015 y 2016, respectivamente -cuya redacción coincide integralmente-, pero dispuso de un solo medio de comunicación, que es el correo electrónico, con lo cual, evidentemente no satisface la instrucción legislativa de que sean dos o más medios de comunicación como elegibles u opcionales para el contribuyente, pues no es suficiente la expresión que señala: “…para elegir el mecanismo de comunicación los contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo cinco…”, ya que aunque el particular cuente hasta con cinco correos electrónicos, ello no constituye los diferentes mecanismos de comunicación a que obliga el artículo 17-K mencionado y, por tanto, las reglas de carácter general aludidas son ilegales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 110/2015. Administrador Local Jurídico de Chihuahua, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 8 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 30/2016. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 20 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Georgina Acevedo Barraza.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 35/2016. Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Hacienda y Crédito Público. 20 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Georgina Acevedo Barraza.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 44/2016. Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Hacienda y Crédito Público. 27 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: Jorge Luis Olivares López.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 9/2016. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 28 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: Jorge Luis Olivares López.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Como se advierte este análisis apertura la posibilidad de entablar una defensa fiscal exitosa en tribunales. Como siempre nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir el servicio de defensa fiscal, 20 años de trayectoria profesional nos respaldan. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes vía inbox. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted. Le compartimos que ya aperturamos una nueva oficina en Cancún, que se suma a las que ya tenemos en Acapulco y Cuernavaca, en Cancún estamos a sus ordenes en “Retorno Ixtab, No. 22, Mz. 2, Lote 31, Sm. 26, Cancun Benito Juarez Q. Roo, Cp 77509”. Al frente de ella se encuentra el Lic. José Guadalupe Yam Tuz y los teléfonos que ponemos a su disposición son Tel: (998) 884 06 98 Cel: 9982 19 25 09 / 9982 60 65 07. Sera un gusto poder servirle.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Publicado por en 9 junio, 2017 en Fiscal-Legal, Sin categoría

 

Se delimita el término “desperdicios”, para precisar en qué casos las PM deben retener el IVA trasladado.

Se delimita el término “desperdicios”, para precisar en qué casos las PM deben retener el IVA trasladado.

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  • “Curso CDMX”. Fecha 29 de Junio de 2017. (Defensa Fiscal Contenciosa).
  • Reservaciones: Lic. Alma Delia Rueda Ramos. Teléfonos: 01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93 Cels. 22 21 72 46 17 WhatsApp: 2221724617 Evento organizado por ALRO.

Derivado que el sector que maneja como actividad preponderante el de compra y venta de desperdicios se trata de los de difícil fiscalización, se hizo indispensable delimitar el concepto “desperdicios”, contenido en el artículo 1-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que indica la obligación a cargo de las personas morales, de retener el Impuesto al Valor Agregado que se les hubiera trasladado, cuando adquieran “desperdicios” para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.

En las relatadas consideraciones para efectos de que los contribuyentes den cumplimiento adecuadamente a lo ordenado en el artículo 1-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es decir las personas morales adquirentes tengan la obligación de retener el tributo que se les traslade, debe delimitarse que el término “desperdicios” se refiere a aquella mercancía que no cumple con su finalidad, función u objetivo para la cual fue creada y que le es propia según su naturaleza, lo anterior, con independencia del valor económico que pueda atribuírsele.

Por tanto, la mercancía que previo a su enajenación, se someta a un proceso de limpieza, compactación, trituración o cualquier otro similar que permita su reutilización o reciclaje, no por ese simple hecho deja de ser “desperdicio” y por lo tanto, al enajenarse, se actualiza la obligación de retener el impuesto trasladado al adquirente.

Lo anterior pese a que a través de dicho proceso, se le haya agregado un valor económico a la mercancía, pues para los efectos de 1-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los aludidos tratamientos industriales únicamente tienen como finalidad que los “desperdicios” se encuentren en aptitud de ser enajenados como insumo o para comercializarlos, pero no así se le transforma sustancialmente; sólo en la medida en que se actualice una transformación sustancial, lo cual será determinado mediante la prueba pericial que corresponda, dependiendo de la naturaleza de los bienes, es que se le conferirá a la mercancía una nueva utilidad y en ese caso, podrá dejar de considerarse como “desperdicio”, para efectos del precepto legal en comento

Lo anterior se apoya en la Jurisprudencia numero VIII-J-SS-37, emitida por el Pleno de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Mayo 2017, Revista número 10, visible a foja número 7, de rubro y texto siguiente:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL TÉRMINO “DESPERDICIOS” COMO SUPUESTO PARA QUE LAS PERSONAS MORALES QUE ADQUIEREN ESA MERCANCÍA, TENGAN LA OBLIGACIÓN DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADE, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE LA MERCANCÍA NO SEA ÚTIL PARA CONSEGUIR LA FINALIDAD U OBJETIVO QUE LE ES PROPIA, SEGÚN SU NATURALEZA, Y NO DEPENDE DEL VALOR QUE SE LE PUEDA AGREGAR EN UN PROCESO PREVIO.- El artículo 1-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1o de enero de 1999, dispone la obligación a cargo de las personas morales, de retener el Impuesto al Valor Agregado que se les hubiera trasladado, cuando adquieran “desperdicios” para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización; sin embargo, la citada Ley no establece qué debe entenderse por “desperdicio” para efecto de que se actualice la carga de retener el gravamen trasladado al adquiriente; de tal suerte que conforme a una interpretación gramatical y a la finalidad perseguida por el legislador en la norma, consistente en reducir la evasión fiscal en sectores de difícil fiscalización, se tiene que el término “desperdicios” se refiere a aquella mercancía que no cumple con su finalidad, función u objetivo para la cual fue creada y que le es propia según su naturaleza, lo anterior, con independencia del valor económico que pueda atribuírsele. De ahí que, la mercancía que en principio es considerada “desperdicio”, pero que previo a su enajenación, se somete a un proceso de limpieza, compactación, trituración o cualquier otro similar que permita su reutilización o reciclaje, no por ese simple hecho deja de ser “desperdicio” y por lo tanto, al enajenarse, se actualiza la obligación de retener el impuesto trasladado al adquirente; lo anterior pese a que a través del referido proceso se le haya agregado un valor económico a la mercancía, pues para los efectos de la disposición legal en comento, los aludidos tratamientos industriales únicamente tienen como finalidad que los “desperdicios” se encuentren en aptitud de ser enajenados como insumo o para comercializarlos, pero no así se le transforma sustancialmente; sólo en la medida en que se actualice una transformación sustancial, lo cual será determinado mediante la prueba pericial que corresponda, dependiendo de la naturaleza de los bienes, es que se le conferirá a la mercancía una nueva utilidad y en ese caso, podrá dejar de considerarse como “desperdicio”, para efectos del precepto legal en comento.

Por tanto las personas morales que adquieran desperdicios para utilizarlos como insumo de su actividad industrial o para su comercialización, son los que efectivamente pagan el impuesto, ya que se les traslada el mismo; por lo que se debe entender que la finalidad de establecer la obligación a su cargo de retener el impuesto, consiste en permitir concentrar los esfuerzos de las autoridades tributarias, encargadas de la administración y recaudación del impuesto, en ese sector de contribuyentes más reducido y susceptible de mayor control. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes vía inbox. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Publicado por en 9 junio, 2017 en Contabilidad, Sin categoría

 

Autoridad Fiscal, está facultada para cuestionar la materialidad de las operaciones del contribuyente.

Autoridad Fiscal, está facultada para cuestionar la materialidad de las operaciones del contribuyente.

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De conformidad con el precedente número VIII-P-2aS-70 de Sala Superior, visible a foja 239, de la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, número 10, de mayo de 2017, la autoridad fiscal tiene facultades para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos gravados y los gastos deducibles, ello es así, ya que la diversa tesis CXCVII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que el cumplimiento de los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales no implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el contribuyente pretenda, la citada tesis es de rubro y texto siguiente:

COMPROBANTES FISCALES. EL CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS RESPECTIVOS NO IMPLICA QUE EN AUTOMÁTICO PROCEDA LA DEVOLUCIÓN O ACREDITAMIENTO SOLICITADO CON BASE EN ELLOS. El cumplimiento de los requisitos de los comprobantes fiscales previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, no constituye una exigencia para efectuar la deducción o acreditamiento, sino un requisito que debe satisfacer el comprobante per se para que, en su caso, se pueda utilizar como medio a través del cual se efectúe la deducción o acreditamiento respectivo. Por tanto, el cumplimiento de los requisitos establecidos para los comprobantes fiscales sirve para que éstos, como medios de convicción, satisfagan la finalidad consistente en dejar constancia de un acto o hecho con los efectos tributarios señalados. De distinta forma, una vez cumplidos los requisitos de los comprobantes fiscales, éstos, como medios de prueba, pueden servir para solicitar la deducción o acreditamiento correspondiente, pero sin que tal cumplimiento implique, en automático, que procederá la deducción o acreditamiento solicitado. Precisamente por ello, la diferencia existente entre el cumplimiento de los requisitos de los mencionados comprobantes y la deducción o acreditamiento para los cuales sirven, se sintetiza en que aquéllos son los medios y éstos una de las posibles consecuencias que pueden tener. Es cierto que existe una estrecha relación entre los comprobantes fiscales que cumplen los requisitos fiscales y el derecho a la deducción o al acreditamiento que se pretenda efectuar; sin embargo, ello no conlleva a que se trate de un solo aspecto, sino que existen diferencias al respecto, principalmente, de medio a fin.

Amparo directo en revisión 84/2013. Lechera Alteña, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

De ahí que, en caso de ser cuestionado en la fiscalización, la materialidad de las operaciones que generaron los ingresos gravados y los gastos deducidos. Se arriba a esa conclusión, porque el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación prevé que el registro contable se integra también con la documentación que lo compruebe, habida cuenta que las Normas de Información Financiera A-.1, A-2, A-3 y A-4 establecen los principios de sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones. Por añadidura, la autoridad puede válidamente cuestionar la materialidad de una operación, porque esa es precisamente la finalidad de las compulsas. Se arriba a esa conclusión, porque buscan verificar (cruzar información) si las operaciones que un contribuyente manifestó realizar con un tercero efectivamente se realizaron, a través de la fiscalización de este. De ahí que se explique por qué, en términos de la fracción VI del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, deben darse a conocer los resultados de las compulsas al contribuyente visitado, es decir, para que aporte elementos para demostrar la materialidad de las operaciones negadas por los terceros que le expidieron los comprobantes fiscales.

El precedente número VIII-P-2aS-70 de Sala Superior, visible a foja 239, de la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, numero 10, de mayo de 2017, es de rubro y texto siguiente:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. – LA AUTORIDAD TIENE FACULTADES PARA CUESTIONAR LA MATERIALIDAD DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LOS INGRESOS GRAVADOS Y LOS GASTOS DEDUCIDOS. – En términos de la tesis 1a. CXCVII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales no implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el contribuyente pretenda. De ahí que debe, en caso de ser cuestionado en la fiscalización, la materialidad de las operaciones que generaron los ingresos gravados y los gastos deducidos. Se arriba a esa conclusión, porque el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación prevé que el registro contable se integra también con la documentación que lo compruebe, habida cuenta que las Normas de Información Financiera A-.1, A-2, A-3 y A-4 establecen los principios de sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones. Por añadidura, la autoridad puede válidamente cuestionar la materialidad de una operación, porque esa es precisamente la finalidad de las compulsas. Se arriba a esa conclusión, porque buscan verificar (cruzar información) si las operaciones que un contribuyente manifestó realizar con un tercero efectivamente se realizaron, a través de la fiscalización de este. De ahí que se explique por qué, en términos de la fracción VI del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, deben darse a conocer los resultados de las compulsas al contribuyente visitado, es decir, para que aporte elementos para demostrar la materialidad de las operaciones negadas por los terceros que le expidieron los comprobantes fiscales.

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Publicado por en 6 junio, 2017 en Sin categoría

 

Restricción al principio de Litis Abierta, no opera en documentos propiedad de terceros o dirigidos (por la autoridad fiscal) a éstos.

Restricción al principio de Litis Abierta, no opera en documentos propiedad de terceros o dirigidos (por la autoridad fiscal) a éstos.

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar la jurisprudencia numero 2a./J. 73/2013 (10a.), en julio de 2013, fue clara en precisar que el principio de litis abierta, que rige el Juicio Contencioso Administrativo, no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer pruebas que debió de ofrecer en el procedimiento de origen o en el recurso de revocación, cuando este en posibilidad legal de hacerlo, ello debido a que el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo.

La jurisprudencia en comento es de texto y rubro siguiente:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.

No obstante lo anterior la regla prevista en la jurisprudencia numero 2a./J. 73/2013 (10a.), que como se dijo consiste en que no se podrán ofrecer pruebas que no hayan sido exhibidas en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, “no es aplicable tratándose e documentos propiedad de terceros o dirigidos por la autoridad a estos”, los documentos de terceros o dirigidos (por la autoridad fiscal) a éstos no forman parte de la contabilidad del contribuyente revisado, por lo que no tiene obligación de conservar esa documentación para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Además, al no ser de su propiedad, no está en posibilidad de exhibirla durante el procedimiento de origen o el recurso administrativo, pues se encuentra sujeto a la entrega voluntaria por parte de una persona diversa; ni siquiera puede solicitar a la autoridad fiscal que la requiera, debido a que el ejercicio de las facultades de comprobación, entre las cuales se encuentran las visitas y los requerimientos a terceros, que se prevén en el artículo 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, es de carácter discrecional, por lo que un contribuyente no puede obligar a la autoridad fiscal mediante una solicitud para que ejerza tales facultades y tampoco se trata de pruebas que se encuentren a su disposición, por no existir forma legal en que pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de que se trata. De tal forma, se concluye, que la regla general prevista en la aludida jurisprudencia no es aplicable a la documentación propiedad de terceros o dirigida (por la autoridad fiscal) a éstos, lo que implica que los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la deben tomar en cuenta cuando sea exhibida en el juicio contencioso administrativo, a pesar de no haber sido presentada previamente ante las autoridades administrativas.

Lo anterior tiene sustento en el siguiente criterio de rubro y texto:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 73/2013 (10a.), CONSISTENTE EN QUE NO SE PUEDEN OFRECER PRUEBAS QUE NO HAYAN SIDO EXHIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE DOCUMENTOS PROPIEDAD DE TERCEROS O DIRIGIDOS (POR LA AUTORIDAD FISCAL) A ÉSTOS. De la jurisprudencia mencionada y de la resolución recaída a la contradicción de tesis 528/2012 que le dio origen, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la regla general consistente en que en el juicio contencioso administrativo no se pueden ofrecer pruebas que no hayan sido exhibidas en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando el particular obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo; que la obligación de presentarlas se vincula con la prevista en el artículo 16 constitucional de conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en consecuencia, de exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, y que no puede aplicarse la regla general si la omisión obedece a una causa no atribuible al particular. Ahora bien, los documentos de terceros o dirigidos (por la autoridad fiscal) a éstos no forman parte de la contabilidad del contribuyente revisado, por lo que no tiene obligación de conservar esa documentación para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Además, al no ser de su propiedad, no está en posibilidad de exhibirla durante el procedimiento de origen o el recurso administrativo, pues se encuentra sujeto a la entrega voluntaria por parte de una persona diversa; ni siquiera puede solicitar a la autoridad fiscal que la requiera, debido a que el ejercicio de las facultades de comprobación, entre las cuales se encuentran las visitas y los requerimientos a terceros, que se prevén en el artículo 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, es de carácter discrecional, por lo que un contribuyente no puede obligar a la autoridad fiscal mediante una solicitud para que ejerza tales facultades y tampoco se trata de pruebas que se encuentren a su disposición, por no existir forma legal en que pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de que se trata. De tal forma, se concluye, que la regla general prevista en la aludida jurisprudencia no es aplicable a la documentación propiedad de terceros o dirigida (por la autoridad fiscal) a éstos, lo que implica que los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la deben tomar en cuenta cuando sea exhibida en el juicio contencioso administrativo, a pesar de no haber sido presentada previamente ante las autoridades administrativas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 251/2016. 26 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Manuel Villa Gutiérrez. Secretario: Álvaro Lara Juárez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.), de título y subtítulo: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].” y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 528/2012 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, páginas 917 y 888, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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Publicado por en 30 mayo, 2017 en Sin categoría

 

¡Operaciones Simuladas! “Su Defensa Fiscal”

¡Operaciones Simuladas! “Su Defensa Fiscal”
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Lic. Enrique Chavero Flores.

  • Cuando el camino se pone duro. Sólo los
  • duros nos mantenemos en el camino.

El artículo 70 de la disposición reglamentaria del Código Fiscal de la Federación, concede un término extra de 10 días al del artículo 69-B, tercer párrafo del Código, para que pueda requerir información adicional al contribuyente, a fin de que éste la proporcione dentro de dicho plazo, contado a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento que se le realice, en cuyo caso, el plazo para valorar las pruebas comenzará a computarse a partir de que el requerimiento haya sido cumplido.

Esto último depara en un segundo requerimiento de información por tanto un plazo adicional para proporcionar información o peor exigir mayor documentación a la que puede resultar necesaria, que no se establece en Código, lo que transgrede los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis Aislada, de la Décima Época, Registro: 2014184, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 28 de abril de 2017 10:32 h, Materia(s): (Constitucional, Administrativa), Tesis: (I Región)8o.50 A (10a.), de rubro y texto que se transcribe:

 

PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES AMPARADAS EN COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO LA POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y UN PLAZO ADICIONAL PARA PROPORCIONARLA, NO ESTABLECIDOS EN EL PROPIO CÓDIGO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. El artículo 70 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, al prever la posibilidad de un requerimiento de información adicional al contribuyente, para que éste la proporcione dentro del plazo de diez días siguientes a que surta efectos su notificación, en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscales, establecido en el artículo 69-B del propio código, transgrede los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, ya que ese segundo requerimiento y el plazo adicional no están contenidos en el ordenamiento que se reglamenta.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Amparo en revisión 285/2016 (cuaderno auxiliar 934/2016) del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 10 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cabañas Rodríguez. Secretario: Alfredo Portilla Acata.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Como ve de la lectura de la presente entrega estimado lector, es posible en caso de haberse determinado crédito fiscal en contra de algún contribuyente que haya sido publicado en listas negras, llevar este argumento a Tribunales y obtener una sentencia de nulidad favorable a los intereses de nuestros representados, al resultar que el procedimiento de origen se apoyó en una disposición reglamentaria que transgrede los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, lo que vulnera sus defensas y trasciende al resultado del fallo. Requiere contratar nuestros servicios para defenderlo por este supuesto contáctenos.

Autor: Licenciado Enrique Chavero Flores.

Correo: chaveroenrique@gmail.com

 
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Publicado por en 5 mayo, 2017 en Sin categoría