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¡Defensa Fiscal contra Inmovilización de Cuentas Bancarias decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por Inconstitucionales!

¡Defensa Fiscal contra Inmovilización de Cuentas Bancarias decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por Inconstitucionales!

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Acompáñenos en CDMX “. Fecha 26 de Enero de 2018. Informes y Reservaciones: Lic. Alma Delia Rueda Ramos. Teléfonos: 01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93 Cels. 22 21 72 46 17 WhatsApp: 2221724617 Evento organizado por ALRO.

Con fecha 10 de enero de 2014 se publico en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante la cual se adiciono en su 9no Párrafo, el mandato a las instituciones de crédito para: ” . .. La lista de personas bloqueadas tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pueden ubicar en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo “ .

Consecuentemente, los artículos que se pueden leer se anotan en el documento anterior, que dice: “La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior deja de surtir sus efectos cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimina la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión “, y por otro, que” La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas “.

Con base en lo anterior anterior a la porción del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, preinserta resultante inconstitucional, puesto que, el supuesto fáctico para que una persona sea incluida en la lista de personas bloqueadas, consistente en que la autoridad se determine la existencia de conducta conducida con los delitos de Terrorismo y Lavado de Activos; lo cual, todas las luces invaden la esfera de facultades del Ministerio Público, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, establece las facultades del Ministerio Público y de las políticas, en los primeros términos:

“Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y las políticas, las cuales actuarán bajo la conducción y el mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

De lo que desprende, que el mandato de constituir, es decir, el sentido de que solo el Ministerio Público, y las políticas que lo obligan a actuar bajo su conducción, hijo facultades para investigar los delitos, y que, por tanto, dicha función , no puede constitucionalmente corresponder a una autoridad diversa.

Por su parte al analizar el diverso artículo 16 constitucional, que advierte que este no tiene autorización para presentar las autorizaciones administrativas para la comisión de delitos, y menos aún, para adoptar medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación para sus facultades comprobación o gestión administrativa.

Otro precepto legal que merece ser citado para ejemplificar el deber que puede tener las autoridades administrativas frente a la comisión de un delito, lo es el artículo 400 del Código Penal Federal, que tiene la peculiaridad de contemplar implícitamente en su fracción V, la obligación de Toda persona, para procurar los medios lícitos que tengan el alcance y el riesgo para su persona, que impidan la consumación de los delitos que se cometen o que cometen, que no cumplan con el riesgo.

Ahora bien, un análisis del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, permite acceder a la conclusión de que la facultad está disponible en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para emitir una lista de personas bloqueadas, no tiene otra finalidad que la de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pueden ubicar en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción del artículo, esto es, los que se aplicarán en la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal que se encuentra en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, lo cual, hace alusión a los delitos de terrorismo, de terrorismo internacional y de operaciones con recursos de procedencia ilícita , como se desprende de la lectura de los propios preceptos citados.

Esto significa que la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con relación a los referidos delitos, no está propiamente enmarcada, al menos de manera directa, con el ejercicio de facultades de comprobación fiscal, como los ilícitos en cuestión, no tiene relación directa con la omisión de pago de contribuciones o con el incumplimiento de otras obligaciones de naturaleza eminentemente tributaria, que básicamente, se busca prevenir y detectar los delitos en el medio de la comisión, está relacionado con la operación del sistema financiero, al que se busca proteger.

Es importante precisar que incluir una persona en la lista de personas bloqueadas, con los efectos de la suspensión de servicios y congelación de cuentas bancarias que precisa el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tiene el alcance de una técnica de investigación o medida cautelar; por lo tanto, esto se adopta para indagar un delito ilícito y para evitar que este síguese cometa que se cometan otros delitos (prevención), de que que bien puede tener o no, que sea cierto que la ley con una presunción fundada de que se trata de recursos ilícitos, sin embargo, sí al Ministerio Público.

Por tanto, el acta de la autoridad se hizo, al menos una lista de personas bloqueadas, tiene por objeto y como primer impacto, el que está ahí, no se puede realizar actos, operaciones o servicios prestados por las instituciones de crédito, lo que, si bien tiene como objetivo prevenir la comisión de delitos y proteger el sistema financiero, no deja de materializarse en un congelamiento o inmovilización, aún provisional, de cuentas bancarias .

Enció circunstancias, no es aceptable que bajo la idea simple de prevención del delito, se permita que una autoridad distinta al Ministerio Público y que a la vez, no tenga el carácter de policía, instrumentos de bloqueo de cuentas que conlleven inmovilización, congelamiento o aseguramiento de las mismas, pues sí existen acciones que están relacionadas con la comisión de un delito, no cabe duda de que las autoridades competentes en materia penal son las que deben examinarse de la investigación del delito y los delitos correspondientes, así como, en su caso, el aseguramiento de los bienes, las medidas penales aplicables, el contemplar las reglas específicas para el aseguramiento de cuentas y, en su caso,las reglas afines al establecimiento de medidas cautelares afines al embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y otros valores que se encuentran en el sistema financiero.

Por lo tanto, no está permitido en el artículo 21 constitucional y sin lugar a duda, cuando las autoridades se hacen cargo de la comisión de un delito, no se puede existir otro comportamiento que el formato de la denuncia respectiva, y permitir que sea el Ministerio Público el que intervenga para realizar la investigación correspondiente y, en su caso, para que el último adopte las medidas de aseguramiento que resulten de ellas y las otras que lo permitan, o el que solicite, cuando corresponda y ante la autoridad judicial, la adopción de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que la ley permita .

Todo lo anterior, la conclusión en el sentido de que resulta por lo menos que se aprueba el artículo impugnado, se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a invadir las facultades constitucionales del Ministerio Público (artículo 21 constitucional).

Por si fuera poco, dicho cuerpo normativo que se analiza también viola el principio de la presunción de inocencia, contenido en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción I, pues no está prestando la inocencia de la persona sujeta a un bloqueo de cuentas, sino que al contrario, la parte de su culpabilidad o contribución a la comisión de un delito, como base para el congelamiento de sus cuentas bancarias, y todo ello, en un ámbito extraprocesal, porque el bloqueo se realiza fuera del contexto penal apropiado, y es un esquema administrativo ajeno al Ministerio Público, que busca asegurar cuentas bancarias ante hechos constitutivos de delito, y por el tiempo necesario hasta que se acredite ante la propia autoridad administrativa, que el mismo no se ha cometido.

Así, cuando menos está en los términos que está redactado el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en lo que se refiere a la inclusión de personas en la lista de personas bloqueadas, ya los efectos de dicha inclusión, no es posible concluir que el precepto se encuentra apegado a la regularidad constitucional, pues más allá de que el referido bloqueo e investigación que predispone al mismo, no se lleva a cabo por el Ministerio Público, lo cierto es que el impacto de la norma, géneros una afectación al principio de presunción de inocencia en su regla de trato extraprocesal.

Cabe mencionar que la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, fue la conclusión a la que llegó y detectó otras inconstitucionalidades, que para efectos de ningún extenso en demasía, el presente artículo no fue suficiente para declarar la contravención a medidas constitucionales, de ahí que de ser objeto de Inmovilización de Cuentas Bancarias decretadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), puede presentar una demanda judicial en tribunales para obtener el levantamiento de la inmovilización que le fue decretada de forma ilegal. Suscríbase a nuestro blog:   https://blogifa.wordpress.com/  , síganos y el acceso directo a su correo electrónico la información que genera, también puede hacerme clic en Facebook Facebook    Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”  consultas y asesoría sobre el tema puede hacer efectivo en nuestra red vía inbox. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Publicado por en 16 enero, 2018 en Sin categoría

 

ACTIVIDADES VULNERABLES OBLIGACIONES Y SANCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE.

ACTIVIDADES VULNERABLES  OBLIGACIONES Y SANCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE.

26637689_1621283457930030_408121762_nAcompáñenos en CDMX “. Fecha 26 de Enero de 2018. Informes y Reservaciones: Lic. Alma Delia Rueda Ramos. Teléfonos: 01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93 Cels. 22 21 72 46 17 WhatsApp: 2221724617 Evento organizado por ALRO.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios. Esto conforme al Portal de Lavado de Dinero.

 En virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la Ley y su Reglamento faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar elementos útiles con el objeto de prevenir e identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.

Conforme al artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los contribuyentes que realicen las Actividades Vulnerables tendrán las siguientes obligaciones:

  • Realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada, a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley.
  • Identificar a sus Clientes y Usuarios en el caso de que se supere el umbral de identificación de la operación en cuestión, en caso de que este exista, de lo contrario con la simple realización de la operación.
  • Presentar los Avisos e informes a la UIF, por conducto del SAT.

Respecto a la Obligación de presentar Avisos, estos deben contener los siguientes requisitos:

  • Datos generales de quien realiza la Actividad Vulnerable.
  • Datos generales del Cliente o Usuario o, en su caso, del Dueño Beneficiario, así como información sobre su actividad preponderante.
  • Descripción general de la Actividad Vulnerable.

 Otras obligaciones:

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación soporte de la realización de Actividades Vulnerables, así como la que identifique a sus Clientes o Usuarios. La información se debe conservar física o electrónicamente por 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable.

Al respecto de las sanciones administrativas por incumplimiento a estas obligaciones, conforme al artículo 52 de la (LFPIORPI), establece que serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas y, al efecto, la imposición de dichas sanciones se hará conforme al procedimiento previsto en las respectivas Leyes especiales que regulan a cada una de las Entidades Financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas Leyes para cada caso referido a las Entidades Financieras correspondientes.

Las multas que se determinen tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Se aplicará la multa correspondiente a quienes:

  1. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría;
  2. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la (LFPIORPI);
  • Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17 de la (LFPIORPI). La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de la Ley referida, o
  1. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24 de la (LFPIORPI);
  2. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de la citada Ley;
  3. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17, y
  • Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de la (LFPIORPI).

Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley serán las siguientes:

  1. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de la mencionada Ley;
  2. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53, y
  • Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta Ley.

Es decir que en el supuesto de no presentar el Aviso correspondiente por las actividades referidas la multa podrá oscilar entre $16,008.00 hasta $160,080.00 M.N. y $800, 400.00 hasta $5, 202, 600.00 M.N. Conforme al artículo 54 Fracciones I y III de la LFPIORPI.

Como excepción la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.

Cabe mencionar que actualmente estas multas se están determinando con mayor frecuencia por parte de la Autoridad, por lo que es importante conocer tanto las obligaciones, como los pasos a seguir en caso de encuadrar en el supuesto; Una vez notificados por la Autoridad, agotar los medios de Defensa con la finalidad de nulificar el crédito fiscal emitido. Suscríbase a nuestro blog:  https://blogifa.wordpress.com/ , síganos y el acceso directo a su correo electrónico la información que genera, también puede hacerme clic en Facebook Facebook   Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”  consultas y asesoría sobre el tema puede hacer efectivo en nuestra red vía inbox. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

 

  • Autor: Lic y Maestrante en Impuestos: Tahua Covarrubias Cerda.
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Publicado por en 8 enero, 2018 en Sin categoría

 

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL POR PRESUNTAS OPERACIONES SIMULADAS

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL POR PRESUNTAS OPERACIONES SIMULADAS

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Acompáñenos en CDMX “. Fecha 26 de Enero de 2018. Informes y Reservaciones: Lic. Alma Delia Rueda Ramos. Teléfonos: 01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93 Cels. 22 21 72 46 17 WhatsApp: 2221724617 Evento organizado por ALRO.

La defraudación Fiscal es una figura de daño patrimonial, en la que la materialidad de la acción consiste en omitir total o parcialmente ingresar a la Administración Fiscal sumas adeudadas por los sujetos o particulares en concepto de tributos, mediante el aprovechamiento de errores o utilización de maniobras engañosas.

Así, los elementos constitutivos de defraudación fiscal son: a) engaño o aprovechamiento de errores; b) omisión de pagar un tributo de manera total o parcial; c) consecución de un beneficio indebido; d) nexo de causalidad entre el engaño y el no pago del tributo u obtención del beneficio indebido.

…”. En ese sentido, cuando un contribuyente, sea persona física o moral, presenta su declaración anual correspondiente al impuesto sobre la renta ante la autoridad hacendaria en cero pesos, moneda nacional, aritméticamente se considera que dicha cantidad es menor a los ingresos realmente obtenidos en dicho periodo; entendiendo para tal efecto, el adjetivo calificativo de menor, en la acepción que refiere el Diccionario de la Real Academia Española, como: “Que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o calidad”; de ahí que, si de las visitas domiciliarias y aportación de datos por terceros, practicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la información de depósitos realizados en las cuentas bancarias proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de las facultades de comprobación de ingresos fiscales, se tuvo conocimiento de que el contribuyente, en el ejercicio fiscal correspondiente a dicho impuesto, declaró en cero pesos sus ingresos, cuando realmente los obtuvo en cantidad superior, se actualiza el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el numeral 109, fracción I y sancionado en el diverso 108, párrafo tercero, del mencionado código fiscal.

La omisión de declaraciones son actos de defraudación, así como las declaraciones que tienen carácter de definitiva son las que se deben hacer de forma mensual por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Con relación a esto, el artículo 69-B como es  conocido establece el procedimiento para determinar si las operaciones realizadas por el contribuyente, es decir la emisión de comprobantes, cuentan con el respaldo de activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, esto es, para presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Dando paso a la posible comisión del delito de Defraudación Fiscal, una vez que el contribuyente realice para la Autoridad Fiscal Operaciones Simuladas, evadiendo principalmente el pago de impuestos.

Una vez que el contribuyente encuadre en el supuesto normativo del artículo 69-B, no  desvirtuó los hechos, ya sea por estrategia o simplemente no logro acreditarlo a criterio de la Autoridad, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan esto es, que se encuentran definitivamente en la situación prevista en el numeral 69-b del Código Fiscal de la Federación.

El listado antes mencionado por disposición legal, no podrá publicarse antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. Y sus efectos generales serán considerar, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Con relación a los supuestos Actos Simulados, equiparables al Delito de Defraudación fiscal, su consecuencia legal será dejar sin efectos fiscales para ambas partes tales comprobantes, tanto para emisor como para receptor. Tales actos serán considerados para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en lo establecido por el artículo 109, fracción IV, de ese ordenamiento, el cual tipifica como equiparable al delito de Defraudación Fiscal a la simulación de uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal; dicha conducta delictiva podrá ser sancionada con una pena máxima de prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,310,520.00 pesos.

Ahora bien dentro del proceso de tipo penal, se prevé que la Autoridad Fiscal actúe como sujeto pasivo del delito, en aquellos casos en que así lo fuera, puede constituirse en acusador coadyuvante, pudiendo solicitar la imposición de medidas cautelares, justificando la necesidad de su imposición, al ejercer los derechos que le concede.

Por lo tanto derivado de la fuerte fiscalización que se llevará a cabo por parte de la Autoridad Fiscal, donde las Operaciones Simuladas juegan un papel primordial dentro de la recaudación para este 2018, es de vital importancia que al momento de ser notificados por medio de nuestro buzón tributario, acudamos inmediatamente a nuestro Abogado Fiscal de confianza para que nos asesore, así mismo inicie con el medio de defensa idóneo ya sea recurso de Revocación o Juicio de Nulidad, con el objeto de desvirtuar la publicación definitiva de la Autoridad.Suscríbase a nuestro blog:  https://blogifa.wordpress.com/ , síganos y el acceso directo a su correo electrónico la información que genera, también puede hacerme clic en Facebook Facebook   Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”  consultas y asesoría sobre el tema puede hacer efectivo en nuestra red vía inbox. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

 

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Publicado por en 3 enero, 2018 en Sin categoría

 

Nuestro Socio Director nombrado en 2018 como uno de los Fiscalistas mas Importantes de México.

Nuestro Socio Director nombrado en 2018 como uno de los Fiscalistas mas Importantes de México.

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Publicado por en 1 enero, 2018 en Sin categoría

 

REVISIONES ELECTRONICAS

Lic Tahua

Para el Servicio de Administración Tributaria  el objetivo de una revisión electrónica es examinar alguna cuestión o rubro por medio de medios electrónicos, con la finalidad de agilizar las auditorias en el menor tiempo posible y con disminución de costos. Propiciando una comunicación más eficiente aunada a un proceso transparente. Con respecto a este concepto cabe mencionar que al segundo trimestre del año pasado, 59.5 por ciento de la población de seis años o más en México se declaró usuaria de Internet, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en definitiva no todos los contribuyentes cuentan con acceso a internet, lo cual puede dejar en desventaja a algunos y para otros representa un medio facilitador.

Las facultades de comprobación de la autoridad fiscal,  mismas que se encuentran contempladas en el  artículo  42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), formando parte de ellas las revisiones electrónicas, establecidas en el artículo  53-B del ya citado Código.

Al tener acceso la autoridad fiscal de la información que el mismo contribuyente le proporciona, partiendo del principio de buena fe, la autoridad lo informará de posibles omisiones o irregularidades, esto por medio de una denominada resolución provisional, que en los casos que aplique, será acompañada por un oficio de pre liquidación, ante este supuesto el contribuyente podrá efectuar el pago del crédito fiscal determinado o en su defecto podrá aportar documentación con la finalidad de desvirtuar el dicho de la autoridad, dentro del plazo de 15 días posteriores a la notificación de la resolución provisional. Contrario al caso anterior, el contribuyente podrá corregir su situación dentro del plazo de 10 días,  mediante  el  pago  total  de  las contribuciones  y  aprovechamientos  omitidos,  junto  con  sus  accesorios,  en  los  términos contenidos  en  el  oficio  de  preliquidación,  en  cuyo  caso,  gozará  del  beneficio  de  pagar  una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.

En caso de que  la autoridad  fiscal  identifica  elementos  adicionales  que  deban  ser  verificados,  podrá  actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:

  1. a) Efectuará un  segundo  requerimiento  al  contribuyente,  el  cual  deberá  ser  atendido dentro  del  plazo  de  diez  días  siguientes  a  partir  de  la  notificación  del  segundo requerimiento.
  2. b) Solicitará información  y  documentación  de  un  tercero,  situación  que  deberá notificársele  al  contribuyente  dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la  solicitud  de  la información.

El  tercero  deberá  atender  la  solicitud  dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la notificación del requerimiento; la información  y documentación que aporte el tercero deberá darse a conocer al contribuyente dentro de los diez días siguientes a aquel en que el tercero la haya aportado; para lo cual el contribuyente contará con un plazo de diez días contados a partir de que le sea notificada la información adicional del tercero para manifestar lo que a su derecho convenga.

 La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la  resolución  con  base  en  la  información  y  documentación  con  que  se  cuente  en  el expediente.

Es importante mencionar que la Autoridad Fiscal contará con un plazo de seis meses para concluir con la revisión electrónica a excepción de la materia de comercio exterior que su plazo se extiende a dos años.

Por lo anterior en contra de las ya mencionadas facultades de comprobación,  como medio de defensa tenemos el Amparo Indirecto en contra de los artículos 17-k, 28, 42, fracción IX y 53-B del código fiscal de la federación, debiéndose solicitar su impugnación de manera conjunta, como antecedente tenemos la siguiente Jurisprudencia que a la letra establece:

BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).Si en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados los preceptos de referencia así como otras disposiciones que desarrollan su contenido- y lo que fundamentalmente se impugna es el nuevo mecanismo implementado para el registro y control de la contabilidad electrónica de los contribuyentes con motivo de la entrada en vigor de la obligación consistente en llevar la contabilidad en medios electrónicos y enviar mensualmente la información respectiva al Servicio de Administración Tributaria (1 de julio de 2014), se advierte que en torno a dichas normas no se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, ésta en relación con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico y extemporaneidad), no obstante que a algunas de ellas les revista el carácter de heteroaplicativas y otras hubiesen iniciado su vigencia con anterioridad, en razón de que todas pertenecen al mismo sistema normativo que, para efectos del juicio de amparo, es impugnable en su integridad a partir del inicio de vigencia de la obligación aludida, siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro del plazo previsto en el citado artículo 17, fracción I. Tesis de jurisprudencia 135/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Existen diversos medios de defensa que podemos invocar a causa de las Revisiones Electrónicas, por lo cual es importante conocer el procedimiento legal establecido, para determinar causales de impugnación referentes al actuar de la autoridad fiscal. Suscríbase a nuestro blog:  https://blogifa.wordpress.com/ , síganos y el acceso directo a su correo electrónico la información que genera, también puede hacerme clic en Facebook Facebook   Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí”  consultas y asesoría sobre el tema puede hacer efectivo en nuestra red vía inbox. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

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Publicado por en 24 diciembre, 2017 en Sin categoría

 

¿Qué es la auditoría fiscal?

¿Qué es la auditoría fiscal?

¿Qué es la auditoría fiscal?

La auditoría fiscal  es una técnica mediante la cual se verifica y analiza los hechos vinculados a los actos de carácter tributario. Es un método que se usa para inspeccionar tanto para personas físicas como para personas morales, es decir, un conjunto de personas que son contribuyentes y tienen obligaciones fiscales frente al Estado.

A través de  la auditoría fiscal  se analizan y evalúan los registros contables, los movimientos diarios, así como toda la documentación que contiene información relativa a las operaciones que efectúa el sujeto durante un período de tiempo determinado. Es importante recalcar que deben de informar que la duración será sujeto a una verificación.

El SAT detecta mediante un  software  anomalías o inconsistencias entre lo que informa el contribuyente y la empresa moral para la que prestó servicios. “Así tiene un control de quién lo escucha y por qué”

De ahí que la mejor manera de evitar una auditoría marítima “que los certificados de deuda se hayan cumplido, que las devoluciones de fondos se hayan mantenido y respaldado las transacciones entre clientes y proveedores con facturas y contratos”

Las auditorías o revisiones que realicen el SAT se pueden adquirir de tres formas: revisión electrónica, visitas a domicilio del contribuyente o la documentación que acredite su cumplimiento fiscal. .

Es obligación del fisco darle al pagador de impuestos un oficio donde se exponga qué impuestos y qué periodo revisará, así como también a través de una carta de derechos como contribuyente auditado.

El contribuyente tiene el derecho de ser notificado por qué se puede hacer una revisión, quién se puede hacer y qué se puede hacer,

Durante la revisión pormenorizada de una contabilidad, la autoridad tributaria solicitó los documentos que tienen relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales como contratos con clientes y proveedores y depósitos.

“El contribuyente solo debe entrégal al SAT los documentos que correspondan al periodo en revisión. Si el representante fiscal necesita revisar otros periodos, tendrá que plasmarlo por escrito en una acta parcial para tenerlo saber formalmente al contribuyente auditado “

La autoridad tributaria tiene un plazo de 12 meses para concluir el proceso de auditoría, el término de esta fecha es 20 días al contribuyente para “desvirtuar las observaciones” del fisco, es decir explicar por qué no hijo correctas sus conclusiones.

Una vez terminado el plazo, el fisco tiene seis meses más para notificar al contribuyente su crédito fiscal, donde se incluyen  multas, recargos y actualizaciones  que se han generado por su incumplimiento.

Si no está de acuerdo con los resultados de la revisión fiscal, el contribuyente puede usar el medio de defensa idóneo, donde explicará el SAT las inconformidades.

Las revisiones o auditorías en los términos del CFF se encuentran en el artículo 42 del CFF, las autoridades fiscales están facultadas para realizar las revisiones o los auditores que los evalúan, los responsables solidarios o los terceros con los que están relacionados, han cumplido en el tiempo y forma con lo que previene las leyes fiscales y, en su caso, determina las contribuciones omitidas o fiscales y verifica la comisión de delitos fiscales.

Por otra parte, a través de la revisión de gabinete, las autoridades que pueden solicitar el contribuyente que exhiba los papeles de trabajo, documentos y demás información que desvirtúe las observaciones detectadas, o bien, que aclare eventos que no sean claros para las autoridades .

Cabe señalar que este tipo de revisiones se realizó en las oficinas de las autoridades fiscales y durante el proceso de revisión, y que se puede realizar un solo requerimiento de información y documentación si considera que la información es suficiente para valorar la situación fiscal del contribuyente.

En la práctica esto no sucede, pues dentro del mismo procedimiento las autoridades competentes nuevas solicitudes o requerimientos de información y documentación. Ahora bien, la principal facultad de realizar la verificación con la que tiene las mismas condiciones fiscales, en términos de lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es la visita domiciliaria. Esta facultad consiste en verificar que los contribuyentes hayan cumplido con las obligaciones establecidas en las leyes fiscales, para lo cual los auditores del SAT revisen la contabilidad, la documentación y la información sobre los rubros específicos; o bien, por ejercicios fiscales. Por excelencia, este acto de fiscalización se realiza en el domicilio fiscal, establecimientos o locales manifestados por el contribuyente.

Por otro lado, a partir de la Reforma Fiscal que entró en vigor el 1 de enero del ejercicio 2014, se facultó a las autoridades fiscales para la revisión de las llamadas Revisiones Electrónicas, las cuales se basan en el análisis de la información y la documentación que obra en poder de la autoridad fiscal, sobre uno o más específicos de una o varias contribuciones. Este tipo de revisiones son más eficientes porque reducen los plazos de ejecución y son menos invasivas para el contribuyente, ya que se usan tanto la Contabilidad Electrónica como el Buzón Tributario como herramientas de fiscalización y comunicación.

Es importante mencionar que, después de varias modificaciones y precisiones a las medidas fiscales que modifican el mecanismo de operación de las Revisiones Electrónicas y el pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 3 respecto de la constitucionalidad de las mismas vía Buzón Tributario, a partir del mes de septiembre del ejercicio fiscal 2016, el SAT inició con estas revisiones. No obstante, actualmente el SAT continúa ejerciendo sus facultades de comprobación a través de la revisión de las visitas domiciliarias, aunque se trata de que estas últimas desaparezcan una vez que todos los contribuyentes puedan ser fiscalizados por medios electrónicos.

Visita Domiciliaria Pasos:

  • Citatorio> Se notifica al visita domiciliaria al contribuyente.
  • Acta de Inicio: Lo primero que debe hacer es la autoridad es identificarse.
  • Actas Parciales: hábil circunstanciado. Modo, tiempo, lugar y forma.
  • Antes de la última acta se debe dar la vista al contribuyente en presencia de un representante de la Prodecón.
  • Ultima acta
  • Acta Final> 6 meses.
  • Crédito Fiscal
  • Autor: Lic y Maestrante en Impuestos: Tahua Covarrubias Cerda.
  • Contacto:
  • Blog: blogifa.wordpress.com
  • Facebook: Inteligencia Fiscal Aplicada Sc
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Publicado por en 13 diciembre, 2017 en Sin categoría

 

¡Nomina! Los Comprobantes Fiscales son deducibles aun y cuando se expidan fuera de los plazos establecidos en la Ley de ISR.

¡Nomina! Los Comprobantes Fiscales son deducibles aun y cuando se expidan fuera de los plazos establecidos en la Ley de ISR.

 

26972847_10208425529835906_1955259116_oDe conformidad con lo que establecen los artículos 99, fracción III y 27, fracciones V y XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), se desprende que los contribuyentes que realicen pagos por concepto de sueldos y salarios, tengan que sujetarse a 2.7.5.1 a la 2.7.5.5 de la RMF 2017, que contemplan diversas disposiciones en materia de expedición y entrega de CFDI, por concepto de nómina, fechas de expedición y entrega de las remuneraciones cubiertas por los trabajadores, emisión de comprobantes, constancias de retenciones y otros.

Así los artículos de la LISR se pueden elegir por la siguiente:

Artículo 99 LISR . Quienes hacen pagos por los conceptos que tienen este capítulo, tienen las siguientes obligaciones:

Fracción III . Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la ecrogación correspondiente, que sea compatible con el mar como constancia o recibo de pago por efectos de la legislación laboral a que se refiere a los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.

Artículo 27 LISR . Las deducciones autorizadas en este Título

Fracción V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recaudó de documentos copia en los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, solo se puede deducir siempre que el contribuyente proporcione la información que está obligado en los términos del artículo 76 de esta Ley.

Los pagos que a la vez se hacen en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se pueden deducir siempre las consecuencias por el concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en los términos del Código Fiscal 99, fracciones I, II, III y V de la ley presente, así como las medidas que, en su caso, regulen el subsidio por el el empleo y los contribuyentes cumplen con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando están obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social.

Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratista y la obtención del contratista copia de los comprobantes fiscales por el concepto de pago de salarios de los trabajadores que le han proporcionado el servicio subcontratado, de los recursos de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a los trabajadores y del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los contratistas están obligados a entregar los comprobantes y la información que buscan este.

Fracción XVIII. Que al realizar las operaciones es más tarde que el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada detención en particular establece esta Ley. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción III de este artículo, este llegó a más tardar el día en que el contribuyente se presentó su declaración. Respecto a la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a la vista de las fracciones V y VI de este artículo, respectivamente, los mismos sí realicen en los plazos que el efecto mar los fiscales, y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha fecha .Tratándose de las declaraciones informativas a que se refiere los artículos 76 de esta Ley, y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se debe presentar en el lapso acordado al hecho establecido el artículo seleccionado 76 y contar a partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes. Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción.

Tratándose de anticipos por los gastos a los que se refiere la fracción III del artículo 25 de esta Ley, los prestamos deducibles en el ejercicio en el que se efectúa, siempre que se cuente con el comprobante fiscal del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el comprobante fiscal que toda la suma de la operación por la que se efectuó el anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el anticipo. La deducción del anticipo en el ejercicio en el que paga por el monto del mismo y, en el ejercicio en el que recibe el bien o el servicio, la deducción en la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante fiscal y el monto del anticipo . En todo caso para hacer una deducción, cumplir con los demás requisitos que establezcan las leyes fiscales.

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 76 de esta Ley un requisito de la autoridad fiscal, no se considerarán incubadas el requisito a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, siempre que se presenten las declaraciones dentro de un tiempo máximo de 60 días contados a partir de la fecha en la que se notifique el mismo.

No obstante el articulo 54 del Reglamento de la Ley del ISR, establece una prorroga reglamentaria cuando señala no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones establece dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente en términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, con las obligaciones establecidas en el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley, a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio, estableciendo en su caso, como único requisito que se hubiesen pagado las cantidades adeudadas debidamente actualizadas y con los recargos respectivos.

Así se desprende de su contenido, se transcribe:

 

Artículo 54 RISR . Para efectos del artículo 27, la fracción XVIII de la Ley, no se consideró incumplido el requisito para las deducciones establecidas como la fracción, cuando se adoptó espontáneamente en términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, con la obligación establecida en el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley, a más tardar en la fecha en que se presentó la declaración del ejercicio, siempre y cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades adeudadas con las actualizadas y con los recargos respectivos.

Lo anterior se corrobora con el siguiente criterio sustantivo:

Criterio sustentado en:

Consulta PRODECON / SASEN / DGEN / III / 088/2017

13/2017 / CTN / CS-SASEN (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 29/09/2017)

COMPROBANTES FISCALES DE NÓMINA. RESULTA PROCEDENTE SU DEDUCCIÓN AUN Y CUANDO SE EMITA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIEMPRE QUE SE PRESENTÓ DE MANERA ESPONTÁNEA A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN LA QUE EL PATRÓN DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO.Los pagos efectuados por los patrones que los trabajadores aceptan cumplen con el requisito de deducción, aún y cuando los CFD se transfieren a los artículos 99, fracción III y 27, fracciones V y XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) ), toda vez que el artículo 54 del Reglamento de la LISR establece una regla reguladora para emitir dichos comprobantes, que no incluye el requisito para esa deducción siempre que la emisión de dichos CFDI de nómina se haga de forma espontánea en términos del artículo 73 del El Código Fiscal de la Federación, más tardío en la fecha en que se puede presentar la declaración del ejercicio.

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Publicado por en 11 diciembre, 2017 en Sin categoría