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Algunas precisiones de las PTU

Algunas precisiones de las PTU

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A partir de enero de 2014, la base gravable para determinar la PTU es la misma que la base para efectos del ISR, solo que esta no coincide del todo, ya que al resultado fiscal (base gravable) se le restan los Ingresos exentos de los trabajadores cuya deducción se encuentra limitada a un 53% o 47% para el ISR.

La PTU no es deducible por lo que al registrarla en el gasto disminuye la utilidad contable pero no debe disminuir el resultado fiscal, por tal motivo debe quedar reflejada dentro de las deducciones contables no fiscales.

La PTU ya no es un impuesto a la utilidad, por lo mismo ya no se contabiliza junto con el ISR

La PTU es un gasto que beneficia a los empleados, por lo cual se contabiliza dentro de gastos, por lo tanto, afecta a la utilidad o pérdida de operación.

Se permite disminuir la PTU pagada de la utilidad fiscal del ejercicio, así como que se pueda aumentar la pérdida fiscal del mismo con el monto de dicha PTU.

Se otorga un estímulo fiscal para que en los pagos provisionales efectuados a partir del pago de la PTU y hasta el cierre del ejercicio, se puedan disminuir de la utilidad fiscal, en forma proporcional, la PTU generada en el ejercicio inmediato anterior efectivamente pagada, sin que se considere deducción.

EPOCA DE PAGO:

El reparto de utilidades se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el ISR anual:

  1. Las personas morales pagarán la PTU a más tardar durante el mes de mayo a sus trabajadores
  2. Las personas físicas a más tardar en el mes de junio deben pagar el PTU
  3. Cómputo del plazo para que los patrones que tributen en el RIF paguen la PTU

11.7.1.1.          Para los efectos del artículo 111, séptimo párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tributen en términos del RIF, podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades a sus trabajadores, a más tardar en junio de 2017.

Recordemos que de acuerdo al artículo 111 de la LISR el cálculo del PTU para RIF será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio.

Para la determinación de la renta gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles de acuerdo al art. 28, fracción XXX de la LISR.

                          LISR 111

¿Quiénes están obligados a pagar la PTU?

Todas las personas físicas y morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del ISR.

Las empresas que no pagan PTU son las siguientes:

  1. Empresas de nueva creación, durante su primer año
  2. Empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante sus dos primeros años
  3. Empresas extractivas, de nueva creación, durante el periodo de exploración
  4. Instituciones de asistencia privada sin propósitos de lucro
  5. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia
  6. Empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al ISR no mayor a $300,000.00

Los trabajadores sin derecho a la PTU son los siguientes:

  1. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades
  2. Trabajadores domésticos
  3. Profesionistas que presten servicios independientes a una empresa
  4. Los socios o accionistas de una empresa no son considerados trabajadores por no tener una relación subordinada con respecto al patrón, aunque pueden llegar a ser trabajadores también.
  5. Tampoco los asimilados tienen derecho a la PTU

El tope salarial para los empleados de confianza será la cuota diaria del trabajador sindicalizado o de planta de más alto salario, incrementado en un 20%.

Los trabajadores con derecho a la PTU son:

  1. Trabajadores de planta, ya sea por periodo indeterminado, determinado u por obra determinada (por cualquier periodo laborado)
  2. Trabajadores eventuales cuando hayan laborado cuando menos 60 días durante el año
  3. Trabajadores de confianza
  4. Los ex empleados si son de confianza no importan los días laborados y para los eventuales que laboraron mínimo 60 días.

Días que no se consideran para el cálculo de la PTU:

  1. Permisos, ya sean con o sin goce de sueldo
  2. Incapacidades por enfermedad general
  3. Ausencias injustificadas

El derecho a la PTU queda señalado en el artículo 123 de la CPEUM en su apartado A, fracción IX, inciso e).

No olvidemos qué si los trabajadores no están de acuerdo con la declaración del ISR que presente el patrón ante la SHCP, tienen el derecho de formular objeciones de acuerdo al artículo 121 de la LFT, para lo cual tienen 30 días.

Recordemos que la PTU no cobrada por los trabajadores en el ejercicio anterior debe sumarse a la PTU de 2016 para distribuirse en mayo de 2017.

Considero que la PTU de 2015 que debió distribuirse en 2016 aún no prescribe ya que debe transcurrir un año, y los trabajadores pueden hacer efectivo este derecho entre mayo 2016 y mayo de 2017. Suscríbase a nuestra nueva pagina web: http://www.ifaconsultores.com/ para recibir directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes vía inbox o directamente al autor. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autora:
  • CP Y MI BETYNA LOPEZ
  • Profesionista Independiente
  • Conductora del Programa de Redes Sociales en argoscursa.radio
  • Creadora del grupo en Facebook de Contadores, Abogados y Estudiantes interactuando

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Publicado por en 19 marzo, 2017 en Sin categoría

 

Curso Cancún 24 de Marzo de 2017. ¡Este evento incluye formato de agravios que anularan las multas por no enviar la Contabilidad Electrónica!

Curso Cancún 24 de Marzo de 2017. ¡Este evento incluye formato de agravios que anularan las multas por no enviar la Contabilidad Electrónica!

 

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Le extiende la presente invitación su servidor Lic. Enrique Chavero Flores.

 

  • “ Todas las personas de éxito que conozco son aprendices de por vida…
  • buscando nuevas habilidades, ideas e inventos. Si ellos no están aprendiendo,
  • no están creciendo… no se están moviendo hacia la excelencia.”
    Dennis Waitley.

Curso Fiscal Denominado “Defensa Fiscal para Contadores de Malas Practicas y/o Practicas Abusivas de las Autoridades Fiscales”, este 24 de Marzo de 2017 en Cancún. En el que entre otros puntos que tocaremos, le proporcionaremos agravios para impugnar las multas que se impongan por el no envió de la contabilidad electrónica (pero no solo eso, durante todo 2017, al asistente al curso que sea contador, se le proporcionara asesoría completamente gratuita para impugnar este tipo de actos).

Temario y Expositor:

1.- Que es una mala práctica de la autoridad fiscal.

2.- Importancia de conocer e identificar una mala práctica de la autoridad fiscal.

3.- Jerarquía de Leyes, Facultades Regladas y Discrecionales de la Autoridad Fiscal, como método de identificación de malas prácticas fiscales.

4.- Malas prácticas frecuentes:

  • a).- Omisión de Pruebas dentro de facultades de comprobación
  • b).- Cancelación de CSD.
  • c).- Imposición de Multas Ilegales, (etc).

(Análisis a fondo de los Principios Tributarios de Legalidad, Seguridad Jurídica, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente LFDC).

 

5.- El papel que debe desempeñar el CP frente a las a las malas prácticas de la autoridad fiscal. (Que hacer y cómo debe actuar).

6.- Defensa Fiscal de malas prácticas de las autoridades fiscales.

  • a).- Modelo de Agravios contra imposición de multas E-Conta. (El asistente contador contara de nuestra parte con asesoría gratuita durante todo 2017, para atender estos actos y obtener su nulidad en Tribunales.)
  • b).- Defensa Fiscal contra cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD).
  • c).- Defensa Fiscal contra el articulo 69-B del CFF “Operaciones Simuladas o Inexistentes”. (Incluye análisis de sentencias del mes de febrero de 2017 que obtuvimos al impugnar este tipo actos).

 

7.- Recomendaciones Finales.

EXPOSITOR: LIC. ENRIQUE CHAVERO FLORES (México, D.F.). Especialista en Defensa Fiscal, Administrativo y Amparos/ Articulista para diversas revistas prestigiosas en el ámbito fiscal, Conferencista, Expositor y Capacitador a nivel nacional en diversos foros públicos y privados, así como en Colegios y Asociaciones de Contadores Públicos / Socio Director y CEO en IFA S.C. Asesoría y Capacitación Fiscal.

Si esta interesado, solicite mayores datos en los siguientes teléfonos:

Informes y Reservaciones:
Lic. Alma Delia Rueda Ramos
Teléfonos:
01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93
Cels. 22 21 72 46 17
WhatsApp: 2221724617

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Publicado por en 16 marzo, 2017 en Sin categoría

 

Mis secretos en Recurso de Revocación vs Actos Desconocidos, Litis Abierta.

Mis secretos en Recurso de Revocación vs Actos Desconocidos, Litis Abierta.

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Acompáñenos en CANCÚN a nuestro curso este 24 de Marzo de 2017 inscribase llamando al (01 222 6 39 54 32 y 01 222 6 05 18 93)

Publicado: 12 de Marzo de 2017.

 

Como introducción al presente artículo diré que las resoluciones administrativas dictadas en materia fiscal que agravian legítimos intereses de los particulares en calidad de contribuyentes sean Personas Físicas o Personas Morales, pueden ser impugnadas para reestablecer el orden jurídico violado, con los medios previstos y regulados por las leyes y las autoridades.

Uno de ellos es el recurso administrativo de revocación, contemplado en el Articulo 116 del Código Fiscal de la Federación. El cual dispone:

Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación.

Por su parte el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, establece que el recurso de revocación procederá contra:

I.-        Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que:

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.

c) Dicten las autoridades aduaneras.

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código.

II.-       Los actos de autoridades fiscales federales que:

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código.

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley.

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código.

d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este Código.

En este mismo sentido el diverso artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, establece que el recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala.

Por último los artículos 120 y 125 del Código Fiscal de la Federación, disponen que la interposición del recurso de revocación, será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.

Artículo 125.- El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

No obstante la posibilidad que nos da los artículos 120 y 125 del Código Fiscal de la Federación, al hacer optativa la interposición del Recurso de Revocación o en su defecto interponer Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso de revocación continúa siendo un recurso administrativo utilizado frecuentemente para combatir actos de autoridad que se estimen ilegales. Ya sea por estrategia en la defensa fiscal o por sacarle provecho a algunas de las ventajas que este ofrece, una de estas por citar un ejemplo la encontramos en el artículo 144 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, que nos da la posibilidad de hacer valer ese medio de defensa, sin estar obligado a garantizar el interés fiscal mientras este se encuentre en trámite, circunstancia que no ocurre si se interpone un juicio de nulidad, ya que en aquel juicio se tiene la obligación de garantizar al momento de impugnar una resolución el crédito fiscal, se transcribe el citado artículo en la parte que nos interesa:

Artículo 144. …

2do. Párrafo: Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación previsto en este Código, los recursos de inconformidad previstos en los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o, en su caso, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa señalados en el presente artículo.

Sentado lo anterior, señalo que “con la entrada en vigor del Código Fiscal de la Federación para el 2014, el 1° de enero del mismo año”, fue derogado el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, el cual establecía el procedimiento para que el contribuyente pudiera impugnar dentro del recurso de revocación, resoluciones que no le fueron notificadas o que lo fueron ilegalmente, es decir lo que hoy se conoce como “Actos Desconocidos”, que son todas aquellas actuaciones o parte de ellas, que en el ejercicio de sus facultades, la autoridad emite y que al no haber sido notificadas o que lo fueron ilegalmente, “se presume que el contribuyente las desconoce”.

Para ello el contribuyente tenía que indicar en cuál de los siguientes dos supuestos se encontraba:

                   Cuando se afirmaba conocer el acto (Fracción I):

I.- Si el particular afirmaba conocer el acto, la impugnación de su notificación se hacía valer mediante la interposición del recurso de revocación, manifestando la fecha en que se conoció aquél; en caso de que también se impugnara el acto administrativo, los agravios se expresaban en el citado recurso conjuntamente con los que se formularan contra la notificación.

                   Cuando se negaba conocer el acto (Fracción II):

  1. Si se negaba conocer el acto, se aducía tal circunstancia en el recurso y la autoridad daba a conocer dicho acto junto con la notificación que del mismo hubiere practicado. El recurrente contaba con un plazo de veinte días, a partir del día hábil siguiente a aquel en que la autoridad se los hubiere dado a conocer, para ampliar el recurso, impugnando el acto y su notificación, o sólo esta última.

De tal suerte que si señalábamos que nos encontrábamos en el supuesto de la fracción II, al negar conocer el acto reclamado la autoridad tenía la obligación de darnos a conocer dicho acto junto a su notificación y se nos concedía un plazo de 20 días para hacer valer agravios en su contra y la de su notificación, pero al ser derogado el artículo (129 del CFF), a partir del 1º de enero de 2014, se dejó a los contribuyentes sin procedimiento en sede administrativa para impugnar resoluciones que no les fueron notificadas o que lo fueron ilegalmente, vulnerando su garantía de audiencia, así como los principios de seguridad y certeza jurídica. Ya que el ejecutivo federal privo a la autoridad de las reglas aplicables dentro del recurso de revocación, con base en las cuales se pueda dar a conocer al afectado la notificación del acto, el acto mismo, o bien, ambos, pero sobretodo deja en estado de indefensión a los pagadores de impuestos como consecuencia de esta ausencia de la regulación respectiva, coartando con ello su derecho a un efectivo acceso a la justicia, derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional. Toda vez que el desconocimiento del acto imposibilita el recurrente para expresar agravios en su contra, así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente criterio:

Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 81/2009, correspondiente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009. Página: 293, que establece lo siguiente: “AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE SÓLO SI EL PARTICULAR SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El otorgamiento del plazo adicional de 20 días para ampliar el recurso citado únicamente opera en el supuesto en que el particular se encuentre en el caso de la fracción II de este numeral, esto es, cuando niegue conocer el acto, en virtud de que tal desconocimiento lo imposibilita jurídicamente para expresar agravios en su contra. Por tanto, cuando aquél manifieste que el acto administrativo no le fue notificado, o que lo fue ilegalmente, pero afirme conocerlo, no procede otorgar el plazo para ampliar el recurso de revocación, pues está en aptitud de hacer valer agravios para combatir la ilegalidad del acto administrativo. Lo anterior es así, ya que conforme a la fracción IV del citado artículo 129, la fecha en que se manifieste conocer el acto es relevante para efectos de su oportunidad, mas no para tener el derecho de ampliar el recurso de revocación.”

Énfasis añadido

Y las consecuencias ya se comienzan a notar en criterios emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como se ve a continuación:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VII-CASR-8ME-38

RECURSO DE REVOCACIÓN, RESULTA IMPROCEDENTE SU INTERPOSICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EN VIRTUD DE QUE TAL ARTÍCULO FUE DEROGADO A TRAVÉS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013.- A partir del 1° de enero de 2014, el Legislador Federal derogó la Sección Segunda denominada “De la Impugnación de las Notificaciones”, del Título Quinto del Código Fiscal de la Federación, en la cual se encontraba contenido el artículo 129, mismo que preveía que cuando en el recurso de revocación, el particular manifestara que el acto administrativo recurrido no le fue notificado o que lo fue ilegalmente, este podía formular la impugnación en contra de la notificación en el propio recurso administrativo, si afirmaba conocer el acto administrativo, y si negaba conocer el acto recurrido, manifestaría tal desconocimiento en el propio recurso, a fin de que la autoridad se lo diera a conocer, junto con la notificación que del mismo se hubiese practicado, además la autoridad le concedería al particular un plazo de veinte días, para ampliar el recurso administrativo, en el que debería impugnar el acto y su notificación; ahora bien al haber sido derogado tal precepto legal, resulta improcedente que a partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes pretendan promover un recurso administrativo en términos del artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, manifestando desconocer el crédito que pretenden recurrir y soliciten se les dé a conocer tal acto, para estar en condiciones de ampliar el medio de defensa, pues se pretende su tramitación conforme a una disposición que ya no existe a la vida jurídica, de ahí que resulte legal que la autoridad declare improcedente tal medio de defensa, en virtud de que el Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1° de enero de 2014, no prevé la impugnación de las notificaciones de los actos recurridos en la instancia administrativa.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13642/14-17-08-1.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de enero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria Lazo Castillo.- Secretario: Lic. Jorge Ulises Sánchez Onofre.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 47. Junio 2015. p. 270

Ahora bien con la finalidad de evitar cualquier contratiempo en su interposición, es importante destacar estimado lector, que al elegir este medio de impugnación debe tener en cuenta que su trámite se ha vuelto técnico y complejo, de tal suerte que de interponerlo debe poner especial cuidado en los agravios que haga valer y las pruebas que acompañe, ya que a la falta de procedimiento para dar a conocer los actos desconocidos al contribuyente dentro de dicho recurso, se le suma el criterio que limita la Litis Abierta a ciertos casos, específicamente en el mes de Julio de 2013, la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, dicto la jurisprudencia numero 2a./J. 73/2013 (10a.), que así lo indica, la cual es de texto y rubro siguiente:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)]. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.

Contradicción de tesis 528/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 73/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.

Nota:

La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 528/2012, por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio sostenido por la propia Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de rubro: “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.”, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223.

De ahí que si pretende alegar actos desconocidos deberá invocar en sus agravios argumentos tendientes a atacarlos adecuadamente, por lo que deberá observar en todo momento dos aspectos sacramentales primero sus argumentos de defensa deben señalar que si bien el articulo 129 multicitado fue derogado subsiste la obligación de la autoridad de dárselos a conocer dentro del recurso administrativo, lo anterior por interpretación teológica del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, que conlleva a determinar que sigue vigente el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la garantía de defensa del contribuyente de darle a conocer el acto desconocido y sus constancias de notificación, robustece mi argumento el siguiente criterio que le cito en su literalidad:

CRITERIO JURISDICCIONAL 18/2016 (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 29/04/2016)

RECURSO DE REVOCACION. PREVALECE LA OBLIGACION DE LA AUTORIDAD FISCAL DE DAR A CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO Y SUS CONSTANCIAS DE NOTIFICACION, CUANDO SE MANIFIESTE SU DESCONOCIMIENTO. Si bien el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación en su texto actual no señala expresamente que si un contribuyente en sede administrativa niega conocer el acto impugnado, las autoridades fiscales están obligadas a hacerlo de su conocimiento para que este pueda controvertir sus motivos y fundamentos, así como su notificación; cierto es que, la interpretación teleológica de dicho precepto conlleva a determinar que sigue vigente el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la garantía de defensa del contribuyente de darle a conocer el acto desconocido y sus constancias de notificación. Lo anterior, ya que a criterio del Órgano Jurisdiccional es ilegal que la autoridad, en sede administrativa, haya tenido por no interpuesto el Recurso de Revocación, por considerar que en el Código Fiscal de la Federación, no existe precepto legal que la obligue a actuar de esa forma, ya que si bien, el artículo 129 de dicho ordenamiento fue derogado mediante “Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013; ello no implicó la desaparición de tal deber ni un retroceso en el avance de los derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico mexicano; por ende, de no cumplir con tal obligación, el actuar de la autoridad resulta ilegal y procede su nulidad para efectos de dar a conocer al contribuyente el acto que fue desconocido y sus constancias de notificación.

Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.2015. Sentencia firme.

Segundo, en un diverso agravio, que busca llenar este vacío legal dejado por el ejecutivo federal dentro del Código Fiscal de la Federación, debe tenerse en cuenta que por disposición expresa del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales gozan de presunción de validez. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. Se transcribe el artículo en cita:

Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

Es decir en materia fiscal la negativa lisa y llana formulada por el recurrente, destruye la presunción de legalidad de que gozan los actos de autoridad y le arroja la carga de la prueba a la autoridad demandada a fin de que pruebe los hechos en que apoya la emisión de los mismos. Apoya el anterior razonamiento los siguientes criterios de sala:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-TASR-VIII-2054

ACTOS DE LA AUTORIDAD. CORRESPONDE A ÉSTA LA CARGA DE LA PRUEBA ANTE LA NEGATIVA LISALLANA DE LA ACTORA.- Ante la negativa lisa y llana de la actora, sobre la existencia y legalidad de los actos de la autoridad, la carga de la prueba corresponde a esta última, quien deberá demostrar su existencia y notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, ante el silencio u omisión de la autoridad para rendir su contestación a la demanda, en términos de lo establecido en el artículo 212 del Código Tributario, se tienen por ciertos los mismos, con lo que se destruye la presunción de legalidad que otorga el precepto legal citado en primer término. (8)

Juicio No. 6940/05-05-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de marzo de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. Everardo Tirado Quijada.

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 68. Agosto 2006. p. 279

III-TASS-1713

NEGATIVA LISA Y LLANA.- CARGA DE LA PRUEBA.- Conforme a lo previsto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, ante la negativa opuesta por la demandante, la carga de la prueba recae en la autoridad demandada, siguiéndose que para el caso de que alguna de las constancias en las que se contengan las determinaciones de ésta, como en la especie la reclasificación y el aumento en el grado de riesgo y prima, se apoyen en actuaciones diversas como acuerdos y visitas de verificación, dichas constancias no son suficientes para demostrar estos extremos, puesto que son negados por la actora; de ahí que la autoridad demandada deba exhibir esas actuaciones en las que apoya sus determinaciones por tener precisamente la carga de la prueba.(61)

Revisión No. 1782/87.- Resuelta en sesión de 23 de mayo de 1990, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretario: Lic. Mario Meléndez Aguilera.

EN EL MISMO SENTIDO:

Revisión No. 1925/87.- Resuelta en sesión de 24 de mayo de 1990, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretario: Lic. Mario Meléndez Aguilera.

R.T.F.F. Tercera Epoca. Año III. No. 29. Mayo 1990. p. 46

II-TASS-8859

NEGATIVA LISA Y LLANA.- SUS EFECTOS.- Conforme al Artículo 68 del Código Fiscal de la Federación en vigor cuando el actor niegue lisa y llanamente un hecho traslada la carga de la prueba a la autoridad, pero si ésta al producir su contestación exhibe como pruebas documentos que acreditan la existencia del hecho negado, corresponde al actor desvirtuar esos documentos, por lo que si no lo hace subsiste la presunción de legalidad de los mismos, sin que la negativa formulada en principio tenga ya ningún efecto.(3)

Revisión No. 337/85.- Resuelta en sesión de 2 de junio de 1986, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- Secretaria: Lic. Ma. de Jésus Herrera Martínez.

R.T.F.F. Segunda Epoca. Año VII. No. 78. Febrero 1986. p. 1160

Por otra parte, hoy más que nunca debe recordarse que los “Actos Desconocidos”, al haber sido emitidos por la autoridad en el ejercicio de la potestad que la ley les confiere”, no son otra cosa más que “pruebas documentales públicas”. Para corroborarlo basta atender que la palabra prueba documental, proviene del latín “documentum” que significa: Escrito en el que se hace constar algo. Y el carácter de Público se lo da, el haber sido  autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia y con la solemnidad prescrita en la ley.

Atendiendo a la anterior definición, debemos observar que el artículo 123 del Código Fiscal Federal, se ocupa de señalar los documentos que debemos acompañar al escrito en que se interponga el recurso de revocación, la Fracción IV del citado artículo menciona que de entre los documentos que deberemos acompañar se encuentran “Las pruebas documentales que se ofrezcan”, mientras que el Párrafo Tercero de la Fracción IV del artículo 123 del Código Fiscal Federal, atiende el lineamiento que debemos seguir cuando las pruebas documentales no obren en nuestro poder o no hubiéramos podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a nuestra disposición y por último el Párrafo Cuarto de la Fracción IV del artículo 123 del Código Fiscal Federal, se ocupa de establecer que la autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas. Se transcribe el artículo que se analiza, en la parte que nos interesa:

Artículo 123.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:

  1. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.

Párrafo Tercero: Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos.

Párrafo Cuarto: La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.

Ahora bien de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 68 y 123 Fracción IV, Párrafos Tercero y Cuarto del Código Fiscal Federal, arribamos a la conclusión que en materia fiscal “Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se estiman legales. Sin embargo, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, destruye esa presunción de legalidad que gozan los actos de autoridad y le arroja la carga de la prueba a la autoridad a fin, de que pruebe los hechos en que apoya la emisión de los mismos, pero para lograrlo resulta por si sola insuficiente la mención niego lisa y llanamente conocer tal o cual acto, y pretender fundar tal negativa en el citado artículo, sino que además, resulta indispensable tener el cuidado de ofrecer y desahogar pruebas de nuestra parte, observando lo que dispone el artículo 123 Fracción IV Párrafos Tercero y Cuarto del Código Fiscal Federal, haciéndolo de las siguientes 2 formas: 1).- Si no se hubiere podido obtener no obstante de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a nuestra disposición, se deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Debiendo identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos y 2).- La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.

 

Hasta lo aquí expuesto estimado lector, hemos propuesto que en los agravios que hagan valer en la actualidad en sede administrativa dentro del recurso de revocación, debe suprimir toda argumentación y cita del articulo 129 en sus Fracciones I y II del Código Fiscal Federal, por encontrarse derogado desde el 31 de diciembre del 2013, sustituyéndolo por agravios que se funden en el artículo 68 del citado Código, atendiendo que, en su capítulo de pruebas debe ser cuidadoso de que estas se ofrezcan observando lo preceptuado en el diverso artículo 123 Fracción IV Párrafos Tercero y Cuarto del Código Fiscal Federal, para que de esta manera la autoridad que emitió ese acto desconocido lo aporte al momento de contestar el recurso de revocación, sin embargo seguramente ya advirtió que aún existe un elemento que ha quedado en el aire y este es el concerniente a que la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal Federal derogado, establecía que: El recurrente contaba con un plazo de veinte días, a partir del día hábil siguiente a aquel en que la autoridad le hubiere dado a conocer los actos desconocidos, para ampliar el recurso, impugnando el acto y su notificación, o sólo esta última. Es decir mediante la anterior argumentación propuesta por el suscrito aún no se alcanza a cubrir de qué forma y en qué término puedo esgrimir agravios contra esos actos desconocidos que serán aportados mediante el presente análisis propuesto.

 

La solución a ese problema la encontramos en el artículo 130 del Código Fiscal Federal, el cual se encarga de señalar el trámite que habrá de seguir el recurso de revocación, destacando que en él se admitirán toda clase de pruebas, para luego en su Párrafo Noveno, señalar que para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal. Se transcribe el artículo que se analiza, en la parte que nos interesa:

Artículo 130.- En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

 

Párrafo Noveno: Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Capítulo.

Reforzando esta fundamentación, en lo preceptuado en el artículo 5 Primer Párrafo del Código Fiscal Federal, que señala que a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Se transcribe el artículo que se analiza, en la parte que nos interesa:

Artículo 5o.-…

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.

De ahí que se jurídicamente factible invocar en nuestros agravios la cita del artículo 16 Fracción I y II y 17 Fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de manera supletoria, quienes son los que contemplan el procedimiento para impugnar los actos desconocidos, Se transcriben los artículos que se analizan, en la parte que nos interesa:

ARTÍCULO 16.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:

  1. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.

 

  1. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.

ARTÍCULO 17.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

III. En los casos previstos en el artículo anterior.

Como abra podido darse cuenta estimado lector, mediante esta fundamentación y adecuándola a una adecuada argumentación colocamos nuevamente a la autoridad con la obligación de darnos a conocer los actos que señalamos desconocer y desde luego ante la obligación procesal de probar los hechos en que motivo sus actos o resoluciones cuando los afectados los niega lisa y llanamente. Como siempre mi recomendación final es que se ponga en manos de un experto para hacer valer este medio de defensa, ya que como se vio, su interposición se volvió técnica y compleja, de ahí que deba ser hecho valer con la pericia que la importancia del caso lo amerita, de ahí que nos ponemos a sus órdenes para este tipo de servicios. Suscríbase a nuestra nueva pagina web: http://www.ifaconsultores.com/ para recibir directamente a su correo la información que generamos, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes vía inbox o directamente al autor. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
  • Socio Director de Inteligencia Fiscal Aplicada S.C.
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Publicado por en 16 marzo, 2017 en Sin categoría

 

¡Cumpla o no, al 30 de abril de 2017 con regularizar él envió de la Contabilidad Electrónica! Las multas por el ejercicio del 2015 y Enero a Octubre de 2016, que le impongan, serán improcedentes.

¡Cumpla o no, al 30 de abril de 2017 con regularizar él envió de la Contabilidad Electrónica! Las multas por el ejercicio del 2015 y Enero a Octubre de 2016, que le impongan, serán improcedentes.

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Acompáñenos en CANCÚN a nuestro curso este 24 de Marzo de 2017 inscribase llamando al (01 222 6 39 54 32 y 01 222 6 05 18 93)

Publicado: 12 de Marzo de 2017.

  • La sabiduría es un tesoro que
  • nunca causa entorpecimientos.
  • Jean de la Fontaine.

Conforme el tema de la contabilidad electrónica ha venido evolucionando, me he dado a la tarea de escribir los análisis correspondientes con la finalidad de mantenerlo informado para dotarlo de elementos para la adecuada toma de decisiones sobre el tópico, no obstante en esta ocasión he decidido concentrar todos ellos en este pequeño artículo para facilitar su lectura.

Al día de hoy, tenemos que vía RMF-2017 y su anexo 19, publicada en el DOF el pasado 23 de diciembre de 2016, el SAT incluyo en el Transitorio Trigésimo Quinto, “que los contribuyentes obligados a llevar y enviar su contabilidad por medios electrónicos que se han mantenido omisos al 1° de enero de 2017, por él periodo comprendido del 1° de enero de 2015 al 31 de octubre de 2016,, podrán regularizar él envió a más tardar el 30 de abril del 2017. (Prorroga Definitiva)

El motivo de este nuevo plazo (prorroga definitiva), obedece a dos razones fundamentales la primera corresponde al hecho que el CFF en 2014 y 2015 no incluyo infracción (conducta ) y sanción (Monto), que se le pueda imponer al contribuyente que del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, (dicha infracción y sanción se incluyó en el CFF hasta el 2016), que no haya enviado su contabilidad electrónica dentro de los plazos que se señalan, la segunda se deriva de que fue precisamente en el mes de octubre de 2016, que se dictó un criterio de jurisprudencia que declara inconstitucional el anexo 24 de la RMF 2015, y atendiendo al principio general de derecho que reza que lo accesorio corre la suerte de lo principal, las multas resultaran ilegales, al ser accesorias de la obligación principal (enviar la contabilidad conforme al anexo 24 de RMF 2015).

Si desea analizar más a fondo los elementos que aquí le expongo le recomiendo dar lectura a los artículos de mi autoría previos que escribí a los que puede acceder en los siguientes enlaces: https://blogifa.wordpress.com/2016/06/01/nulidad-lisa-y-llana-de-multas-fiscales-al-no-actualizase-la-conducta-desplegada-con-la-sancion-impuesta/ y https://blogifa.wordpress.com/2017/01/20/contabilidad-electronica-el-sat-da-un-ultimo-plazo-para-enviarla-despues-de-eso-no-podra-evitar-ser-multado/.

Desde luego el tema es relevante ya que el Administrador General de Auditoría Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha señalado en entrevistas concedidas a los medios de información que al mes de agosto de 2016, “los contribuyentes que continúan sin cumplir con la obligación de llevar y enviar su contabilidad por medios electrónicos alcanza la cifra de un 92.7%, por lo que al marguen de que velemos por el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, con toda certeza en algún punto nos colocaremos en la situación de tener muy próxima la fecha de la prorroga que fue concedida al 30 de abril del 2017, para regularizar al contribuyente omiso, o definitivamente haya vencido dicho plazo, de ahí que estimado lector que por las razones que aquí le comento, puede tener usted la certeza de que cualquier multa que se le imponga resultaría ilegal.

Recuerde que las multas por el incumplimiento de esta nueva obligación las tipifica el l artículo 81, fracción XLI del Código Fiscal de la Federación, que estable infracción en los siguientes siguientes casos: a).- No ingresar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria estando obligado a ello; b).- Ingresarla fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales; c).- No ingresarla de conformidad con las reglas de carácter general previstas en el artículo 28, fracción IV del Código; d).- Ingresarla con alteraciones que impidan su lectura y, e).- Ingresarla a requerimiento de la autoridad y el monto al que pueden ascender señala el diverso artículo 82, fracción XXXVII del Código Fiscal de la Federación, resulta la cantidad que poder ir de $5,000.00 a $15,000.00, por cada una de las obligaciones que se omitan, contenidas en la fracción XLI del artículo 81 del mismo Código.

Sabedor de lo anterior, los asistentes a los cursos que estamos impartiendo el próximo en la Ciudad de Cancún el 24 de Marzo de 2017, les estamos proporcionando el formato para que puedan combatir de forma exitosa la imposición de estas multas, (pero no solo eso, si el asistente es contador durante todo 2017, le proporcionamos asesoría personalizada sin costo adicional para que pueda anularlas sin ningún costo adicional).

De ahí que le recomiende de encontrarse cerca de las ciudades en las que impartiremos curso, se inscriba para asistir, manténgase al tanto de nuestras fechas de cursos en nuestra página de facebook. “Incluso usted aun tiene la posibilidad de promover amparo contra esta nueva obligación, para quedar eximido de enviar la contabilidad por medios electrónicos y evitar se le practiquen revisiones electrónicas”.  Suscríbase a nuestro blog para recibir directamente a su correo la información que generamos https://blogifa.wordpress.com/, también puede dar me gusta a nuestra página Facebook  Inteligencia Fiscal Aplicada Sc. “Entre aquí” consultas y asesoría sobre el tema pueden realizarse en nuestras redes vía inbox o directamente al autor. Síganos y esté al tanto de la información que generamos para usted.

  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Publicado por en 12 marzo, 2017 en Sin categoría

 

Curso “Cancún” 24 de Marzo de 2017. “Defensa Fiscal de Malas Practicas y/o Practicas Abusivas de las Autoridades Fiscales” ¡Este evento incluye formato de agravios que anularan las multas por no enviar la Contabilidad Electrónica 2015 y 2016!

Curso “Cancún” 24 de Marzo de 2017. “Defensa Fiscal de Malas Practicas y/o Practicas Abusivas de las Autoridades Fiscales” ¡Este evento incluye formato de agravios que anularan las multas por no enviar la Contabilidad Electrónica 2015 y 2016!

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  • “ Todas las personas de éxito que conozco son aprendices de por vida…
  • buscando nuevas habilidades, ideas e inventos. Si ellos no están aprendiendo,
  • no están creciendo… no se están moviendo hacia la excelencia.”
    Dennis Waitley.

Curso Fiscal Denominado “Defensa Fiscal de Malas Practicas y/o Practicas Abusivas de las Autoridades Fiscales”, este 24 de Marzo de 2017 en Cancun. En el que entre otros puntos que tocaremos, le proporcionaremos agravios para impugnar las multas que se impongan por el no envió de la contabilidad electrónica 2015 y 2016 (pero no solo eso, durante todo 2017, al asistente al curso que sea contador, se le proporcionara asesoría completamente gratuita para impugnar este tipo de actos).

Temario y Expositor:

1.- Que es una mala práctica de la autoridad fiscal.

2.- Importancia de conocer e identificar una mala práctica de la autoridad fiscal.

3.- Jerarquía de Leyes, Facultades Regladas y Discrecionales de la Autoridad Fiscal, como método de identificación de malas prácticas fiscales.

4.- Malas prácticas frecuentes:

  • a).- Omisión de Pruebas dentro de facultades de comprobación
  • b).- Cancelación de CSD.
  • c).- Imposición de Multas Ilegales, (etc).

(Análisis a fondo de los Principios Tributarios de Legalidad, Seguridad Jurídica, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente LFDC).

 

5.- El papel que debe desempeñar el CP frente a las a las malas prácticas de la autoridad fiscal. (Que hacer y cómo debe actuar).

6.- Defensa Fiscal de malas prácticas de las autoridades fiscales.

  • a).- Modelo de Agravios contra imposición de multas E-Conta 2015 y 2016. (El asistente contador contara de nuestra parte con asesoría gratuita durante todo 2017, para atender estos actos y obtener su nulidad en Tribunales.)
  • b).- Defensa Fiscal contra cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD).
  • c).- Defensa Fiscal contra el articulo 69-B del CFF “Operaciones Simuladas o Inexistentes”. (Incluye análisis de sentencias del mes de febrero de 2017 que obtuvimos al impugnar este tipo actos).

 

7.- Recomendaciones Finales.

EXPOSITOR: LIC. ENRIQUE CHAVERO FLORES (México, D.F.). Especialista en Defensa Fiscal, Administrativo y Amparos/ Articulista para diversas revistas prestigiosas en el ámbito fiscal, Conferencista, Expositor y Capacitador a nivel nacional en diversos foros públicos y privados, así como en Colegios y Asociaciones de Contadores Públicos / Socio Director y CEO en IFA S.C. Asesoría y Capacitación Fiscal.

 

Si esta interesado, solicite mayores datos en los siguientes teléfonos:

Informes y Reservaciones:
Lic. Alma Delia Rueda Ramos
Teléfonos:
01 222 6 39 54 42 y 01 222 6 05 18 93
Cels. 22 21 72 46 17
WhatsApp: 2221724617

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Somos #InteligenciaFiscalAplicada.

 
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Publicado por en 12 marzo, 2017 en Sin categoría

 

¡¡DEDUCIR LA GASOLINA EN 3 PASOS!!

¡¡DEDUCIR LA GASOLINA EN 3 PASOS!!

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Acompáñenos en CANCÚN a nuestro curso este 24 de Marzo de 2017 inscribase llamando al (01 222 6 39 54 32 y 01 222 6 05 18 93)

 

Empezaremos diciendo que la distracción en  los incrementos en la gasolina denominados “gasolinazos” fue el distractor más grande en su momento, así mismo, ocasiono contradicciones impresionantes ya que enero de 2017 fue el mes en que más vehículos se vendieron. Sin embargo, lo que nos ocupa es tener la certeza de la realidad de que indiscutiblemente es un aumento en cascada en todos los artículos y servicios de tal suerte tenemos que considerar lo siguiente:

1.- REALIDAD.- tenemos un promedio de incremento hasta el mes de febrero de un 20% tanto para la gasolina como diésel

2.- ADMINISTRAR.- En el tema que nos ocupa y siempre nos ha interesado en cuidar el patrimonio de las empresas y empresarios y Ahora!!  Más que nunca este insumo, que es fundamental para movilizar las empresas tanto por sus vehículos, maquinarias y equipos, se sugiere tomar las medidas necesarias para administrar correctamente este vital líquido.

3.- LA DEDUCCION CORRECTA.- Iniciare  con el fundamento legal: Artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Que a la letra dice:

Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que
  2. los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante

1) transferencia Electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México;

  • cheque nominativo de la cuenta del contribuyente
  • tarjeta de crédito
  • tarjeta de débito
  • tarjeta de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de $2,000.00.

(Sigue el párrafo diciendo) Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros.

Si observamos nunca menciona el pago en efectivo, sin embargo el párrafo anterior nos da la facultad de hacer valer esta opción.

Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión “para abono en cuenta del beneficiario”.

4.- EN RESUMEN: son 3 pasos

PRIMERO.-  FORMAS DE PAGO AUTORIZADAS

  1. Vales
  2. Transferencias
  3. Efectivo
  4. Cheque nominativo
  5. Tarjeta de debito
  6. Tarjeta de Crédito
  7. Tarjeta de servicios o monederos electrónicos

SEGUNDO.-  CFDI (factura electrónica y/o comprobante fiscal digital

  1. Obtener un CDFI por concepto de combustibles

TERCERO.- registrar perfectamente en contabilidad

  1. Debe estar registrado en contabilidad para ser deducible.

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  • Autor: CP, LD  NANCY MARTINEZ SANCHEZ
  • Maestrante en Impuestos
  • Profesionista Independiente
  • Conductora del Programa de Radio: La hora de las Contadoras, un punto de vista femenino en Argos Cursa Radio.

 

 
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Publicado por en 5 marzo, 2017 en Sin categoría

 

Criterios No Vinculativos, emitidos por el SAT, no existe obligación del contribuyente de acatarlos.

Criterios No Vinculativos, emitidos por el SAT, no existe obligación del contribuyente de acatarlos.

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Acompáñenos en CDMX a nuestro curso este 3 de Marzo de 2017 inscribase llamando al (01 222 6 39 54 32 y 01 222 6 05 18 93)

De conformidad con los artículos 33, fracción I, inciso h) y penúltimo párrafo y 35 del Código Fiscal de la Federación, los cuales disponen que, para contribuir al cumplimiento de las facultades de las autoridades fiscales, éstas proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y, para ello, entre otras actividades, darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras.

Dichos criterios deben tomarse como una mera interpretación de la autoridad respecto a algún tema de la materia fiscal, (normalmente de los concernientes a planeación fiscal), sin que dicha interpretación tenga carácter de obligatoria para el contribuyente, si no únicamente el SAT establece por su conducto prácticas que a su criterio son indebidas.

Para sustentar lo dicho, se inserta la Tesis: IV.2o.A.130 A (10a.) de la Décima Época, Registro: 2013752, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h, Materia(s): (Común), que es de rubro y texto:

CRITERIO NO VINCULATIVO 27/ISR/NV, CONTENIDO EN EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE ENERO DE ESE AÑO. AL NO SER SUSCEPTIBLE DE GENERAR, POR SÍ, UNA AFECTACIÓN AL PARTICULAR, DADO SU CARÁCTER ORIENTADOR, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA. El criterio mencionado se sustenta en los artículos 33, fracción I, inciso h) y penúltimo párrafo y 35 del Código Fiscal de la Federación, los cuales disponen que, para contribuir al cumplimiento de las facultades de las autoridades fiscales, éstas proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y, para ello, entre otras actividades, darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. Así, como éstos, en general, tienen la finalidad de hacer pública la interpretación de las autoridades respecto de algún tema en esas materias, sin que ello implique obligatoriedad de acatarla, se concluye que, el indicado inicialmente, es un criterio orientador dirigido a los contribuyentes que otorgan previsión social a sus trabajadores en términos del artículo 7, quinto párrafo, en relación con los diversos 93, fracciones VIII y IX y 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de exhortarlos a no otorgar dicho concepto en efectivo o en otros medios equivalentes, porque no podrá ser considerado como un gasto deducible y exento al trabajador, pues su destino no está plenamente identificado, es decir, no impone una obligación a los mencionados contribuyentes, pues solamente los invita a no incurrir en las prácticas indebidas ahí señaladas. En estas condiciones, tal criterio no vinculativo no es susceptible de generar, por sí, una afectación al particular, toda vez que, por su naturaleza, no es obligatorio, ni establece alguna carga a los contribuyentes. Por tanto, aun cuando el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo prevea que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso, es improcedente conceder la medida cautelar contra los efectos y consecuencias del criterio no vinculativo 27/ISR/NV aludido, pues no genera efectos susceptibles de suspenderse.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 71/2016. Silvia Ileana Estrada Muñiz y otros. 25 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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  • Autor: Lic. Enrique Chavero Flores.
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Publicado por en 26 febrero, 2017 en Sin categoría