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Defensa Fiscal vs Operaciones Simuladas o Inexistentes.

Defensa Fiscal vs Operaciones Simuladas o Inexistentes.

Publicado el 15 de Abril de 2018.


Si desea consultar el articulo completo puede adquirir la edición numero 216 del mes de Abril de 2018 de la revista “Defensa Fiscal” que puede adquirir en las tiendas Sanborns de su ciudad.


 

Para efectos de mi presente entrega, debo empezar por señalar que la doctrina jurídica señala que existen diversos métodos y técnicas de interpretación de las disposiciones legales, de todos ellos, el que predomina en materia fiscal es el método denominado exegético, estricto o literal, este sistema utiliza preponderantemente el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas, en virtud del principio de legalidad que tiene más importancia en el Derecho Tributario que en otras ramas del derecho, ya que no hay impuesto sin ley expresa que lo establezca.

Continua…..

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Si desea consultar el articulo completo puede adquirir la edición numero 216 del mes de Abril de 2018 de la revista “Defensa Fiscal” que puede adquirir en las tiendas Sanborns de su ciudad.


 

 

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
  • Socio Director de Inteligencia Fiscal Aplicada SC
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Curso CANCÚN 04 de Mayo de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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“DEFENSA FISCAL OPERACIONES SIMULADAS Y ALTERNATIVAS PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD”
COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.

 

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Análisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal, Infraestructura, Capacidad Material.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

COSTO: $2,320.00 IVA INCLUIDO.
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Fijo: 01 998 884 06 98.

Cel: 646 111 8168.
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Correo: ifa@live.com.mx
Evento Organizado por IFA.

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Defensa Fiscal de Exito Contra “Bloqueo de CSD y Estatus de No Localizo”.

Defensa Fiscal de Exito Contra “Bloqueo de CSD y Estatus de No Localizo”.

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En términos del artículo 41-B y uso del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal se encuentra facultada para llevar a cabo las verificaciones para constatar los datos proporcionados al registro federal de contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y otros datos que sí lo manifestó para los efectos de dicho registro, así como para corroborar que dicho domicilio fiscal tiene los requisitos que establece el diverso artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.

Cabe recordar que en términos del artículo precitado 10 del Código Fiscal de la Federación, para que el domicilio fiscal, se considere como tal, debe estar ubicado en:

Tratándose de personas físicas:

a) En actividades empresariales, el local donde se encuentra el principal asiento de sus negocios.

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso a), el local que se usa para el desempeño de sus actividades.

c) En los casos en que la persona física, que realiza actividades señaladas en los incisos a) y b), no cuente con un local, “su casa habitación” y;

d) .- Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o que hayan sido localizados en los mismos, que se encuentren en la misma dirección que las que hayan manifestado en las entidades financieras o las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo, cuando sean usuarios de los servicios que se pretenden

Tratándose de personas morales:

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentra la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.

Por lo tanto, el resultado es ilegal y contrario a un derecho que la autoridad fiscal tenga un contribuyente como no localizado en la verificación de la vivienda en la que el personal haga que el contribuyente tenga cuenta con los activos, personal, infraestructura, material de capacidad directa o indirectamente para prestar servicios y producir bienes, según sea la actividad profesional o comercial que desarrolle, toda vez que la elección de las facultades para determinar este hecho, por el contrario, su actuación solo se debe a que el domicilio fiscal colme los requisitos que establece el artículo múltiple del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la autoridad fiscal debe acatar las formalidades que constriñan estar ejerciendo una facultad reglada, en la que toda actuación “como la que se señala”, que rebase el espirito de la ley ,es ilegal.

Sustenta lo que se expone el siguiente:

 

CRITERIO JURISDICCIONAL 18/2018 (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2018)

DOMICILIO FISCAL. SU VERIFICACIÓN NO FACULTA A LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI SE CUENTA O NO CON EL MOBILIARIO, INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SINO PARA VERIFICAR QUE ÉSTE CORRESPONDA AL SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 10 DEL CFF. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa estimó ilegal que el Servicio de Administración Tributaria determinaba la disponibilidad real en el artículo 79, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación (CFF), consistente en el manifiesto fiscal para efectos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ) distinto al que corresponde en términos del artículo 10 del CFF, considerando únicamente las apreciaciones subjetivas asentadas en el acta de verificación realizada por el verificador,respecto a que el domicilio fiscal se manifiesta por el contribuyente ante el RFC no se contabiliza con mobiliario, infraestructura y personal necesario para llevar a cabo su actividad económica, que es el caso en concreto en la resolución definitiva, en la autoridad fiscal, no hay momento en que los elementos objetivos en los que se soportó su calificación y que era como era necesario para ayudar a su actividad económica; aunado que no se logró que el contribuidor se ubique en el lugar de los supuestos previstos en el artículo 27 del CFF que logró la resolución legal que existe un favor de la contribuyente, en el sentido de que el valor justo es su domicilio fiscal. Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria.Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2018.

Sentencia firme. Relacionado con:

Criterio Jurisdiccional 26/2017 “DOMICILIO FISCAL. UN JUICIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD CONSIDERE QUE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DEL NEGOCIO DEL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA EN EL NUEVO DOMICILIO VISITADO, SI DEL ACTA DE VERIFICACIÓN SE ADVIERTEN IRREGULARIDADES Y CONTRADICCIONES EN SU CIRCUNSTANCIACIÓN “

Criterio Jurisdiccional 27/2017 “INSPECCIÓN JUDICIAL. UN CONSTITUYENTE JUGO JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR QUE EN UN DOMICILIO FISCAL SE TIENE LA PRINCIPAL ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO”.

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  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Deja un comentarioPublicado por  en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
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4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
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5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

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Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+51 1 646 111 8168.
Evento Organizado por IFA.

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Deja un comentarioPublicado por  en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrarioConforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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Deja un comentarioPublicado por  en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.29386203_10208816960861437_1616275061969256448_oAcompáñenos en CDMX “. Fecha 19 de Abril de 2018. Curso “Curso Defensa Fiscal Vs Operaciones Simuladas”. Informes y Reservaciones: Lic. Tahua Covarrubias. Teléfonos: Fijo: 01 777 170 1474.
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  • El principio y elemento de las cosas es lo indefinido.
  • Anaximandro.

 

 

En el tema de Defensa Fiscal contra operaciones simuladas o inexistentes contenidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, actualmente existen agravios de forma y agravios de fondo que podemos hacer valer en tribunales para obtener una sentencia favorable a los intereses de nuestros asesorados, los primeros atienden mayormente a la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones y los segundos a la indebida valoración de las pruebas con las que se acredita que los bienes y servicios efectivamente se celebraron con el caudal probatorio que se exhibió ante la autoridad dentro del plazo que establece el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, a saber 15 días para los EFOS y de 30 días para los EDOS.

Por tanto, hoy se encuentra bajo el escrutinio de los especialistas una resolución jurisdiccional que guarda estrecha relación con uno de los agravios de forma que se hacen valer en tribunales, dado que en la práctica hemos obtenido sentencias favorables por esa razón, la cual fue dictada mediante sesión de 7 de febrero de 2018, por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió el amparo directo en revisión número 3827/2017, por el que se cuestionó el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, que se dirige al emisor del comprobante fiscal, en la parte que, en ese apartado no se establece plazo alguno a la autoridad fiscal para emitir resolución, ni mucho menos consecuencia alguna para el caso de ser omisa en hacerlo, por tanto se violaba en su perjuicio entre otros el principio de seguridad jurídica, lo que tornaba a dicha disposición legal, inconstitucional.

La porción normativa sujeta a análisis señala lo siguiente:

Artículo 69-B.

Tercer Párrafo: Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

 

De lo anterior, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyo que dicha porción normativa contrario a lo que sostenía el quejoso es constitucional y no viola el principio de seguridad jurídica, reconoció que en efecto no se establece plazo para dictar resolución pero que la falta de plazo para que la autoridad emita resolución en ese tipo de asuntos, se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco o diez años, en cuyo caso se extingue la facultad de la autoridad fiscal prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad citados.

Entre los argumentos vertidos por la 1ra Sala, encontramos los siguientes:

En efecto, del tercer párrafo del precepto en cuestión, sólo se advierte la previsión legislativa acerca de que (transcurrido el término para que el contribuyente para que desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió) la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de cinco días para valorar las pruebas y defensas hechas valer.

Como se puede observar de la lectura del precepto transcrito, únicamente está regulada la forma en que la autoridad deberá dar a conocer la resolución correspondiente, a saber por medio de buzón tributario, sin que para ello disponga un plazo para la propia emisión de la resolución ni para su notificación.

 

Ahora bien, si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, ni el plazo para su notificación, lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional, como se sostuvo con anterioridad, porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, dado que conforme al primer párrafo de dicho precepto, en el plazo de cinco o diez años, en su caso, se extingue la facultad de la autoridad fiscal para prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad señalados.

Lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es contrario a derecho y atenta directamente contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como apertura la posibilidad de entablar nuevos argumentos de defensa en el tema de operaciones simuladas o inexistentes de asuntos que se presenten en lo futuro, ya que esta pierde de vista al momento de resolver que en materia fiscal existe la figura de “CADUCIDAD GENERAL y CADUCIDAD ESPECIAL”, por tanto, la 1ra Sala en un yerro de su parte, trata de suplir los vicios de constitucionalidad que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con la figura de la “Caducidad General”, contenida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que en efecto como lo sostiene (prevé la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales).

Sin embargo, en los procedimientos especiales, como el que se encuentra contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la “Caducidad General”, se encuentra suspendida y debe ser relevada por la diversa figura de “Caducidad Especial”, para sostener mi análisis que le expongo, es imprescindible atender el siguiente criterio dictado sobre el tema:

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala, en el cuarto párrafo de su fracción IV, que el plazo establecido en dicho artículo para que opere la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar omisiones e imponer sanciones, no está sujeto a interrupción y que sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de la misma ley, o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio. En esta segunda hipótesis la suspensión opera con la sola interposición del medio de defensa, es decir, con independencia de lo que se resuelva en el recurso administrativo o juicio; ello, atendiendo a que la norma en comento no condiciona su actualización a lo que resuelva el órgano jurisdiccional. Por tal motivo, si la ley no distingue, no es dable hacerlo al juzgador y, en consecuencia, lo que debe corroborarse en los casos en que se alegue la suspensión del plazo de caducidad de las facultades legales de comprobación de las autoridades fiscales, será comprobar la existencia del medio de defensa y computar el término de cinco años excluyendo el tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. Lo anterior, en virtud de que la suspensión implica que el periodo transcurrido hasta antes de que acontezca el evento suspensor no se pierde sino que se acumula al que transcurra una vez extinguido el señalado evento.

En esa medida, es requisito indispensable que las normas que atribuyen facultades a las autoridades administrativas, limiten su marco de actuación, de tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no pueda ser producto de la actuación arbitraria de la autoridad, sino que se encuentre justificada por los hechos que rodean una determinada situación que advierte la autoridad administrativa y, por otra parte, que la medida contemplada en dichas normas sea proporcional con el fin que se busca, de tal manera que no sea excesiva, de ahí que la figura de “Caducidad Especial”, deba prevalecer en el artículo que se analiza, la cual no se contiene, en este contexto es posible desprender otros agravios que se podrán hacer valer en tribunales para defender estos asuntos en tribunales, los cuales ya estamos introduciendo en las demandas que interponemos en los asuntos que por este concepto manejamos en tribunales, así como los estaremos incluyendo como tema como parte de los cursos que impartimos sobre la Defensa Fiscal de Operaciones Simuladas o Inexistentes. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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La Materialidad de Operaciones Presuntamente Inexistentes o Simuladas, desde el punto de vista analítico.

 

“Somos Inteligencia Fiscal Aplicada S.C.”

Lic Tahua

 

Cuando hablamos de materialidad podemos entenderla como una cualidad que guarda las cosas o dicho de otra manera la ¨apariencia de las cosas¨.

Por lo que a través del presente estudio conceptualiza la Materialidad de las Operaciones conforme a lo indicado en la Autoridad Fiscal en sus diversas resoluciones. Segmentado de la siguiente manera:

  1. Presunción
  2. Soporte de operaciones
  3. Solicitud de información adicional
  4. Formalidades de las documentales presentadas
  5. Exigibilidad de la materialidad, falta de fundamentación
  6. Solicitud de información de proveedores.
  7. Facultad discrecional de la autoridad.

La presunción como el primer acto por parte de la Autoridad Fiscal, que consiste en determinar que sus operaciones son simuladas aunque cuenten con comprobantes que amparan lo contrario, asumiendo que los contribuyentes carecen de:

  • Activos, personales, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan cuentos comprobantes.

La simulación se ejemplifica cuando el contribuyente ha realizado operaciones, el derivado de la emisión de su correspondiente comprobante, a lo cual, la autoridad que presuntamente no cuenta con los requisitos que definimos anteriormente, o simplemente se encuentra en el supuesto de no localizados.

Dando paso a la segunda etapa referente al Soporte de Operaciones, donde la Autoridad requiere a los contribuyentes un respaldo de las actividades comerciales, que el alcalde de los casos que considera insuficientes las medidas aportadas, lo anterior a criterio de la autoridad, por Lo que es indispensable hacer notar que la acreditación de esta materialidad no se encuentra hasta el momento estipulado dentro del marco legal, aun así que en ocasiones la autoridad requiere al contribuyente de información adicional, sin notificación previa que el mismo bajo el supuesto del artículo multimuestrado 69-B, todo esto con fines de carencia de deducción o acreditamiento solicitado por el contribuyente.

El soporte de operaciones se acredita por el medio de los documentos aportados por las operaciones realizadas, las mismas que requieren ser tangibles que cumplen con los criterios que establece la autoridad fiscal, la autoridad fiscal solicita la manera desmedida una gran cantidad de información que no se encuentra en los diversos servicios de la empresa, servicios de entrega de productos de la empresa o de nuestros proveedores, entradas de almacén, currículum de prestadores de servicios, órdenes de compra, facturas, transferencias bancarias , entre otras. Que claramente cae en exceso de sus facultades y en ocasiones resulta poco viable el adquirir información detallada de nuestra empresa o de proveedores.

Por lo tanto, la autoridad en sus facultades de verificación también se requiere información adicional, con la finalidad de determinar si las operaciones fueron efectuadas, la solicitud de información por parte de la Autoridad Fiscal en todo momento debe estar apegada al principio de razonabilidad como lo menciona la siguiente tesis:

 TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

VII-CASR-SUE-4

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE REALIZA LAS AUTORIDADES FISCALES CON APOYO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.), DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.- Si bien conforme a la referencia jurisprudencia, de rubro “COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURIS-PRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)] “emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de julio de 2013, cuando las autoridades fiscales consideraron que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso,lo cierto es que dicho requerimiento debe efectuarse a la luz del principio de razonabilidad, entendiendo como información necesaria; Aquella que sea suficiente para lograr la finalidad que se pretende, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobierno. En esa medida, si la autoridad fiscal requiere un contribuyente fiscalizado, la información y documentación para un tercero para comprobar la existencia de sus operaciones fiscales, por ejemplo, cuando, el requisito para que exhiba los estados de cuenta de los terceros que le presuponen préstamos, que comprueban si los acreedores están disponibles de los recursos financieros suficientes para efectuarlos en la fecha en que están relacionados con la operación, o que comprendan la afectación o la disminución del patrimonio de los acreedores; es claro que dicho requerimiento resulta ilegal, por mensaje de información y documentación sobre el cual el contribuyente no puede estar disponible libremente . : Ademásconforme los artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios que realizan las instituciones de crédito, es confidencial , por lo que las instituciones aludidas, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en cualquier caso, para recibir noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino únicamente al depósito, titular, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 898 / 13-15-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 10 de marzo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: César Edgar Sánchez Vázquez.- Secretario : Lic. Juan Alberto Canseco Pérez.

RTFJFA Séptima Época. Año IV. No. 34. Mayo 2014. p. 455

Situación que a todas luces no sucede de esta manera, lo anterior se adentra en la Solicitud de Información Adicional, como ya se mencionó en la prueba anterior, debe estar apegada al Principio de Razonabilidad, que no requiere la aplicación de este principio, otorga facultades desmedidas a la Autoridad.

Por Lo Que Una Vez Que la Autoridad Solicita Información, el contribuyente aportará SUS documentales Que acrediten la materialidad de Operaciones, Siendo insuficientes en la Mayoría de los Casos para la Autoridad, por Lo Que solicitará de nueva Cuenta Información de la Información ya presentada, Haciendo caer al contribuyente en un círculo vicioso que lo único que quiera, que el contribuyente llegue al punto de no cumplir con lo requerido por no estar en sus manos, o simplemente no sr actos propios.

Como un claro ejemplo tenemos la siguiente tesis que menciona:

TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VII-CASR-GO-18

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. LA AUTORIDAD fiscalizadora NO PUEDE requérir DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA QUE EL ESTABA OBLIGADO A contribuyente LLEVAR DE ACUERDO CON EL RÉGIMEN FISCAL ES QUE ES EL EJERCICIO TRIBUTABA REVISADO .- Si el Objeto de la Solicitud de Información y Documentación es verificar el Cumplimiento de las Obligaciones fiscales una cola el contribuyente this afecto y con anterioridad a la emisión de la Solicitud de Información y Documentación Que da inicio a las facultades de comprobación, la Autoridad no ha Determinado Que por El ejercicio Sujeto fiscal de una revisión de el contribuyente tributa en régimen ONU fiscal Que es realidad no le corresponde,es ilegal que en el caso de que se requiera información y documentación distinta a la que legalmente está obligado a llevarse a cabo durante el tiempo indicado que se encuentra inscrito.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14 / 798-13-01-03-06-OT.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de septiembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.

RTFJFA Séptima Época. Año V. No. 45. Abril 2015. p. 219

Esta Tesis nos muestra el claro ejemplo en que se establece un límite a la Autoridad que se refiere a la Solicitud de Información Desmedida, es difícil de creer que aún con estos antecedentes no existan, que es un alto al actuar de la Autoridad.

Con respecto al punto en el que se encuentran las formalidades de las pruebas documentales, donde en diversas ocasiones no se cumple con la información solicitada al contribuyente con la finalidad de acreditar las operaciones realizadas, la Autoridad exige que las probanzas se ubiquen protocolizadas ante notario, es decir invalida las documentales se presentan como contratos con proveedores por ninguna parte y antenas marítimas ante la fe de notario público o inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, representando una grave afectación para el contribuyente, ya que en ocasiones por las actividades comerciales diversas, no se requiere de una formalidad como la antes mencionada, dejando en un estado grave de indefensión al contribuyente ya que estas operaciones quedaran sin efectos fiscales.

Es oportuno mencionar que la Exigibilidad de la Materialidad, la misma que mencionó en nuestro punto número cinco, no se encuentra fundado bajo ningún artículo específico de Operaciones Simuladas, es decir, se encuentra ante una falta de fundamentación, lo anterior y lo que la autoridad fiscal debe fundar y argumentar el motivo por el cual el contribuyente debe contar con los activos que crea las cosas para las actividades que desarrolla, por lo que no será suficiente el criterio con base en su criterio el por qué no cuenta con lo necesario para desarrollar su objeto social. Hasta el momento no se ha definido cuáles son los activos, la infraestructura, los bienes, la capacidad y otros elementos con los que se deba contar una empresa para llevar a cabo un cierto número de operaciones, o simplemente algo que se debe comprar para vender una determinada cantidad.

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENO SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. ” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.”, respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, párrafo de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en su camino de respeto a la autoridad debe sujetar sus actos de molestia a supeditados, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que debe cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano puede constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de la autoridad competente y que se encuentran debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a la acción aprobada por la autoridad competente, en el marco de la adopción de la adopción en el título nacional de otra garantía primaria del derecho a la seguridad, denominado principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer eso para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto fundamento y motivación, la segunda parte del Tribunal de la definición definitiva, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicado en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOVACIÓN.”, Que por lo primero se entiende que ha expresado con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y por motivación, que también se debe tener que ver con precisión las circunstancias especiales, las características particulares o las causas inmediatas que se vieron afectadas por su emisión, siendo necesarias, además, que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas, que tengan el sentido primordial, que el beneficiario del destino el marco normativo en el que el acto de molestia surge y las causas de hecho consideradas para emitirlo, puede ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa versión de primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe presentar una postura dogmática, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; también se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como la entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuando los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Solicitud de información de proveedores, referente a este punto, se determinó por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se estableció en qué casos un gasto puede llegar a ser estrictamente indispensable para una empresa, lo que sucede cuando le reportamos un beneficio , de no hacerlo, dejar de usar su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la vía de la deducción del pago por el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en perjuicio de la hacienda federal. se debe considerar que la información no es útil para determinar el grado de vinculación del servicio contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resultando innecesaria cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, hay que tener en cuenta el hecho de que el contratista tenga la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las personas que lo ejecutan, datos que no están asegurados para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erosión.

Por último, como facultad discrecional de la autoridad, el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación establece una facultad discrecional a favor de las autoridades fiscales, la cual si bien es cierto que no es para ejercer o aplicar en forma caprichosa o arbitraria, dado que la autoridad para el efecto debe ajustarse a la ley ya la lógica, y desde luego está sujeta a un control constitucional, también es el hecho de que el particular satisface los requisitos previstos en la hipótesis legal, no es suficiente para que la autoridad forzosamente deba aplicar la consecuencia, ya que queda a discreción, naturalmente expresada en forma fundada y motivada, situación que no ocurre en la práctica, que puede esperar en la próxima determinación de la Autoridad:

Imagen 1

Queda en total estado de incertidumbre bajo que fundamentación y motivación se llegó a esta determinación, ya que el contribuyente cumplió con la información que le solicitaba la autoridad con la finalidad de desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes, solicitando nueva cuenta información adicional, misma que no obra en manos del afectado por ser sus propios actos, dando como resultado una afectación grave a los derechos del contribuyente.

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ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

ARRENDAMIENTO, ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA LFPIORPI CONOCE LAS OBLIGACIONES Y MULTAS DERIVADO DE SU INCUMPLIMIENTO.Lic Tahua

Cuando hablamos de Actividades Vulnerables, automáticamente nos remontamos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente llamada LFPIORPI, de la que hablaremos en el presente artículo, específicamente la actividad de Arrendamiento, Obligaciones, Multas y Medios de Defensa que podemos invocar en caso de incurrir en alguna omisión.

Recordemos que el objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Dentro de las obligaciones para los contribuyentes que realicen Actividades Vulnerables en términos del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, es decir:

Pasos

  • Alta
  • Presentar el aviso de manera mensual
  • Identificar a sus clientes y conservar la documentación por un plazo de 5 años.

Dentro de las actividades que son consideraras vulnerables, en específico las de Arrendamiento, que por lo tanto reciben un tratamiento especial por parte de la autoridad fiscal, que a continuación la define como:

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $129,363.00 pesos utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA), al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, considerándose a partir de esta cifra actividad vulnerable.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir $258,726.00 utilizando la Unidad de Medida Avanzada (UMA).

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley, tal como lo establece el Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es importante mencionar que en caso de incumplir con dichas obligaciones, podrá encontrarse ante sanciones por parte de la Autoridad, en concreto multas que varían conforme a:

 CONDUCTA SEÑALADA  MULTA (UMA)
·      Abstenerse de cumplir con los requerimientos establecidos en la propia LFPIORPI

·      El Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios

·      Incumplimiento de la obligación de presentar a tiempo los Avisos

 

·      En el caso de que los avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la ley

 

 

 

$16,120.00 hasta $161,200.00

  

 

Omitir el envío de Avisos

 

$806,000.00 hasta $5,239,000.00

 

O entre el 10% y el 100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor.

Las multas que se determinen, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución (PAE).

Como caso de excepción la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Por lo anterior es importante conocer las obligaciones con respecto a las actividades que desarrollan nuestros clientes, y en caso de encontrarse ante un crédito fiscal derivado de alguna de las conductas antes señaladas, recurrir a un Abogado en Materia Fiscal que nos asesore con la finalidad de proporcionar tranquilidad a nuestros clientes sin repercutir en sus finanzas.

Nos encontramos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría, recordándole que somos expertos en la Materia y cuestiones como estas solucionamos cotidianamente. Suscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Deja un comentarioPublicado por  en 21 febrero, 2018 en Sin categoría

 
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Publicado por en 18 abril, 2018 en Sin categoría

 

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.

Presuntiva de Ingresos por traspaso entre cuentas, como desvirtuarlo.

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Es común hoy en día en la operación normal de un contribuyente sea Persona Física o Moral, que, para poder operar adecuadamente, tenga aperturado en el sistema financiero nacional más de una cuenta bancaria, con motivo de ello, realizar traspasos de numerario (dinero) entre ellas, para estar en aptitud de hacerle frente a sus diferentes tipos de compromisos de pago.

Ante ello, hoy en día constituye también un verdadero problema que esas operaciones la autoridad fiscal cuando ejerce facultades de comprobación, acumule esos depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente como ingresos presuntos, por qué a decir de esta, no corresponden a registros bancarios de los que se está obligado a llevar, fundándose para ello en lo dispuesto en la fracción III del artículo 59 del Código del Código Fiscal de la Federación.

En esas condiciones en términos de lo preceptuado por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, corresponde al contribuyente desvirtuar contrario a lo que afirma la autoridad fiscal que esos depósitos no corresponde a ingresos no declarados, si no como ya se dijo corresponden a traspasos entre cuentas del propio contribuyente.

Por tanto, las pruebas idóneas para desvirtuar la presuntiva de ingresos, por traspaso entre cuentas resulta la exhibición de los estados de cuenta bancarios debidamente precisados en el apartado donde coincidan las cantidades traspasadas, así como la prueba pericial contable con pliego de preguntas idóneas que demuestren la coincidencia entre las cantidades observadas en el proceso de revisión al que fue objeto el contribuyente y que observo indebidamente como ingreso presunto la autoridad fiscal.

Apoya lo que se expone, el criterio número VIII-P-1aS-320, dictado por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, de rubro y texto siguiente:

VIII-P-1aS-320

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS. FORMA DE DESVIRTUARLA TRATÁNDOSE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.- Si la parte actora controvierte la determinación presuntivarealizada por la autoridad fiscal de conformidad con la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, al considerar como ingresos los depósitos de sus cuentas bancarias que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligada a llevar, aduciendo que se trata de traspasos entre cuentas propias, tiene la carga de demostrar sus pretensiones en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que debe precisar y exhibir los estados de cuenta y demás documentos de donde se advierta dicho traspaso, además ofrecer la prueba pericial contable con la que mediante preguntas idóneas se apoye al juzgador a dilucidar si existe correspondencia entre las cantidades trasferidas, si se registró contablemente dicha operación y que además, no se incrementó el patrimonio de la enjuiciante.

PRECEDENTE:

VIII-P-1aS-50
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/23370-24-01-01-01-OL/15/36-S1-04-30.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de octubre de 2016)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 84

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIII-P-1aS-320
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17817/16-17-03-2/3940/17-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de febrero de 2018)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 20. Marzo 2018. p. 201

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Publicado por en 30 marzo, 2018 en Sin categoría

 

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

Curso CDMX 19 de Abril de 2018. Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Materialidad.

 

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Defensa Fiscal Operaciones Simuladas y Alternativas para Acreditar la Materialidad.

1.-.- Estructura del artículo 69-B del C.F.F. (Analisis a fondo)
a).- Supuestos de aplicación.
b).- Formalidades que debe colmar la autoridad.
c).- Materialidad de Activos, Personal e Infraestructura.
d).- Consecuencias de ser considerado EFO y EDO.
e).- Presunción Iuris Tantum en favor del contribuyente.

2.- Una vez que fui publicado en lista como “presunto” EFO:
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

3.- Si soy EDO, (con proveedor publicado en lista negra definitiva):
a).- Adecuada atención del inicio del procedimeinto del 69-B del C.F.F.
b).- Plazo para aportar pruebas.
c).- Computo de Plazo para aportar pruebas y a partir de que momento hacerlo.
c).- Alternativas en la presentación de pruebas y argumentos que puede hacer valer.

“Tema punto 4 para Contadores”
4.- Manejo adecuado de “Cartas Invitación” en “Operaciones simuladas”.
a).- Las distintas clases de Cartas Invitación que el SAT hace llegar al contribuyente cuando lo tiene como EDO o EFO. (Enfocado desde la practica).
b).- Como se desarrolla la reunión cuando el contribuyente es citado en las oficinas de la autoridad. (Todo lo que necesita saber para hacerle frente).
c).- Alternativas y soluciones para una adecuada toma de decisiones.

5.- Defensa Fiscal contra el 69-B del C.F.F.
a).- Análisis de las distintas metodologías que utiliza la autoridad fiscal (SAT), desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales, basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
b).- Principales errores que comete la autoridad fiscal (SAT) desde 2014 a la fecha para motivar y fundar la determinación de créditos fiscales basados en Operaciones Simuladas o Inexistentes.
c).- Agravios de éxito contra el artículo 69-B del CFF, operaciones simuladas o inexistentes.

6.- Análisis de sentencias favorables obtenidas en Defensa Fiscal contra el artículo 69-B del C.F.F, que declaran nulidad lisa y llana de los créditos fiscales determinados por Operaciones Simuladas o Inexistentes.

7.- Recomendaciones Finales.

Fecha 19 de Abril de 2018.

Sede CDMX.

Horario de las 10:00 a las 15 horas.

 

Reservaciones:

Lic. Tahua Covarrubias
Fijo: 01 777 170 1474.
Cel: 646 111 8168.
WatsApp:+51 1 646 111 8168.
Evento Organizado por IFA.

 
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Publicado por en 19 marzo, 2018 en Sin categoría

 

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Aviso de cambio de domicilio se presume legal, salvo prueba en contrario

Conforme lo dispone el artículo 10 del Código Fiscal de la federación, el domicilio fiscal para las personas físicas son: a).-Si realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, b).- Si no realizan actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades, c).- Su casa habitación para el caso de no contar con local las personas de los incisos a y b y d).- El domicilio que hubieran señalado en el sistema financiero mexicano, para las personas morales el domicilio fiscal es el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

En esas consideraciones y en atención a que actualmente la autoridad fiscal goza de diversas atribuciones por medio de las cuales puede emitir actos de molestia con consecuencias graves hacia los contribuyentes en caso de tenerlo por no localizado, (notificaciones por estrados, cancelar CSD, tenerlo como EFO, etc), es importante tener presente para una adecuada defensa del domicilio fiscal cuando se verifica un cambio de este, que el aviso de cambio de domicilio cuando se verifica se presume cierto y debe surtir todos sus efectos legales, salvo prueba en contrario.

Sirve de orientación la caso que estudiamos los siguientes criterios:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VIII-P-2aS-229

DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO SURTE PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y SE PRESUME CIERTO, SALVO QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRE SU FALSEDAD.-  El artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, indica que se considerará como domicilio fiscal, tratándose de personas morales residentes en el país -entre otros supuestos- el local donde se encuentre la administración principal del negocio. A su vez, el artículo 27, del mismo cuerpo normativo, establece la obligación a cargo de las personas físicas o morales de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, domicilio y en general, sobre su situación fiscal. Adicionalmente, este último precepto indica que en el supuesto de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado en este, el aviso no tendrá efectos legales. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos respectivos, se presumirá cierto y surtirá plenamente sus efectos jurídicos en los plazos que señala la ley, salvo que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, demuestre que no se encuentra ubicado en la dirección declarada por el contribuyente o que el lugar señalado no se puede considerar como domicilio fiscal en los términos del citado artículo 10, esto es, cuando demuestre la falsedad de lo declarado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4646/15-05-01-6/2164/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de noviembre de 2017)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 192

Así como la Tesis: I.8o.A.21 A (10a.) de texto y rubro:

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández.

Nota: Por ejecutoria del 8 de junio de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 7/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 

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  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Publicado por en 12 marzo, 2018 en Sin categoría

 

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.

¡Nuevo Bloque de Defensa Contra Operaciones Simuladas o Inexistentes! En Épocas de Violación a la Garantía de Seguridad Jurídica del Contribuyente.

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  • El principio y elemento de las cosas es lo indefinido.
  • Anaximandro.

 

 

En el tema de Defensa Fiscal contra operaciones simuladas o inexistentes contenidas en el artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, actualmente existen agravios de forma y agravios de fondo que podemos hacer valer en tribunales para obtener una sentencia favorable a los intereses de nuestros asesorados, los primeros atienden mayormente a la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones y los segundos a la indebida valoración de las pruebas con las que se acredita que los bienes y servicios efectivamente se celebraron con el caudal probatorio que se exhibió ante la autoridad dentro del plazo que establece el propio artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, a saber 15 días para los EFOS y de 30 días para los EDOS.

Por tanto, hoy se encuentra bajo el escrutinio de los especialistas una resolución jurisdiccional que guarda estrecha relación con uno de los agravios de forma que se hacen valer en tribunales, dado que en la práctica hemos obtenido sentencias favorables por esa razón, la cual fue dictada mediante sesión de 7 de febrero de 2018, por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió el amparo directo en revisión número 3827/2017, por el que se cuestionó el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la federación, que se dirige al emisor del comprobante fiscal, en la parte que, en ese apartado no se establece plazo alguno a la autoridad fiscal para emitir resolución, ni mucho menos consecuencia alguna para el caso de ser omisa en hacerlo, por tanto se violaba en su perjuicio entre otros el principio de seguridad jurídica, lo que tornaba a dicha disposición legal, inconstitucional.

La porción normativa sujeta a análisis señala lo siguiente:

Artículo 69-B.

Tercer Párrafo: Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

 

De lo anterior, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyo que dicha porción normativa contrario a lo que sostenía el quejoso es constitucional y no viola el principio de seguridad jurídica, reconoció que en efecto no se establece plazo para dictar resolución pero que la falta de plazo para que la autoridad emita resolución en ese tipo de asuntos, se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, es decir la autoridad fiscal cuenta con un plazo de cinco o diez años, en cuyo caso se extingue la facultad de la autoridad fiscal prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad citados.

Entre los argumentos vertidos por la 1ra Sala, encontramos los siguientes:

En efecto, del tercer párrafo del precepto en cuestión, sólo se advierte la previsión legislativa acerca de que (transcurrido el término para que el contribuyente para que desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitió) la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de cinco días para valorar las pruebas y defensas hechas valer.

Como se puede observar de la lectura del precepto transcrito, únicamente está regulada la forma en que la autoridad deberá dar a conocer la resolución correspondiente, a saber por medio de buzón tributario, sin que para ello disponga un plazo para la propia emisión de la resolución ni para su notificación.

 

Ahora bien, si retomamos lo prescrito por el artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, ni el plazo para su notificación, lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional, como se sostuvo con anterioridad, porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, dado que conforme al primer párrafo de dicho precepto, en el plazo de cinco o diez años, en su caso, se extingue la facultad de la autoridad fiscal para prevista en el artículo impugnado, por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad señalados.

                        Lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es contrario a derecho y atenta directamente contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como apertura la posibilidad de entablar nuevos argumentos de defensa en el tema de operaciones simuladas o inexistentes de asuntos que se presenten en lo futuro, ya que esta pierde de vista al momento de resolver que en materia fiscal existe la figura de “CADUCIDAD GENERAL y CADUCIDAD ESPECIAL”, por tanto, la 1ra Sala en un yerro de su parte, trata de suplir los vicios de constitucionalidad que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con la figura de la “Caducidad General”, contenida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que en efecto como lo sostiene (prevé la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales).

                        Sin embargo, en los procedimientos especiales, como el que se encuentra contenido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la “Caducidad General”, se encuentra suspendida y debe ser relevada por la diversa figura de “Caducidad Especial”, para sostener mi análisis que le expongo, es imprescindible atender el siguiente criterio dictado sobre el tema:

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL PLAZO CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala, en el cuarto párrafo de su fracción IV, que el plazo establecido en dicho artículo para que opere la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar omisiones e imponer sanciones, no está sujeto a interrupción y que sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de la misma ley, o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio. En esta segunda hipótesis la suspensión opera con la sola interposición del medio de defensa, es decir, con independencia de lo que se resuelva en el recurso administrativo o juicio; ello, atendiendo a que la norma en comento no condiciona su actualización a lo que resuelva el órgano jurisdiccional. Por tal motivo, si la ley no distingue, no es dable hacerlo al juzgador y, en consecuencia, lo que debe corroborarse en los casos en que se alegue la suspensión del plazo de caducidad de las facultades legales de comprobación de las autoridades fiscales, será comprobar la existencia del medio de defensa y computar el término de cinco años excluyendo el tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. Lo anterior, en virtud de que la suspensión implica que el periodo transcurrido hasta antes de que acontezca el evento suspensor no se pierde sino que se acumula al que transcurra una vez extinguido el señalado evento.

En esa medida, es requisito indispensable que las normas que atribuyen facultades a las autoridades administrativas, limiten su marco de actuación, de tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no pueda ser producto de la actuación arbitraria de la autoridad, sino que se encuentre justificada por los hechos que rodean una determinada situación que advierte la autoridad administrativa y, por otra parte, que la medida contemplada en dichas normas sea proporcional con el fin que se busca, de tal manera que no sea excesiva, de ahí que la figura de “Caducidad Especial”, deba prevalecer en el artículo que se analiza, la cual no se contiene, en este contexto es posible desprender otros agravios que se podrán hacer valer en tribunales para defender estos asuntos en tribunales, los cuales ya estamos introduciendo en las demandas que interponemos en los asuntos que por este concepto manejamos en tribunales, así como los estaremos incluyendo como tema como parte de los cursos que impartimos sobre la Defensa Fiscal de Operaciones Simuladas o Inexistentes. Nos ponemos a sus ordenes para el caso de requerir este servicio de defensa 20 años de trayectoria profesional nos respaldanSuscríbase a nuestro blog: https://blogifa.wordpress.com/, síganos y reciba directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes o contactarnos directamente. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Publicado por en 2 marzo, 2018 en Sin categoría